Genera reacciones la controversia constitucional del Congreso local
Juan Francisco Cáceres de la Fuente, alegó que muchos legisladores ni siquiera sabían de ese procedimiento. Juan José Martínez Pérez, dijo que el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Carlos Ocaña Becerra, sí les informó a los coordinadores
VILLAHERMOSA, TABASCO, 31 DE MARZO.- Reacciones encontradas generó la controversia constitucional que el Congreso presentó ante la Corte sobre el tema de los deudores diversos, pues mientras el diputado del PAN, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, alegó que muchos legisladores ni siquiera sabían de ese procedimiento, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Juan José Martínez Pérez, dijo que el presidente de la Junta de Coordinación Política, José Carlos Ocaña Becerra, sí les informó a los coordinadores, aunque señaló que él no avala esa medida.
En tanto, la diputada del PRI, Lorena Beaurregard de los Santos, al tiempo que rechazó que la controversia constitucional se presentó como una medida dilatoria, para que Finanzas no entregue la información solicitada, apuntó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el caso antes de que se califique la cuenta pública del Ejecutivo, correspondiente al ejercicio fiscal del 2010, no tendrá ninguna razón el Congreso de no liberar los datos requeridos por el ITAIP.
Cáceres de la Fuente dijo que es “preocupante” que la Cámara de Diputados se preste a bloquear la entrega de la información sobre la partida de deudores diversos, y refutó a Ocaña Becerra, en el sentido de que no es cierto que se les haya informado a todos los diputados.
Acerca de si Ocaña Becerra estaba facultado por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, como presidente de la Junta de Coordinación Política para interponer la controversia o bien correspondía al presidente en turno de la mesa directiva, Armando Beltrán Tenorio, presentarla, el legislador panista comentó que habría que checar bien lo que dice la normatividad para saber si el priista se excedió en sus facultades.
Habíamos diputados que no estábamos enterados, por lo que no es correcto lo que dice Ocaña Becerra, que informó a todos, agregó e indicó que solicitó al área jurídica del Congreso una copia del documento que se presentó ante la Corte, pero que hasta el momento no le han proporcionado nada.
Es muy preocupante que el Congreso se preste a tácticas dilatorias, en un tema que lo que está detrás de todo esto son los cuatro mil millones de pesos que integran la partida de deudores diversos del gobierno estatal, para que no se dé la información requerida, añadió el legislador panista.
Por su parte, Martínez Pérez, comentó que Ocaña Becerra sí les informó a los coordinadores parlamentarios que iba a presentar la controversia constitucional con base a las atribuciones que la ley le confiere, pero que él no estaba de acuerdo, porque se trata de una maniobra para dilatar la entrega de la información.
Manifestó que el gobierno estatal no quiere que se sepan los nombres de las dependencias que no han comprobado sus gastos para que no se pueda calcular el monto real de la deuda pública, por lo que se trata de una táctica dilatoria recurrir a la Corte.
Beaurregard de los Santos, dijo que la reserva de la información requerida fenecerá este mismo año, una vez que sea calificada la cuenta pública del 2010 del Ejecutivo, por lo que si el máximo tribunal del país resuelve el caso mucho antes de que ocurra este proceso “el Congreso no tendría ninguna razón jurídica para no entregar la información”.
Si así ocurriera, la legislatura tendrá que acatar lo que establece la Ley de Transparencia, que es entregar la información a los solicitantes de la misma, agregó la legisladora priista.
Descartó que con la controversia se busca ganar tiempo, dilatar la entrega de la información requerida, sino que se dio como resultado de una discusión que hubo al interior de su bancada acerca de por qué a través del ITAIP se puede ordenar la entrega de información y en el Congreso ésta se encuentra restringida y bajo una serie de filtros que imposibilitan su entrega, como a ella misma ya le pasó con el OSFE.
En tanto, la diputada del PRI, Lorena Beaurregard de los Santos, al tiempo que rechazó que la controversia constitucional se presentó como una medida dilatoria, para que Finanzas no entregue la información solicitada, apuntó que si la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve el caso antes de que se califique la cuenta pública del Ejecutivo, correspondiente al ejercicio fiscal del 2010, no tendrá ninguna razón el Congreso de no liberar los datos requeridos por el ITAIP.
Cáceres de la Fuente dijo que es “preocupante” que la Cámara de Diputados se preste a bloquear la entrega de la información sobre la partida de deudores diversos, y refutó a Ocaña Becerra, en el sentido de que no es cierto que se les haya informado a todos los diputados.
Acerca de si Ocaña Becerra estaba facultado por la Ley Orgánica del Poder Legislativo, como presidente de la Junta de Coordinación Política para interponer la controversia o bien correspondía al presidente en turno de la mesa directiva, Armando Beltrán Tenorio, presentarla, el legislador panista comentó que habría que checar bien lo que dice la normatividad para saber si el priista se excedió en sus facultades.
Habíamos diputados que no estábamos enterados, por lo que no es correcto lo que dice Ocaña Becerra, que informó a todos, agregó e indicó que solicitó al área jurídica del Congreso una copia del documento que se presentó ante la Corte, pero que hasta el momento no le han proporcionado nada.
Es muy preocupante que el Congreso se preste a tácticas dilatorias, en un tema que lo que está detrás de todo esto son los cuatro mil millones de pesos que integran la partida de deudores diversos del gobierno estatal, para que no se dé la información requerida, añadió el legislador panista.
Por su parte, Martínez Pérez, comentó que Ocaña Becerra sí les informó a los coordinadores parlamentarios que iba a presentar la controversia constitucional con base a las atribuciones que la ley le confiere, pero que él no estaba de acuerdo, porque se trata de una maniobra para dilatar la entrega de la información.
Manifestó que el gobierno estatal no quiere que se sepan los nombres de las dependencias que no han comprobado sus gastos para que no se pueda calcular el monto real de la deuda pública, por lo que se trata de una táctica dilatoria recurrir a la Corte.
Beaurregard de los Santos, dijo que la reserva de la información requerida fenecerá este mismo año, una vez que sea calificada la cuenta pública del 2010 del Ejecutivo, por lo que si el máximo tribunal del país resuelve el caso mucho antes de que ocurra este proceso “el Congreso no tendría ninguna razón jurídica para no entregar la información”.
Si así ocurriera, la legislatura tendrá que acatar lo que establece la Ley de Transparencia, que es entregar la información a los solicitantes de la misma, agregó la legisladora priista.
Descartó que con la controversia se busca ganar tiempo, dilatar la entrega de la información requerida, sino que se dio como resultado de una discusión que hubo al interior de su bancada acerca de por qué a través del ITAIP se puede ordenar la entrega de información y en el Congreso ésta se encuentra restringida y bajo una serie de filtros que imposibilitan su entrega, como a ella misma ya le pasó con el OSFE.
