Gómez Piedra, Elide Moreno y Antonio Ponce, presentan recurso de apelación al fallo de la contraloría del IEPCT

VILLAHERMOSA, TABASCO. 09 DE ABRIL DE 2013.- El consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), Rosendo Gómez Piedra, así como los consejeros Elide Moreno Cáliz y Antonio Ponce, presentaron un recurso de apelación al resolutivo que emitió la contraloría interna de órgano electoral por la adquisición del edificio de periférico.
    El consejero Gómez Piedra, espera que el Tribunal Electoral de Tabasco revoque el resolutivo que emitió la contraloría ya que es una resolución completamente violatoria de derechos fundamentales y garantías procésales “esperemos que la revoque y ordene a la señora que cumpla con el procedimiento y luego emita una resolución completa y apegada a derecho”, explicó
    Asimismo el presidente provisional externó los agravios con los que cuenta dicho resolutivo, “es incongruente y contradictorio dicha resolución, comienza hablando del respeto a la legalidad, seguridad jurídica y presunción de inocencia y termina por omitirlo para hacer un estudio generalizado de presuntas infracciones no acredita uno a uno los elementos con sus respectivas pruebas, o sea la tipicidad”
    Por lo que puntualizó que la contrataría se contradice porque por una parte califican de dolosa las tres conductas imputadas y por otras de culposas, “hay una ambigüedad ahí e incertidumbre jurídica, se dice que faltaron a los principios de tipicidad porque cada uno de las hipótesis legales que nos imputan debieron de haber sido acreditadas uno a uno a sus elementos con sus respectivas pruebas y no se hizo de esa manera sino en forma generalizada”, aclaró.
    Manifestó que el resolutivo radica en violaciones graves al procedimiento por omitir la garantía de audiencia que señala la ley electoral que explica que la contraloría debe de señalar una audiencia para precisar que responsabilidad se imputa a los investigados para que tengan la opción de defenderse, esto después de haber solicitado un informe, audiencia que no fue señalada, sostuvo.    
    Señaló que el último de los agravios consiste en una indebida individualización de sanciones, “de manera generalizada se repartió a diestra y siniestra sanciones sin haber precisado la magnitud y culpabilidad de los presuntos infractores teniendo la obligación la contraloría de hacerlo uno a uno”.