Frustra al Ejército fuga de El Chapo

Ciudad de México, 19 de julio.– A una semana de la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa, del penal de alta seguridad de El Altiplano, en el Estado de México, se abren en el país dos discusiones paralelas: la primera es cómo cayó en las fuerzas castrenses la noticia, principalmente en la Marina, y la segunda es la pertinencia de seguir manteniendo a militares haciendo labores de policías civiles en la lucha contra el narcotráfico.
    Analistas en temas de seguridad, nacionales y extranjeros, debatieron el punto. Los expertos aseguran que la fuga generó un síntoma de desánimo entre los elementos de la Marina Armada de México, responsables de la captura del narcotraficante en un operativo realizado en Mazatlán, Sinaloa, en febrero de 2014, lo que debilita aún más la administración de Enrique Peña Nieto, quien desde los casos Ayotzinapa y Tlatlaya ha sido testigo de diferencias entre el Ejército y miembros del gabinete de seguridad. Pero, además, porque él mismo había prometido sacar a las Fuerzas Armadas de una tarea a la que fueron involucradas, sin preparación ni proyecto concreto, desde que Felipe Calderón declarara la guerra al narcotráfico.
    En el Ejército, aseguran los especialistas que existe un enojo por la forma en la que el Ejecutivo ha manejado los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya, pues no se ha evitado que se señalé la responsabilidad de elementos militares, con tal de proteger a autoridades civiles, como fue el caso del Gobernador con licencia de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero.
    El enojo dentro de algunos mandos del Ejército, añaden, se hace extensivo hacia el sistema de justicia civil que no sólo deja libres a criminales atrapados a través de operativos militares, sino que también enjuicia a sus elementos por violaciones a los derechos humanos.
    Los expertos extranjeros coinciden en que es momento de replantear la estrategia que han mantenido al Ejército y a la Marina durante casi nueve años enfrentando a narcotraficantes, perdiendo elementos y debilitando al Estado.
    La fuga también, consideraron algunos, traerá reacomodos al interior los grupos de poder en la Presidencia de la República pues si en este primer tramo del sexenio quienes le hablaban al oído al Presidente eran el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso; el responsable de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, y el Consejero Jurídico de la Presidencia, Aurelio Nuño Mayer, ahora, ante la crisis y poca efectividad de su asesoría, podrían ser otros personajes en los que el titular del Ejecutivo federal se apoye.
    Para Javier Ciurlizza, director del Programa para América Latina y El Caribe del Crisis Group, para la Marina mexicana la captura de “El Chapo” fue un gran logro, por lo mismo. Ahora “debe haber una gran presión de las Fuerzas Armadas hacia Peña Nieto y como parte de esa presión le deben de estar diciendo: ‘bueno, si usted quiere que volvamos a hacer lo que hicimos es bajo nuestros términos que son cheque en blanco y protección judicial’”.
Citó el caso colombiano, donde después de 30 años de lucha contra el narcotráfico “no existe ningún militar acusado por violar los derechos humanos”.
    “Hay molestia con el Gobierno federal en el término de que los errores políticos, los problemas de corrupción y el mal manejo de crisis dispararon la atención hacia las Fuerzas Armadas”, reconoció Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, quien es parte del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede), integrado por especialistas en el tema.
    Destacó que en este momento, de acuerdo con fuentes de las fuerzas castrenses, existen puntos de conflicto y desconfianza entre este sector, el Ejecutivo Federal, el Poder Judicial e instancias civiles como la Procuraduría General de la República (PGR).
    “Ha habido roces muy claros como el tema de Caro Quintero –mítico narcotraficante que permaneció 28 años en prisión y fue liberado en 2013 por fallas en el proceso– y otras cuestiones como la salida de delincuentes de cuantía menor que fueron atrapados en operativos conjuntos [entre militares y policías civiles]”, detalló Sánchez Lara.
    El manejo mediático de la desaparición de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, pudo haber sido el punto de quiebre de la relación entre el Ejecutivo y el Ejército, situó el analista .
    En este caso, por no aceptar su responsabilidad y tratar de proteger al entonces gobierno del perredista Aguirre Rivero, la Federación provocó una andanada de críticas hacia el Ejército tanto a nivel nacional como internacional que derivó en que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tuviera que abrir instalaciones estratégicas –sus cuarteles en zonas cercanas a la desaparición– para que los familiares buscaran a los normalistas.
    “El error histórico de Peña Nieto, vía sus asesores fue no actuar de manera rápida; obviamente los normalistas no estaban en los cuarteles y fue terrible el tener que abrirlos, que desde la Presidencia se los hayan ordenado cuando sólo era un paliativo para la crisis”, dijo.
    En un discurso pronunciado el 10 de noviembre de 2014, durante la colocación de la primera piedra de un nuevo cuartel para la Policía Militar en Monterrey, Nuevo León, el Secretario de la Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos Zepeda, planteó: ‘‘Aportaremos nuestros mejores esfuerzos al servicio de los ciudadanos sin amedrentarnos por juicios injustos, algunos sin duda erróneos, carentes de fundamento, malintencionados y que la institución armada nacional no merece’’.
    Para ese momento, el Ejército estaba sometido al escrutinio internacional no sólo por el caso Ayotzinapa sino también por la ejecución de 22 supuestos delincuentes en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio de 2014, unos meses antes de la desaparición de los normalistas en Iguala, Guerrero.
    La Procuraduría General de la República, entonces a cargo de Jesús Murillo Karam, había consignado a tres militares por la ejecución de los civiles por uso excesivo de la fuerza. Fueron acusados de homicidio en primer grado.
    “Las Fuerzas Armadas suelen ser reacias a tener que responder a acusaciones hechas desde fuera de su propio mecanismo de la justicia militar, o para ver a su personal en los tribunales civiles. Pero México es una democracia lo suficientemente madura como para resolver estos problemas a través de medios institucionales.
    Las tensiones que aparecen cuando el personal militar enfrenta cargos vinculados a tareas de seguridad interna, como en el caso de Tlatlaya, ponen de relieve lo importante que es para el país reducir su dependencia de las Fuerzas Armadas”, advirtió Antônio Sampaio, analista del International Institute for Strategic Studies (IISS, por sus siglas en inglés) de Londres.
    Aunque en el caso de Tlatlaya, Sánchez Lara admitió que puede haber un poco más de responsabilidad del Ejército, afirmó que situaciones como esta se registran porque algunos gobiernos estatales no cumple con sus responsabilidad en materia de seguridad tanto en sus planes de acción como en el ejercicio de sus presupuestos lo que obliga a que sean los militares quienes asuman esas funciones, además de la lucha contra el narco.
    Ante este panorama, expresó “hay una molestia fundada del Secretario de la Defensa Nacional sobre la falta de responsabilidad de algunos gobiernos estatales por su inacción y por haber permitido la infiltración de la delincuencia en sus cuerpos de seguridad”.