Fe de erratas:
Pido disculpas al representante del Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada de Ocozingo, Chiapas, Manuel Hernández Aguilar, porque por error propio e involuntario, en la entrevista que le hice durante su visita a Tabasco, publicada el pasado 29 de febrero, a partir del párrafo cinco, adjudique sus declaraciones al representante de l Centro de Derechos indígenas A.C. de Bachajón, Chilón, Chiapas. Por esa razón, con el fin de reparar el daño causado, considero necesario publicar la misma nota, ya corregida
Desalojos en la Selva Lacandona y Montes Azules, encarcelamientos injustos, asesinatos, la presencia de la “fuerza marina”, son ya parte de la vida cotidiana de los habitantes indígenas de esa zona y de Ocosingo, Chiapas.
“Ya no se vive tranquilo”, expresa Manuel Hernández Aguilar del Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, entrevistado hace unos días durante un encuentro de organizaciones de derechos humanos del sureste del país que tuvo lugar en Villahermosa.
De Chiapas a esa reunión acudieron las organizaciones: Fray Martín de Córdova de Tapachula; el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Iniciativa para la Identidad y la Inclusión, Colectivode Educación para la Paz y Derechos Humanos, Centro de Derechos Indígenas de Chilón, el centro Fray Pedro Lorenzo de la Nada de Ocosingo, el Centro de Derechos Humanos Indígenas de Palenque y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova de Tapachula.
De Yucatán: Kookay e Indignación, de Mérida; y de Tabasco, Servicio Paz y Justicia de Tabasco, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, Generando Dignidad de Comalcalco y el Centro de Derechos Humanos del Usumacinta.
Los desalojos por parte del gobierno de Chiapas son una de las amenazas que actualmente viven actualmente en la zona de Montes Azules y la Selva Lacandona, las comunidades indígenas, dice Manuel Hernández Aguilar del Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada de Ocozingo
Tanto los lacandones como los habitantes de las comunidades asentadas ahí –algunas de ellas zapatistas- tiene ya un acuerdo muy avanzado para que sean legalizadas y permanezcan ahí, pero el gobierno no quiere reconocerlo.
“El gobierno dice que se tiene que quedar en silencio, ninguna comunidad, ningún asentamiento humano puede quedar”.
El gobierno no reconoce los acuerdos a los que han llegado la comunidad lacandona y los otros pueblos como Betania, Salvador Allende, San Gregorio, Corozal, Nueva Galilea, Pichucalco, Amador Hernández y Plan de Guadalupe.
Manuel Hernández Aguilar afirmó que el año pasado fueron desalojadas, de manera brutal, dos comunidades, una de ellas la ranchería El Buen Samaritano, sus habitantes ya no pudieron regresar.
Eso es lo que esta pasando, lo sentimos mucho, no lo he visto de manera personal, pero me han comentado gente de algunas comunidades de allá, “que ha llegado la fuerza marina, como 3 mil elementos están en La Selva y se teme que saquen a las comunidades violentamente”.
Ya se han hecho negociaciones con el gobernador de Chiapas, Juan Sabines pero busca pretextos para no aceptar, no tiene voluntad, como que no se sabe quién es el que decide.
La otra cosa son las muertes en Ocozingo, tristemente encontramos cadáveres tirados en varios sitios. Se han encontrado como cuatro muertos y no se sabe quien fue.
Hace poco, cuenta el integrante del Centro de Derechos Indígenas, policías judiciales detuvieron a un mecánico, y lo entregaron a los policías municipales en la cárcel preventiva, pero golpeado.
Al mecánico le pidieron cien mil pesos para dejarlo en libertad, escribió a su esposa que consiguiera el dinero porque si no lo iban a matar, que los buscara que él después los iba a pagar.
De dónde voy a encontrar cien mil pesos, dijo la esposa. Al otro día, a las cinco de la mañana el hombre ya estaba en el panteón, muerto, y ya le habían hecho la autopsia.
Acompañamos a la familia y el Ministerio Público de Palenque afirmó que los policías municipales ya estaban detenidos y los judiciales también, pero pasaron ocho días y a los policías los dejaron en libertad porque según el acta que levantó el MP de Palenque, el mecánico se suicidó, le dijimos que no tenía nada con que suicidarse y una hora después nos mandó un rebozo.
Los judiciales están por salir también.
El MP de Ocozingo no dijo que fue suicidio, así que pensamos que fue una muerte por tortura, pero así nomás quedó.
En Ocosingo y otras comunidades de Chiapas vivimos una situación peligrosa, sostuvo Manuel Hernández, además de esos peligros, están los militares, están en medio los militares, vemos helicópteros a toda hora, “ya no vivimos tranquilos”, dijo por último.
“Ya no se vive tranquilo”, expresa Manuel Hernández Aguilar del Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, entrevistado hace unos días durante un encuentro de organizaciones de derechos humanos del sureste del país que tuvo lugar en Villahermosa.
De Chiapas a esa reunión acudieron las organizaciones: Fray Martín de Córdova de Tapachula; el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Iniciativa para la Identidad y la Inclusión, Colectivode Educación para la Paz y Derechos Humanos, Centro de Derechos Indígenas de Chilón, el centro Fray Pedro Lorenzo de la Nada de Ocosingo, el Centro de Derechos Humanos Indígenas de Palenque y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova de Tapachula.
De Yucatán: Kookay e Indignación, de Mérida; y de Tabasco, Servicio Paz y Justicia de Tabasco, el Comité de Derechos Humanos de Tabasco, Generando Dignidad de Comalcalco y el Centro de Derechos Humanos del Usumacinta.
Los desalojos por parte del gobierno de Chiapas son una de las amenazas que actualmente viven actualmente en la zona de Montes Azules y la Selva Lacandona, las comunidades indígenas, dice Manuel Hernández Aguilar del Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada de Ocozingo
Tanto los lacandones como los habitantes de las comunidades asentadas ahí –algunas de ellas zapatistas- tiene ya un acuerdo muy avanzado para que sean legalizadas y permanezcan ahí, pero el gobierno no quiere reconocerlo.
“El gobierno dice que se tiene que quedar en silencio, ninguna comunidad, ningún asentamiento humano puede quedar”.
El gobierno no reconoce los acuerdos a los que han llegado la comunidad lacandona y los otros pueblos como Betania, Salvador Allende, San Gregorio, Corozal, Nueva Galilea, Pichucalco, Amador Hernández y Plan de Guadalupe.
Manuel Hernández Aguilar afirmó que el año pasado fueron desalojadas, de manera brutal, dos comunidades, una de ellas la ranchería El Buen Samaritano, sus habitantes ya no pudieron regresar.
Eso es lo que esta pasando, lo sentimos mucho, no lo he visto de manera personal, pero me han comentado gente de algunas comunidades de allá, “que ha llegado la fuerza marina, como 3 mil elementos están en La Selva y se teme que saquen a las comunidades violentamente”.
Ya se han hecho negociaciones con el gobernador de Chiapas, Juan Sabines pero busca pretextos para no aceptar, no tiene voluntad, como que no se sabe quién es el que decide.
La otra cosa son las muertes en Ocozingo, tristemente encontramos cadáveres tirados en varios sitios. Se han encontrado como cuatro muertos y no se sabe quien fue.
Hace poco, cuenta el integrante del Centro de Derechos Indígenas, policías judiciales detuvieron a un mecánico, y lo entregaron a los policías municipales en la cárcel preventiva, pero golpeado.
Al mecánico le pidieron cien mil pesos para dejarlo en libertad, escribió a su esposa que consiguiera el dinero porque si no lo iban a matar, que los buscara que él después los iba a pagar.
De dónde voy a encontrar cien mil pesos, dijo la esposa. Al otro día, a las cinco de la mañana el hombre ya estaba en el panteón, muerto, y ya le habían hecho la autopsia.
Acompañamos a la familia y el Ministerio Público de Palenque afirmó que los policías municipales ya estaban detenidos y los judiciales también, pero pasaron ocho días y a los policías los dejaron en libertad porque según el acta que levantó el MP de Palenque, el mecánico se suicidó, le dijimos que no tenía nada con que suicidarse y una hora después nos mandó un rebozo.
Los judiciales están por salir también.
El MP de Ocozingo no dijo que fue suicidio, así que pensamos que fue una muerte por tortura, pero así nomás quedó.
En Ocosingo y otras comunidades de Chiapas vivimos una situación peligrosa, sostuvo Manuel Hernández, además de esos peligros, están los militares, están en medio los militares, vemos helicópteros a toda hora, “ya no vivimos tranquilos”, dijo por último.
