En entrevista Hugo Ireta Guzmán, integrante de la Asociación Ecológica Santo Tomás, afirmó que ni al gobierno federal, ni al estatal ni a los municipales, parece preocuparles este asunto de seguridad nacional y salud pública de los habitantes de la entidad, los cuales en el futuro podrían enfrentar escasez de agua apta para el consumo humano.
La falta de atención de los tres niveles de gobierno, podría llevar, en los próximos años al encarecimiento del vital líquido y dificultar, a los pobladores más pobres, a tener acceso a este. La contaminación del agua por descargas residuales, sin las suficientes plantas de tratamiento pero que también sean eficientes, es un problema muy serio, porque sin agua los seres humanos no podemos vivir y es posible que disminuya la cantidad aprovechable para consumo humano.
Ireta Guzmán recordó que en breve será puesto en marcha el proyecto Water Kipper Río Grijalva que consistirá en monitorear en agua de ese río y otros cuerpos de agua para conocer su grado de contaminación, con presupuesto otorgado por la organización internacional Water Kipper.
Dicho proyecto consiste en realizar monitoreos mensuales en el río Grijalva, en un periodo de diez muestras, explicó Expuso que ante la falta de indiferencia de los gobiernos, los ciudadanos y las organizaciones civiles deben impulsar que las autoridades cumplan con la ley en materia de descarga de aguas residuales.
Mencionó que mediante un decreto emitido en 1999, el gobierno federal creó la norma Ecol/99-01, la cual posteriormente se modificó y fue sustituida por la 01Semarnat/ 2000 que viene siendo la misma, pero obligan a los organismos operadores la ratifiquen. Recordó Ireta Guzmán que, dichas normas establecen que para el 2000 los organismos operadores, deberían disponer de cierto número de plantas de tratamiento de aguas negras, no obstante varios gobiernos, incluyendo el de Tabasco, no cumplieron y siguen descargando aguas sin tratamiento y obtener agua superficial de los cuerpos de agua, aún sin reunir los parámetros de calidad.
La primera norma entra en vigor en el 2000, y para el 2003, el gobierno federal hace un último llamado a los gobiernos locales, con el de Tabasco Manuel Andrade Díaz, firma un acuerdo, en el hotel Calinda Viva, quien se compromete a construir cinco planta más de tratamiento de aguas negras en la ciudad de Villahermosa, mencionó. Por su parte, en ese momento afirmó, el gobierno federal promete exentar pago de impuestos a las entidades públicas o privadas que devolvieran el agua en condiciones óptimas a los cuerpos de agua.
El ordenamiento jurídico establece que los gobiernos deben construir plantas de tratamiento en poblaciones con más de 50 mil habitantes. Para ese entonces la ciudad de Villahermosa contaba con más de un millón de habitantes, por lo tanto requería de, por lo menos cinco plantas de tratamiento que son las que Manuel Andrade, como Gobernador del estado prometió.
Otros municipios también rebasaban los 50 mil habitantes, Cárdenas y Comalcalco por ejemplo, dijo.
Manuel Andrade no construyó las cinco plantas que prometió, afirmó, solo reparó una la que operaba en la laguna del Camarón en Gaviotas y construyó otra en Macultepec.
Supuestamente el gobierno federal le daría seguimiento al compromiso del gobierno de Tabasco cuyo plazo era el 2005, pero en realidad no lo hizo. La misma norma establece que después del 2005, los poblados con 25 mil habitantes deben disponer de una planta de saneamiento de aguas residuales, tampoco la cumplió el gobierno del estado, menos la ya entró ó en vigencia a partir del 2010, que obliga a las autoridades responsables del gobierno de Tabasco a instalar una planta de tratamiento de aguas negras en comunidades con una población de 2 mil 500 habitantes. Desde el 2006, aseguró, la Asociación Ecológica Santo Tomás viene denunciando que el gobierno del estado ni los municipales tenían interés en construir plantas de aguas residuales y exhortamos a los dos gobiernos a invertir en estas obras, sin embargo observamos que el gobierno del estado se mantiene ajeno a este problemática, prefiere realizar obras suntuosas o regalar bicicletas
En el 2007 se produce una de las inundaciones más fuertes en el estado, que nos cambia la vida, y desde entonces pareciera que la administración de Andrés Granier solo presta atención a esta y las otras inundaciones que han venido sucediendo, dijo Ireta Guzmán.
Hasta el momento el gobierno estatal sigue entretenido con el problema de las inundaciones y sigue retrasando la atención a problema de las descargas de aguas residuales en los cuerpos de agua del estado, poniendo en grave riesgo las reservas de agua para el consumo humano.
Según información oficial, en el 2007 existen 70 plantas de tratamiento de aguas residuales en todo el estado, en el 2008 se construyen dos plantas más, pero en el 2009 y el 2010 ninguna. Una de ellas por la carretera a Macuspana, a 25 kilómetros de Villahermosa, adelante de la caseta de cobro, la cual seguramente no fue construida para mejorar la situación de contaminación en la capital, sino como parte del proyecto Ciudad Esmeralda del Gobernador. Esas 72 plantas de tratamiento obviamente no son suficientes, sostuvo, pero además hay otro problema, que una gran mayoría de ellas no opera al cien por ciento de eficiencia, ese es el caso de la que funciona en la Laguna del Camarón en Gaviotas o la que se encuentra en la cabecera municipal de Emiliano Zapata, que fue construida en una de las márgenes del río y por lo mismo se encuentra colapsada.
Hemos solicitado información respecto al grado de eficiencia con la que dichas plantas funciona, pero las autoridades guardan total hermetismo.
Como mencionamos, expuso Hugo Ireta, a partir de enero del 2010, entró en vigor el decreto que establece que debe instalarse una planta de tratamiento de aguas negras en cada comunidad de más de 2 mil 500, pero en tabasco los gobiernos municipales no han cumplido ni siquiera con los dos decretos anteriores.
Por lo tanto el rezago en esta materia es abismal, lo que refleja una indiferencia a las afectaciones que pueda producir en la salud de los tabasqueños, dicha situación. “La salud de los tabasqueños está en juego y no se debe comprometer el futuro de los tabasqueños de las nuevas generaciones, con la contaminación que están produciendo esas descargas de aguas residuales a los cuerpos de agua de la entidad”. Para resolver el problema ya no se necesitan foros, sino acciones, el cumplimiento de compromisos, invertir, realizar las obras que se necesitan, abundó.
En cuanto a la obligación de aportar recursos para estas plantas, el licenciado en educación explicó que el gobierno estatal no ha querido desincorporar el manejo y uso del agua a los municipios, por lo que con excepción del Centro, éste está a cargo de SAPAET (Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Tabasco).
Fue precisamente durante el gobierno municipal del Centro de Andrés Granier –antes director de SAPAET- cuando se descentralizó el servicio y fue creado SAS ( Sistema de Agua y Saneamiento). Fu durante la administración de Granier Melo en Sapaet cuando se quejaba de que había encontrado una infraestructura vieja, pero nunca se preocupó por renovarla, porque al parecer fue un negocio personal, el reparar la maquinaria vieja, cuando nuevas podían garantizar más eficiencia,
En ese momento hubo recursos en Sapaet pero se malgastaron y actualmente, en lugar de utilizar recursos para el manejo integral del agua, sigue pidiendo dinero pero para el derroche, regalar bicicletas.
Por otra parte el gobierno federal tiene varios programas y es posible que a través de estos esté dispuesto a invertir en plantas de tratamiento, pero los gobiernos estatal y municipales tienen que aportar su parte y estos se han declarado insolventes.
Eso si están comprometiendo al estado con deudas para otro tipo de obras, como el caso del ayuntamiento del Centro que sus ingresos propios de 130 millones de pesos, acudió a un préstamo para una obra “innecesaria, absurda, incoherente y antipaisajista”, como el Centro de Entretenimiento y Negocios del Malecón (CEMNA), construido también durante las administración de Andrés Granier como alcalde. Llama la atención, dijo Ireta, que el alcalde Jesús Alí, solicitó al Congreso local, autorización para pedir un préstamos de 260 millones de pesos para alcantarillado, no para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales.
-Si los plazos están vencidos ¿por qué las instancias federales de protección al ambiente no han aplicado multas o por lo menos emitido llamados de atención? Se le preguntó al integrante de Santo Tomás.
Es que la política que viene manejando este gobierno federal es también de complicidad y solapamiento a los grandes intereses, por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua ha sido indiferente a la construcción de la megaplaza que se está instalando en la prolongación de la avenida Sandino, en donde se necesitará una planta de tratamiento de aguas residuales para no descargar los desechos hacia la laguna que se encuentra por ahí.
