Funcionarios menores de Sernapam son los que llevan el control: CDHT
Quien lleva el control en la Sernapam, no es su titular Silvia Whízar Lugo, sino funcionarios menores, entre otros el químico Alfredo Cuevas, aseguró ayer el asesor jurídico del Comité e Derechos Humanos de Tabasco, Efraín Rodríguez León, durante su intervención en la rueda de prensa que tuvo lugar en la sede de esa organización con el objetivo de exponer la situación del caso Los Aguilares Caresa.
Curiosamente, expresó, el químico Alfredo Cuevas y otro de nombre Romeo, entre el 2004 y 2005 -cuando la Asociación Ecológica Santo Tomás, Codehutab y los pobladores de Los Aguilares, iniciamos esta lucha- trabajaban en la delegación local de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dijo.
En la Profepa los ahora funcionarios de la Sernapam, también le dieron largas al asunto, a grado tal, afirmó Rodríguez León, que nos vimos en la necesidad de recurrir al órgano interno de la Semarnat para obligarlos a que emitieran una resolución.
Mencionó que en el 2008 hay una modificación a la norma ambiental, con la cual a los materiales peligrosos se les quita ese calificativo y los asuntos en esa materia pasan a ser competencia del estado, por lo que es la Sernapam, la que tiene que regular.
Y nos encontramos que en esa dependencia, los mismos que aplicaron prácticas de tortuguismo al caso Los Aguilares-Caresa, en la Profepa, trabajan en la Sernapam y se conducen del mismo modo, con evasivas y demagogia.
En relación a los daños que ha ocasionado el depósito de recortes de lodo con hidrocarburos en Los Aguilares, el asesor jurídico de Codehutab dijo que, sin que aún se pueda demostrar científicamente, la experiencia de la comunidad dice que desde la llegada de Caresa a su comunidad, han ocurrido dos ó tres decesos por cáncer.
Pero que también se han incrementado enfermedades que antes no se encontraban presentes en la comunidad y que es cotidiano observar a personas con llagas en la piel, problemas gastrointestinales y respiratorios.
Mencionó que en el 2006, la Secretaria de Salud Pública hizo un estudio del agua de los pozos artesianos de la comunidad y determinó que el agua de los mismos no es apta para el consumo humano, lo cual, afirmó el abogado, nos obligó a gestionarles una planta potabilizadora que está operando.
Dijo que la tierra de Los Aguilares estaba clasificada como agrícola y que sus habitantes se dedicaban a la siembra de productos como plátano y cacao; esas actividades han dejado de ser las predominantes en esa zona, porque ahora se le esta dando un uso industrial.
La superficie de la que dispone Caresa es de seis hectáreas, de las que hasta ahora ocupa cinco, informó Efraín Rodríguez quien en relación al grosor de las capas de lodo, aseguró que ya son montañas.
Dio a conocer que algo que llama la atención de Codehutab y le preocupa es que el primer permiso a Caresa se lo otorgó la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y después la Profepa por veinte años, lo cual nunca había sucedido, porque los máximo son por diez años.
“Nos enteramos después que el dueño de la empresa es un general del ejército retirado y que los permisos salieron de la oficina presidencial”.
Mencionó además que la Profepa y la Sernapam, para el caso Caresa, se están aprovechando del cambió que en el 2008 se hizo a la norma ambiental, porque la Profepa aduce que esos casos ya se transfirieron al gobierno del estado y la Sernapam argumenta que no pueden intervenir porque no fue esa dependencia la que otorgó el permiso.
En consecuencia, vemos que Los Aguilares es un tierra sin ley, en la que Caresa puede hacer lo que le venga en gana”.
En relación a las acciones que en adelante emprenderá Codehutab y los pobladores de Los Aguilares, Rodríguez León adelantó que posiblemente, de nueva cuenta presenten una denuncia contra funcionarios de Sernapam en la Contraloría del Estado.
También, si Tabasco se convierte, a finales de este año, en al sede de la asamblea semestral de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, que las 60 organizaciones que pertenecen a la misma, entre ellas el Codehutab, hagan un pronunciamiento al respecto, agregó.
Curiosamente, expresó, el químico Alfredo Cuevas y otro de nombre Romeo, entre el 2004 y 2005 -cuando la Asociación Ecológica Santo Tomás, Codehutab y los pobladores de Los Aguilares, iniciamos esta lucha- trabajaban en la delegación local de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dijo.
En la Profepa los ahora funcionarios de la Sernapam, también le dieron largas al asunto, a grado tal, afirmó Rodríguez León, que nos vimos en la necesidad de recurrir al órgano interno de la Semarnat para obligarlos a que emitieran una resolución.
Mencionó que en el 2008 hay una modificación a la norma ambiental, con la cual a los materiales peligrosos se les quita ese calificativo y los asuntos en esa materia pasan a ser competencia del estado, por lo que es la Sernapam, la que tiene que regular.
Y nos encontramos que en esa dependencia, los mismos que aplicaron prácticas de tortuguismo al caso Los Aguilares-Caresa, en la Profepa, trabajan en la Sernapam y se conducen del mismo modo, con evasivas y demagogia.
En relación a los daños que ha ocasionado el depósito de recortes de lodo con hidrocarburos en Los Aguilares, el asesor jurídico de Codehutab dijo que, sin que aún se pueda demostrar científicamente, la experiencia de la comunidad dice que desde la llegada de Caresa a su comunidad, han ocurrido dos ó tres decesos por cáncer.
Pero que también se han incrementado enfermedades que antes no se encontraban presentes en la comunidad y que es cotidiano observar a personas con llagas en la piel, problemas gastrointestinales y respiratorios.
Mencionó que en el 2006, la Secretaria de Salud Pública hizo un estudio del agua de los pozos artesianos de la comunidad y determinó que el agua de los mismos no es apta para el consumo humano, lo cual, afirmó el abogado, nos obligó a gestionarles una planta potabilizadora que está operando.
Dijo que la tierra de Los Aguilares estaba clasificada como agrícola y que sus habitantes se dedicaban a la siembra de productos como plátano y cacao; esas actividades han dejado de ser las predominantes en esa zona, porque ahora se le esta dando un uso industrial.
La superficie de la que dispone Caresa es de seis hectáreas, de las que hasta ahora ocupa cinco, informó Efraín Rodríguez quien en relación al grosor de las capas de lodo, aseguró que ya son montañas.
Dio a conocer que algo que llama la atención de Codehutab y le preocupa es que el primer permiso a Caresa se lo otorgó la Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y después la Profepa por veinte años, lo cual nunca había sucedido, porque los máximo son por diez años.
“Nos enteramos después que el dueño de la empresa es un general del ejército retirado y que los permisos salieron de la oficina presidencial”.
Mencionó además que la Profepa y la Sernapam, para el caso Caresa, se están aprovechando del cambió que en el 2008 se hizo a la norma ambiental, porque la Profepa aduce que esos casos ya se transfirieron al gobierno del estado y la Sernapam argumenta que no pueden intervenir porque no fue esa dependencia la que otorgó el permiso.
En consecuencia, vemos que Los Aguilares es un tierra sin ley, en la que Caresa puede hacer lo que le venga en gana”.
En relación a las acciones que en adelante emprenderá Codehutab y los pobladores de Los Aguilares, Rodríguez León adelantó que posiblemente, de nueva cuenta presenten una denuncia contra funcionarios de Sernapam en la Contraloría del Estado.
También, si Tabasco se convierte, a finales de este año, en al sede de la asamblea semestral de la Red Todos los Derechos para Todos y Todas, que las 60 organizaciones que pertenecen a la misma, entre ellas el Codehutab, hagan un pronunciamiento al respecto, agregó.