Exige el PAN al IEPCT que actúe con imparcialidad, sin distingos partidistas
Con quejas infundadas, busca el tricolor “ensuciar” el proceso electoral que aún no comienza, dice
VILLAHERMOSA, TABASCO. 26 DE SEPTIEMBRE DE 2011. Con denuncias y quejas sobre inexistentes violaciones a la ley electoral, el Revolucionario Institucional (PRI) pretende desviar la atención de la opinión pública y “ensuciar” desde ahora un proceso de elecciones que aún no inicia, con tal de inhibir la participación de la ciudadana, principalmente de la gente sin militancia partidista, y que voten solamente las bases “clientelares” priístas, aquellas a las que se les puede comprar el voto, acusó el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Arturo Núñez Jiménez. El tricolor le apuesta únicamente a “garantizar la participación clientelar para que quienes finalmente voten el día de la jornada (electoral) sean principalmente lo que en el PRI llaman sus bases o el voto duro, que no son otra cosa que las conciencias y los votos comprados con el dinero público por quienes desde hace mucho tiempo han convertido las necesidades del pueblo y las legitimas demandas de los servidores públicos, especialmente de los sectores más necesitados, en moneda electoral”, expresó. En rueda de prensa, en la que además rebatió con explicaciones jurídicas la sanción que le pretende imponer el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), consistente en una amonestación pública por actos anticipados de precampaña y campaña y promoción personalizada de un servidor público, a raíz de quejas presentadas por el tricolor, el legislador perredista denunció que el PRI y el gobierno del estado están preocupados por que todas las encuestas ponen en una situación competitiva al PRD y a las fuerzas políticas de izquierda, de ahí que con denuncias se pretende denigrar a opositores. “Tanto al propio PRI como al gobierno del estado le preocupa especialmente que ejercicios de medición para la participación política electoral en Tabasco (cuyos resultados han sido filtrados por los mismos priístas que los contrataron), reportan que el PRD y las fuerzas de izquierda, además de diversos militantes en particular, somos claramente competitivos frente a las diferentes opciones que se consideran entre las preferencias de la ciudadanía” para lo que será la disputa por la gubernatura y otros cargos de elección popular, afirmó el perredista.
Sus argumentos jurídicos
Al referirse al proyecto de resolución presentado por el secretario ejecutivo del IEPCT, Armando Maldonado Acosta, a los consejeros electorales, y el cual se votaría anoche, en el que se proponía amonestarlo públicamente por incurrir en actos anticipados de precampaña y campaña y promoción personalizada de servidor público, tras quejas presentadas por el PRI hace semanas, Núñez Jiménez hizo severas críticas. Denunció la “falta de rigor jurídico y técnico” con el que Maldonado Acosta instruyó el procedimiento, admitió la demanda, “estableció inéditas figuras procésales, manipuló los criterios interpretativos, descontextualizó los argumentos y declaraciones de la defensa, para finalmente, en franco exceso del tiempo que la ley le ordena, someter el proyecto al Consejo Estatal Electoral”. Dentro de la “errática” conducta del secretario ejecutivo está que recibió la demanda del PRI el 14 de julio, se fue de vacaciones del 15 de julio al 31 de agosto y le dio entrada hasta el 3 de agosto; efectuó la audiencia de pruebas y alegatos el 9 de agosto, con lo que violentó los plazos legales. Y es que de acuerdo a la normatividad, la audiencia de pruebas y alegatos debe llevarse a cabo dentro de las 48 horas posteriores a la admisión de la queja, sobre todo porque a este proceso le dio el carácter de procedimiento especial sancionador, señaló. “La ley no establece la suspensión de términos por vacaciones, sino marca los plazos en horas”, remató.
La tardanza para resolver la queja en su contra dio pie para que, a raíz de su informe legislativo, el PRI presentará otra denuncia el 24 de agosto, la cual se integró a la primera, lo que dio pauta para nuevas dilaciones. Además, sin la aprobación de los consejeros, Maldonado Acosta envió al Instituto Federal Electoral (IFE), la parte de lo que él considera violaciones en materia de radio y televisión. Hay una “insuficiencia técnica y operativa del secretario ejecutivo para cumplir sus responsabilidades y explica, en mucho, que la estrategia de la representación del PRI para inundar de denuncias y quejas al IEPCT encuentre excelentes aliados en quien no tiene ni la calidad profesional ni la capacidad técnica para desahogar eficientemente su trabajo, al menos en los tiempos y formas que la ley establece”, sostuvo. Núñez Jiménez acusó que indebidamente Maldonado Acosta le ha atribuido actos anticipados de precampaña y campaña y promoción pública personalizada por el simple hecho de que ante preguntas de los medios de comunicación ha dicho que aspira, llegado el momento, a buscar la candidatura del PRD al gobierno del estado.
Según Maldonado Acosta, dijo el perredista, por haber dicho que aspiro, ya me da la calidad de aspirante. El legislador rebatió que la calidad de aspirante está contenida en la ley sólo dentro del proceso electoral ordinario, en especifico hasta que los partidos políticos informan al IEPCT las reglas de sus procedimientos internos de selección de candidatos. El secretario ejecutivo se equivoca al pensar que cuando alguien dice que aspira a un cargo de elección popular en automático está haciendo llamados a votar por él, atajó. “Mucho menos –añadió Núñez Jiménez- he realizado acciones especificas de promoción de programas de gobierno o plataformas electorales, salvo que, una vez más por la desbocada imaginación de proyectista, se tengan por tales las críticas fundadas que desde hace mucho tiempo, incluso antes de ser senador, he expresado en contra de los males gobernantes que le ha tocado en suerte sufrir al estado de Tabasco”.
En respuesta a los señalamientos de la Secretaría Ejecutiva del IEPCT, de que sus actividades como senador tras haber dicho que aspira a la gubernatura vulneran los principios de equidad, pues aplica los recursos públicos que recibe con parcialidad, el perredista reviró que esa apreciación no tiene fundamento legal. “En ninguna parte del proyecto se aprecia ni mucho menos se demuestra cómo se actualiza la violación cometida al amparo de este párrafo (artículo 134 constitucional); cuales fueron los recursos públicos que estaban bajo la responsabilidad del denunciado; como fueron mal aplicados con parcialidad; y como esa aplicación generó inequidades en la competencia entre los partidos”, agregó. Por el contrario, abundó, “el proyecto se dedica a construir una tesis de abuso de derechos que nada tiene que ver con la norma constitucional”.
También, en el proyecto de resolución la Secretaría Ejecutiva establece que todas las expresiones de Núñez Jiménez en su papel como senador tienen una orientación electoral, escudándose en que como legislador no puede ser reconvenido por sus opiniones. Al respecto, el senador perredista negó tales hechos. “Al contrario, fueron expresiones derivadas de las tareas que como representante popular me corresponde cumplir en aras del derecho a la información que me compete como servidor público”, dijo. Aclaró que las entrevistas que se le han hecho en diversos medios “en ningún momento” ha sido parte de algún programa de comunicación social pagado con recursos públicos. Puntualizó que de ser el caso, apelará la decisión del IEPCT ante los tribunales electorales, como el del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Sus argumentos jurídicos
Al referirse al proyecto de resolución presentado por el secretario ejecutivo del IEPCT, Armando Maldonado Acosta, a los consejeros electorales, y el cual se votaría anoche, en el que se proponía amonestarlo públicamente por incurrir en actos anticipados de precampaña y campaña y promoción personalizada de servidor público, tras quejas presentadas por el PRI hace semanas, Núñez Jiménez hizo severas críticas. Denunció la “falta de rigor jurídico y técnico” con el que Maldonado Acosta instruyó el procedimiento, admitió la demanda, “estableció inéditas figuras procésales, manipuló los criterios interpretativos, descontextualizó los argumentos y declaraciones de la defensa, para finalmente, en franco exceso del tiempo que la ley le ordena, someter el proyecto al Consejo Estatal Electoral”. Dentro de la “errática” conducta del secretario ejecutivo está que recibió la demanda del PRI el 14 de julio, se fue de vacaciones del 15 de julio al 31 de agosto y le dio entrada hasta el 3 de agosto; efectuó la audiencia de pruebas y alegatos el 9 de agosto, con lo que violentó los plazos legales. Y es que de acuerdo a la normatividad, la audiencia de pruebas y alegatos debe llevarse a cabo dentro de las 48 horas posteriores a la admisión de la queja, sobre todo porque a este proceso le dio el carácter de procedimiento especial sancionador, señaló. “La ley no establece la suspensión de términos por vacaciones, sino marca los plazos en horas”, remató.
La tardanza para resolver la queja en su contra dio pie para que, a raíz de su informe legislativo, el PRI presentará otra denuncia el 24 de agosto, la cual se integró a la primera, lo que dio pauta para nuevas dilaciones. Además, sin la aprobación de los consejeros, Maldonado Acosta envió al Instituto Federal Electoral (IFE), la parte de lo que él considera violaciones en materia de radio y televisión. Hay una “insuficiencia técnica y operativa del secretario ejecutivo para cumplir sus responsabilidades y explica, en mucho, que la estrategia de la representación del PRI para inundar de denuncias y quejas al IEPCT encuentre excelentes aliados en quien no tiene ni la calidad profesional ni la capacidad técnica para desahogar eficientemente su trabajo, al menos en los tiempos y formas que la ley establece”, sostuvo. Núñez Jiménez acusó que indebidamente Maldonado Acosta le ha atribuido actos anticipados de precampaña y campaña y promoción pública personalizada por el simple hecho de que ante preguntas de los medios de comunicación ha dicho que aspira, llegado el momento, a buscar la candidatura del PRD al gobierno del estado.
Según Maldonado Acosta, dijo el perredista, por haber dicho que aspiro, ya me da la calidad de aspirante. El legislador rebatió que la calidad de aspirante está contenida en la ley sólo dentro del proceso electoral ordinario, en especifico hasta que los partidos políticos informan al IEPCT las reglas de sus procedimientos internos de selección de candidatos. El secretario ejecutivo se equivoca al pensar que cuando alguien dice que aspira a un cargo de elección popular en automático está haciendo llamados a votar por él, atajó. “Mucho menos –añadió Núñez Jiménez- he realizado acciones especificas de promoción de programas de gobierno o plataformas electorales, salvo que, una vez más por la desbocada imaginación de proyectista, se tengan por tales las críticas fundadas que desde hace mucho tiempo, incluso antes de ser senador, he expresado en contra de los males gobernantes que le ha tocado en suerte sufrir al estado de Tabasco”.
En respuesta a los señalamientos de la Secretaría Ejecutiva del IEPCT, de que sus actividades como senador tras haber dicho que aspira a la gubernatura vulneran los principios de equidad, pues aplica los recursos públicos que recibe con parcialidad, el perredista reviró que esa apreciación no tiene fundamento legal. “En ninguna parte del proyecto se aprecia ni mucho menos se demuestra cómo se actualiza la violación cometida al amparo de este párrafo (artículo 134 constitucional); cuales fueron los recursos públicos que estaban bajo la responsabilidad del denunciado; como fueron mal aplicados con parcialidad; y como esa aplicación generó inequidades en la competencia entre los partidos”, agregó. Por el contrario, abundó, “el proyecto se dedica a construir una tesis de abuso de derechos que nada tiene que ver con la norma constitucional”.
También, en el proyecto de resolución la Secretaría Ejecutiva establece que todas las expresiones de Núñez Jiménez en su papel como senador tienen una orientación electoral, escudándose en que como legislador no puede ser reconvenido por sus opiniones. Al respecto, el senador perredista negó tales hechos. “Al contrario, fueron expresiones derivadas de las tareas que como representante popular me corresponde cumplir en aras del derecho a la información que me compete como servidor público”, dijo. Aclaró que las entrevistas que se le han hecho en diversos medios “en ningún momento” ha sido parte de algún programa de comunicación social pagado con recursos públicos. Puntualizó que de ser el caso, apelará la decisión del IEPCT ante los tribunales electorales, como el del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
