Exige PAN limpia total en IEPCT
VILLAHERMOSA, TABASCO. 04 DE ABRIL DE 2013.- La dirigencia estatal del PAN en la entidad, exigió una limpia total en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), porque en la compra del edificio participaron todos los consejeros, “debe de haber una limpia total, porque no lo hizo una sola persona, ahí hubieron varias personas y el consejo aprobó la compra del edificio, a pesar de que tenían un avaluó bastante inflado, por eso todos son responsables de las actas que ellos avalaron y ahí está la consecuencia, por eso es necesario una limpia completa en el instituto”. Jorge Luis Avalos Ramón dijo que es necesario que se le investigue al ex consejero Alfonso Castillo Suárez, por que él dijo en muchas ocasiones en los medios de comunicación que el edificio está en optimas condiciones y que de inmediato se va a trasladar las oficinas para el proceso electoral, luego se retractaron en decir que se tiene que remodelar, luego que hay fallas en sus estructuras, al final de cuentas es un edificio que no es optimo para su operación.
Asimismo el líder panista, manifestó que la propuesta de la inhabilitación de consejeros del IEPCT que propuso la contraloría interna Morayma Romero Herrera, se tiene que dar la prioridad para cerrar el caso de la compra del bien inmueble del instituto y luego sacar adelante otras propuestas importantes para la entidad.
Señaló que el tema es una demanda de la ciudadanía “y no podría quedar inconcluso y sin repercusión legal, nosotros hacemos voto para que se pueda limpiar el órgano electoral y que sea ciudadano y no cuotas de partido”.
Ávalos Ramón aclaró que ante las sanciones que se van aplicar contra los consejeros electorales, también tienen la obligación de resarcir “los daños a la hacienda pública en caso de que se demuestre como hasta ahora han demostrado los avalúos de esa diferencia que hay de 12 millones de pesos y se tiene que devolver ese dinero al órgano electoral”. Dijo que es necesario que se interpongan las demandas correspondientes ante las autoridades competentes o el congreso que “tiene la responsabilidad y no debe quedarse en una solo inhabilitación sino que también se debe de proceder penalmente”.
