May Rodríguez advirtió a los consejeros que en caso de que el IEPCT decida acatar la solicitud de embargo hecha por una juez, el PRD responderá con una serie de acciones políticas y legales (Foto: Tomás Rivas)
VILLAHERMOSA, TABASCO. 07 DE DICIEMBRE DE 2010. Rafael Elías Sánchez Cabrales, presidente del Consejo Político Estatal (CPE) del PRD, se lo dijo de frente a seis consejeros electorales: Si el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) acata la orden judicial y se presta a embargar las prerrogativas del sol azteca, quedaría ante la ciudadanía como un “brazo ejecutor” del gobierno del estado.
Por segundo día consecutivo dirigentes y trabajadores del PRD llegaron hasta la sede del IEPCT, esta vez a pie desde la casa que opera como su sede estatal ubicada en la colonia López Mateos.
A diferencia del lunes, el presidente del Instituto Electoral, Alfonso Castillo Suárez y otros cinco consejeros no solo estaban en el edificio, sino que ya los esperaban. Rosendo Gómez Piedra, quien fuera subprocurador de justicia del Distrito Federal en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, entre ellos. Los perredistas ni siquiera le brindaron el saludo.
Castillo Suárez y compañía se dedicaron a escuchar a los dirigentes y abogados perredistas que hicieron uso de la palabra para exponer sus argumentos sobre el por qué sus prerrogativas no deben ser embargadas.
El dirigente estatal Javier May Rodríguez, el abogado Joel Alberto García González, Sánchez Cabrales, Roberto Romero del Valle y hasta Javier López Cruz hicieron uso de la palabra.
May Rodríguez le advirtió a los consejeros presentes que en caso de que el IEPCT decida acatar la solicitud de embargo hecha por una juez, el PRD responderá con una serie de acciones políticas y legales, pues entre otras cosas se dejaría sin sus prestaciones de fin de año a decenas de sus trabajadores.
Pero la postura jurídica del PRD la llevó el abogado García González. Les recordó a los consejeros que en la misma solicitud la juez aclara que deben congelarse las prerrogativas, siempre y cuando se trate de bienes embargables, lo que según el jurista no es el caso.
Y tras pedir, a como lo hizo la dirigencia perredista, que el consejo se “pronuncie” a la brevedad sobre el tema, García González prosiguió en que se trata de recursos no privados del partido, sino fondos de interés público, para actividades ordinarias y especificas de los organismos políticos, lo que los hace inembargables.
Manifestó que el Código Civil establece con claridad los bienes embargables, y aquí no entran las prerrogativas de los partidos políticos. La Ley Federal de Trabajo ilustra sobre cuando proceden los embargos de salarios, y no es mediante juicios ejecutivos mercantiles, agregó.
Enseguida, Sánchez Cabrales se refirió a la parte política: “Aquí se debe de actuar con mucha responsabilidad, porque también hay la acusación de que se trata de una jugada desde el gobierno del estado para el desmantelamiento de los recursos públicos de nuestro partido. Y yo creo (dijo a los consejeros) que ustedes ahí tienen una gran responsabilidad por salvaguardar la imagen del IEPCT como organismo autónomo de este estado. Yo creo que se tiene que valorar y tienen una gran responsabilidad de que no se señale a este instituto como un brazo ejecutor o como gente que se prestan al mandato del gobernante en turno”.
Si se prestan al embargo de prerrogativas solicitado por el juzgado, habría más desconfianza en el organismo electoral de cara a las elecciones del 2012, lo secundó May Rodríguez.
El anfitrión Castillo Suárez, que en todo momento se mostró respetuoso, únicamente les ofreció hacer un análisis jurídico del caso y resolver conforme a derecho.
Por segundo día consecutivo dirigentes y trabajadores del PRD llegaron hasta la sede del IEPCT, esta vez a pie desde la casa que opera como su sede estatal ubicada en la colonia López Mateos.
A diferencia del lunes, el presidente del Instituto Electoral, Alfonso Castillo Suárez y otros cinco consejeros no solo estaban en el edificio, sino que ya los esperaban. Rosendo Gómez Piedra, quien fuera subprocurador de justicia del Distrito Federal en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, entre ellos. Los perredistas ni siquiera le brindaron el saludo.
Castillo Suárez y compañía se dedicaron a escuchar a los dirigentes y abogados perredistas que hicieron uso de la palabra para exponer sus argumentos sobre el por qué sus prerrogativas no deben ser embargadas.
El dirigente estatal Javier May Rodríguez, el abogado Joel Alberto García González, Sánchez Cabrales, Roberto Romero del Valle y hasta Javier López Cruz hicieron uso de la palabra.
May Rodríguez le advirtió a los consejeros presentes que en caso de que el IEPCT decida acatar la solicitud de embargo hecha por una juez, el PRD responderá con una serie de acciones políticas y legales, pues entre otras cosas se dejaría sin sus prestaciones de fin de año a decenas de sus trabajadores.
Pero la postura jurídica del PRD la llevó el abogado García González. Les recordó a los consejeros que en la misma solicitud la juez aclara que deben congelarse las prerrogativas, siempre y cuando se trate de bienes embargables, lo que según el jurista no es el caso.
Y tras pedir, a como lo hizo la dirigencia perredista, que el consejo se “pronuncie” a la brevedad sobre el tema, García González prosiguió en que se trata de recursos no privados del partido, sino fondos de interés público, para actividades ordinarias y especificas de los organismos políticos, lo que los hace inembargables.
Manifestó que el Código Civil establece con claridad los bienes embargables, y aquí no entran las prerrogativas de los partidos políticos. La Ley Federal de Trabajo ilustra sobre cuando proceden los embargos de salarios, y no es mediante juicios ejecutivos mercantiles, agregó.
Enseguida, Sánchez Cabrales se refirió a la parte política: “Aquí se debe de actuar con mucha responsabilidad, porque también hay la acusación de que se trata de una jugada desde el gobierno del estado para el desmantelamiento de los recursos públicos de nuestro partido. Y yo creo (dijo a los consejeros) que ustedes ahí tienen una gran responsabilidad por salvaguardar la imagen del IEPCT como organismo autónomo de este estado. Yo creo que se tiene que valorar y tienen una gran responsabilidad de que no se señale a este instituto como un brazo ejecutor o como gente que se prestan al mandato del gobernante en turno”.
Si se prestan al embargo de prerrogativas solicitado por el juzgado, habría más desconfianza en el organismo electoral de cara a las elecciones del 2012, lo secundó May Rodríguez.
El anfitrión Castillo Suárez, que en todo momento se mostró respetuoso, únicamente les ofreció hacer un análisis jurídico del caso y resolver conforme a derecho.
