Exige Rosalinda respetar los derechos de los trabajadores del Seguro Popular en Tabasco
Pidió a los gobiernos federal y estatal, cesen los atropellos laborales y en su lugar les otorguen a los trabajadores las garantías necesarias, como el cumplimiento del contrato vigente e iniciar el proceso de su basificación
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL A 28 DE JULIO DE 2011.- Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la senadora del PRD, Rosalinda López Hernández, pidió hoy exhortar a la Secretaría de Salud del gobierno federal para que en el ámbito de su competencia realice una exhaustiva investigación en relación a la problemática laboral que enfrentan trabajadores del Seguro Popular en Tabasco y se informe inmediatamente a esta Soberanía de los resultados de la misma.
Así mismo, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación realizar una auditoría exhaustiva del gasto de los recursos federales correspondientes al año 2010 destinados al Programa de Seguro Popular en Tabasco y una vez concluida se rinda un informe pormenorizado de los resultados obtenidos.
De acuerdo a la petición hecha, por la legisladora tabasqueña, también se pide al gobierno de Tabasco, para que en el ámbito de su competencia, regularice la situación laboral de los trabajadores del Seguro Popular en la entidad, procurando proteger sus derechos laborales. Actualmente en Tabasco, - destacó- en perjuicio de trabajadores y derechohabientes, nos encontramos con la muestra de esos abusos laborales, como ejemplo tenemos el caso de un grupo de trabajadores profesionistas del Seguro Popular, los cuales desde hace tres años fueron contratados para prestar sus servicios en el Seguro Popular en el estado, quienes el día de hoy se ven en la penosa situación de enfrentar el despido arbitrario y a cambio –como si fuera una concesión por parte de las autoridades- les ofrecen firmar un contrato de honorarios bajo el régimen de prestación de servicios profesionales.
La senadora por Tabasco, precisó que los hechos que se suscitaron a principios del presente mes en Tabasco, en contra de varios trabajadores del Seguro Popular, bajo la siguiente exposición: De acuerdo a los trabajadores afectados, la mañana del pasado viernes 8 de julio, una importante grupo de trabajadores pertenecientes al Seguro Popular en el estado, con código funcional de psicólogos clínicos tanto de Brigadas de Salud Mental como de Centros Nueva Vida y Programas de Salud Mental con contrato de trabajo con el Seguro Popular, con tres años de antigüedad, fueron citados a una reunión urgente a la Dirección de Salud Psicosocial de la Secretaría de Salud estatal, en la cual el administrador de la misma, Ramón Limonchi Moheno, les notificó que a partir del próximo 1º de agosto serán dados de baja de la nómina del Seguro Popular de la Secretaría de Salud, con lo cual perderán todos sus derechos laborales adquiridos mediante el contrato de seguro popular y como única alternativa les ofreció, por parte de las autoridades, contratarlos, si así lo deseaban, como prestadores de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios, además, los presionó diciendo que de no aceptar esa propuesta serán despedidos del programa.
Añadió que el representante de la autoridad la única justificación que les dio es que el despido fue de tipo financiero, porque según él, la nómina del Seguro Popular estatal se encuentra excedida en un 3 ó 4 por ciento y no hay recursos suficientes para sustentarla debido a la crisis económica nacional y aprovechó la ocasión para lanzar una advertencia: los cambios en la nómina del Seguro Popular se harán extensivos al personal administrativo, médico y a especialistas de la salud. Prosiguió señalando que tras la amenaza de despido recibidas, los trabajadores a efecto de defender sus derechos laborales se organizaron y solicitaron una audiencia con el titular de la Secretaría de Salud del estado pero no fueron atendidos y ante esa postura oficial aprovecharon la visita que hicieran los secretarios de salud pública federal y el propio titular de salud local, el día 13 de julio en un evento denominado Feria de la Salud realizado en la ciudad de Villahermosa en la cual entregaron en propia mano de los funcionarios oficios en los que exponían sus peticiones y hacían un llamado a las autoridades a rectificar su decisión suspendiendo el programa de despidos, así como de respetar los contratos laborales que el seguro popular tiene vigentes con ellos. En ese mismo acto los afectados de nueva cuenta solicitaron audiencia al titular de la Secretaría de Salud estatal quien se las concedió para el día 13 de julio a las 5 de la tarde la cual tendría verificativo en las instalaciones de la Secretaría de Salud, misma que se efectuó con la participación de treinta trabajadores, el titular de la Secretaría de Salud en el estado y la subsecretaria de la misma.
Dicha reunión fue infructuosa para los trabajadores toda vez que en la misma los funcionarios les ratificaron su despido laboral, así mismo trataron de persuadirlos de que aceptaran firmar el nuevo contrato que les ofrecían bajo el régimen de honorarios, el cual como todos sabemos es de carácter civil y conlleva la pérdida de prestaciones socioeconómicas para los afectados, a lo cual se negaron porque es contrario a la ley del trabajo.
“Es muy delicado que desde la administración pública federal y estatal se promuevan atropellos como los anteriormente descritos que atentan contra los derechos de los trabajadores cuando esas mismas instancias están obligadas a respetar las leyes, y es más preocupante aún que actúen con total impunidad”, advirtió la senadora, Rosalinda López. Acotó que afortunadamente todavía se está a tiempo de evitar esta injusticia en contra de decenas de familias en el estado de Tabasco
Así mismo, solicitó a la Auditoría Superior de la Federación realizar una auditoría exhaustiva del gasto de los recursos federales correspondientes al año 2010 destinados al Programa de Seguro Popular en Tabasco y una vez concluida se rinda un informe pormenorizado de los resultados obtenidos.
De acuerdo a la petición hecha, por la legisladora tabasqueña, también se pide al gobierno de Tabasco, para que en el ámbito de su competencia, regularice la situación laboral de los trabajadores del Seguro Popular en la entidad, procurando proteger sus derechos laborales. Actualmente en Tabasco, - destacó- en perjuicio de trabajadores y derechohabientes, nos encontramos con la muestra de esos abusos laborales, como ejemplo tenemos el caso de un grupo de trabajadores profesionistas del Seguro Popular, los cuales desde hace tres años fueron contratados para prestar sus servicios en el Seguro Popular en el estado, quienes el día de hoy se ven en la penosa situación de enfrentar el despido arbitrario y a cambio –como si fuera una concesión por parte de las autoridades- les ofrecen firmar un contrato de honorarios bajo el régimen de prestación de servicios profesionales.
La senadora por Tabasco, precisó que los hechos que se suscitaron a principios del presente mes en Tabasco, en contra de varios trabajadores del Seguro Popular, bajo la siguiente exposición: De acuerdo a los trabajadores afectados, la mañana del pasado viernes 8 de julio, una importante grupo de trabajadores pertenecientes al Seguro Popular en el estado, con código funcional de psicólogos clínicos tanto de Brigadas de Salud Mental como de Centros Nueva Vida y Programas de Salud Mental con contrato de trabajo con el Seguro Popular, con tres años de antigüedad, fueron citados a una reunión urgente a la Dirección de Salud Psicosocial de la Secretaría de Salud estatal, en la cual el administrador de la misma, Ramón Limonchi Moheno, les notificó que a partir del próximo 1º de agosto serán dados de baja de la nómina del Seguro Popular de la Secretaría de Salud, con lo cual perderán todos sus derechos laborales adquiridos mediante el contrato de seguro popular y como única alternativa les ofreció, por parte de las autoridades, contratarlos, si así lo deseaban, como prestadores de servicios profesionales bajo el régimen de honorarios, además, los presionó diciendo que de no aceptar esa propuesta serán despedidos del programa.
Añadió que el representante de la autoridad la única justificación que les dio es que el despido fue de tipo financiero, porque según él, la nómina del Seguro Popular estatal se encuentra excedida en un 3 ó 4 por ciento y no hay recursos suficientes para sustentarla debido a la crisis económica nacional y aprovechó la ocasión para lanzar una advertencia: los cambios en la nómina del Seguro Popular se harán extensivos al personal administrativo, médico y a especialistas de la salud. Prosiguió señalando que tras la amenaza de despido recibidas, los trabajadores a efecto de defender sus derechos laborales se organizaron y solicitaron una audiencia con el titular de la Secretaría de Salud del estado pero no fueron atendidos y ante esa postura oficial aprovecharon la visita que hicieran los secretarios de salud pública federal y el propio titular de salud local, el día 13 de julio en un evento denominado Feria de la Salud realizado en la ciudad de Villahermosa en la cual entregaron en propia mano de los funcionarios oficios en los que exponían sus peticiones y hacían un llamado a las autoridades a rectificar su decisión suspendiendo el programa de despidos, así como de respetar los contratos laborales que el seguro popular tiene vigentes con ellos. En ese mismo acto los afectados de nueva cuenta solicitaron audiencia al titular de la Secretaría de Salud estatal quien se las concedió para el día 13 de julio a las 5 de la tarde la cual tendría verificativo en las instalaciones de la Secretaría de Salud, misma que se efectuó con la participación de treinta trabajadores, el titular de la Secretaría de Salud en el estado y la subsecretaria de la misma.
Dicha reunión fue infructuosa para los trabajadores toda vez que en la misma los funcionarios les ratificaron su despido laboral, así mismo trataron de persuadirlos de que aceptaran firmar el nuevo contrato que les ofrecían bajo el régimen de honorarios, el cual como todos sabemos es de carácter civil y conlleva la pérdida de prestaciones socioeconómicas para los afectados, a lo cual se negaron porque es contrario a la ley del trabajo.
“Es muy delicado que desde la administración pública federal y estatal se promuevan atropellos como los anteriormente descritos que atentan contra los derechos de los trabajadores cuando esas mismas instancias están obligadas a respetar las leyes, y es más preocupante aún que actúen con total impunidad”, advirtió la senadora, Rosalinda López. Acotó que afortunadamente todavía se está a tiempo de evitar esta injusticia en contra de decenas de familias en el estado de Tabasco
