Durante la conferencia matutina del Gabinete de Seguridad, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre un importante golpe al robo de transporte de carga con la desarticulación de una célula criminal que operaba con extrema violencia en los estados de Hidalgo y el Estado de México.
Un operativo basado en inteligencia y denuncias
El secretario reveló que este resultado no fue fortuito, sino el fruto de una investigación estratégica que se extendió por más de cinco meses.
El caso se originó a raíz de un incremento en las denuncias presentadas por empresarios del sector transporte y operadores de tráileres, quienes señalaron un modus operandi violento en los principales corredores logísticos del centro del país.
"Esta detención es una respuesta directa a las exigencias del sector empresarial y de los conductores que día a día transitan por nuestras carreteras.
No habrá impunidad para quienes atenten contra el libre tránsito y la economía nacional", puntualizó García Harfuch.
Coordinación de alto nivel: 12 detenidos
La operación, que culminó con la captura de 12 integrantes del grupo delictivo, fue descrita como un éxito de la coordinación civil y militar. En el despliegue participaron:
- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
- La Fiscalía General de la República (FGR).
- La Secretaría de Marina (SEMAR).
- Diversas instancias de seguridad estatales.
Impacto en la seguridad regional
La banda desarticulada es señalada como una de las principales responsables de la inestabilidad en las rutas que conectan al Estado de México con Hidalgo, zonas clave para la distribución de mercancías hacia el centro y norte del país.
Según las autoridades, el grupo no solo sustraía los bienes, sino que ejercía violencia física contra los operadores, lo que había generado un clima de alerta en las cámaras de transporte.
La detención busca proteger el libre tránsito y reducir pérdidas económicas por robo de carga.
Con esta acción, el Gobierno Federal busca enviar un mensaje de control sobre las vías de comunicación y reforzar la estrategia de seguridad basada en inteligencia por encima del uso de la fuerza reactiva.
Trasladan a 25 reos de alta peligrosidad a penales federales
Por otra parte, como parte de las acciones prioritarias del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó sobre el exitoso traslado de 25 personas privadas de la libertad (PPL) consideradas de alta peligrosidad desde centros locales hacia prisiones de máxima seguridad federales.
Blindaje al sistema penitenciario
El operativo tiene como objetivo principal despresurizar los Centros de Reinserción Social (Cereso) del estado y debilitar las redes de mando que grupos delictivos mantienen en ocasiones desde el interior de las prisiones estatales.
"Para fortalecer la seguridad en el sistema penitenciario, se llevó a cabo este traslado hacia centros federales, garantizando el orden y la gobernabilidad en los penales de Michoacán", señaló García Harfuch.
Operativo por tierra y aire
La movilización comenzó en el Cereso “Lic. Eduardo Ruiz”, desde donde el contingente partió bajo un estricto dispositivo de seguridad hacia el Aeropuerto Internacional de la entidad. Para asegurar el éxito de la misión, se desplegó una fuerza operativa de élite:
- Efectivos: 164 elementos de seguridad.
- Unidades: 29 patrullas coordinadas.
- Instituciones: Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), SSPC, Guardia Civil y Policía Procesal.
Una vez en la terminal aérea, los internos abordaron una aeronave Boeing XC-NPF de la Guardia Nacional, destinada específicamente para traslados de custodia federal.
Destinos estratégicos
Para evitar que los reos mantengan comunicación con sus zonas de influencia en Michoacán, fueron distribuidos en cuatro estados distintos del país. Los centros penitenciarios receptores se ubican en:
- Durango
- Nayarit
- Veracruz
- Coahuila
Este movimiento forma parte de la nueva estrategia de pacificación que busca no solo combatir el crimen en las calles, sino asegurar que el sistema de justicia mantenga un control absoluto sobre los perfiles criminales de mayor riesgo.
