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La Verdad del Sureste

Formal prisión a Andrés Granier

No acreditó con las pruebas desahogadas, la precedencia de 35 millones de pesos, que se presume proceden del desvío de partidas federales


En la resolución contra el Químico, la juzgadora indica que se ordenó la identificación administrativa del procesado y la suspensión de sus derechos políticos
En la resolución contra el Químico, la juzgadora indica que se ordenó la identificación administrativa del procesado y la suspensión de sus derechos políticos

Villahermosa, Tab., 01 de julio/ El auto de formal prisión le fue dictado ayer al ex gobernador Andrés Granier, por el delito de lavado de dinero o uso de recursos de procedencia ilícita, por un monto de 35 millones de pesos y por ello, permanecerá recluido en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México.

    La titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, Taissia Cruz Parcero, consideró que la PGR presentó los elementos suficientes para que el Químico, a sus 65 años, permanezca en la cárcel mientras enfrenta el proceso legal, con el podría alcanzar una sentencia de cinco a 15 de prisión.
    El Químico y su abogado, Eduardo Luengo Creel, no acreditaron con las pruebas desahogadas durante la etapa de pre instrucción, la legal procedencia de los recursos. Ahora tienen tres días para apelar el fallo, el cual, deberá resolver un tribunal unitario de circuito competente, del Estado de Tabasco.
    Andrés Granier, se ha convertido en el primer ex gobernador de Tabasco que ha sido consignado y espera un juicio por las denuncias  del desfalco del erario público durante el sexenio pasado, que presentó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), que también está recabando pruebas para acusar al ex gobernador por peculado y ejercicio indebido de funciones.
    La juez federal, calificó que la PGR acreditó, hasta el momento, que la cantidad de 35 millones 338 mil 315 pesos, que corresponde a depósitos depurados realizados en las cuentas bancarias del acusado, de 2007 a 2012, son recursos de procedencia ilícita, pues por una parte existen indicios que permiten presumir que proceden del desvío de partidas federales.

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