GORROTE EN VEZ DE SOLUCION Lenin Bocanegra Priego
Si bien es cierto que la represión fue una práctica gubernamental que Humberto Mayans Canabal ejerció contra el pueblo cuando fue secretario de gobierno, ello no obliga al actual titular de esa dependencia tener que continuar haciéndolo, porque se están violentando sistemáticamente las garantías constitucionales y los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna que establecen, entre otras cosas, el derecho al trabajo, a las libres ideas, a la petición y a asociarse y reunirse pacíficamente. Como recordatorio, trascribimos el segundo párrafo del artículo 9o que a la letra dice:”
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta, una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad…” Hasta ahora, no se tiene conocimiento que los estudiantes del Tecnológico de Macuspana, los vendedores ambulantes del mercado Pino Suárez y los jóvenes manifestantes que se encontraban plantados en Plaza de Armas, hayan significado un peligro latente para la seguridad de la población o de las instituciones o que con sus voces y justos reclamos hayan ofendido de algún modo a las autoridades, como para que fueran represados y encarcelados por la fuerza pública estatal. Siempre hemos sostenido que en un país democrático como el nuestro el diálogo debe ser la única vía para solucionar los reclamos sociales, sobre todo cuando éstos están justificados porque emanan y se producen, precisamente, de la incapacidad del estado de solucionar las necesidades poblacionales.
Exigir claridad y transparencia en el manejo de los dineros públicos; ejercer el derecho al trabajo; o pedir mejores condiciones educativas son derechos que otorga a los mexicanos la Constitución General de la República. Protestar o tomar las calles para exigir respuestas a esos reclamos de ningún modo constituye un delito ni faltas a los reglamentos administrativos, porque esas acciones no violan ningún precepto penal ni atentan contra la moral y a las buenas costumbres. Por eso pensamos que el Gobierno del Estado se ha extralimitado al ordenar represión y cárcel a los manifestantes, sobre todo cuando se trata de jóvenes o indígenas, pues es vez del garrote debe emplearse el inagotable recurso del diálogo.
A este respecto, la responsabilidad recae en quien tiene a su cargo el manejo de la política interna del Estado. Una buena política pública consistiría en darle respuestas a esos reclamos sociales, porque lo menos que los tabasqueños, principalmente los jóvenes, podemos esperar de las autoridades es tolerancia y respeto y en vez de ello están avasallando sus derechos constitucionales. Al parecer, lo que le ha faltado a los servidores públicos que tienen a su cargo atender los reclamos sociales y las protestas públicas, es humildad. Pero en vez de ello impera la arrogancia, que fue heredad del hoy candidato a diputado federal del Partido Verde Ecologista. Pero como el pueblo tiene memoria, con seguridad le van a cobrar la factura este próximo primero de julio.
Basta ya de ofender con políticas públicas represivas a la sociedad tabasqueña, principalmente a los jóvenes, sobre todo cuando sus reclamos tienen fundamento. No olvidemos que detrás de cada protesta hay el antecedente de una petición o solicitad no atendida o el incumplimiento de un compromiso. En las más de las veces, el reclamo y la protesta pública se dan para hacerse escuchar o llamar la atención de las autoridades, ante la incapacidad de éstas de atender y darle la debida solución a los problemas. Parece mentira que por cosas aparentemente sencillas pero importantes para los afectados, como lo son la falta de un maestro o la insuficiencia de un servicio, los ciudadanos tengan que cerrar o bloquear una calle para que se les escuche y atienda. *Presidente de la Asociación de Abogados Progresistas [email protected]
No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta, una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad…” Hasta ahora, no se tiene conocimiento que los estudiantes del Tecnológico de Macuspana, los vendedores ambulantes del mercado Pino Suárez y los jóvenes manifestantes que se encontraban plantados en Plaza de Armas, hayan significado un peligro latente para la seguridad de la población o de las instituciones o que con sus voces y justos reclamos hayan ofendido de algún modo a las autoridades, como para que fueran represados y encarcelados por la fuerza pública estatal. Siempre hemos sostenido que en un país democrático como el nuestro el diálogo debe ser la única vía para solucionar los reclamos sociales, sobre todo cuando éstos están justificados porque emanan y se producen, precisamente, de la incapacidad del estado de solucionar las necesidades poblacionales.
Exigir claridad y transparencia en el manejo de los dineros públicos; ejercer el derecho al trabajo; o pedir mejores condiciones educativas son derechos que otorga a los mexicanos la Constitución General de la República. Protestar o tomar las calles para exigir respuestas a esos reclamos de ningún modo constituye un delito ni faltas a los reglamentos administrativos, porque esas acciones no violan ningún precepto penal ni atentan contra la moral y a las buenas costumbres. Por eso pensamos que el Gobierno del Estado se ha extralimitado al ordenar represión y cárcel a los manifestantes, sobre todo cuando se trata de jóvenes o indígenas, pues es vez del garrote debe emplearse el inagotable recurso del diálogo.
A este respecto, la responsabilidad recae en quien tiene a su cargo el manejo de la política interna del Estado. Una buena política pública consistiría en darle respuestas a esos reclamos sociales, porque lo menos que los tabasqueños, principalmente los jóvenes, podemos esperar de las autoridades es tolerancia y respeto y en vez de ello están avasallando sus derechos constitucionales. Al parecer, lo que le ha faltado a los servidores públicos que tienen a su cargo atender los reclamos sociales y las protestas públicas, es humildad. Pero en vez de ello impera la arrogancia, que fue heredad del hoy candidato a diputado federal del Partido Verde Ecologista. Pero como el pueblo tiene memoria, con seguridad le van a cobrar la factura este próximo primero de julio.
Basta ya de ofender con políticas públicas represivas a la sociedad tabasqueña, principalmente a los jóvenes, sobre todo cuando sus reclamos tienen fundamento. No olvidemos que detrás de cada protesta hay el antecedente de una petición o solicitad no atendida o el incumplimiento de un compromiso. En las más de las veces, el reclamo y la protesta pública se dan para hacerse escuchar o llamar la atención de las autoridades, ante la incapacidad de éstas de atender y darle la debida solución a los problemas. Parece mentira que por cosas aparentemente sencillas pero importantes para los afectados, como lo son la falta de un maestro o la insuficiencia de un servicio, los ciudadanos tengan que cerrar o bloquear una calle para que se les escuche y atienda. *Presidente de la Asociación de Abogados Progresistas [email protected]
