Granier pretende quemar sus pecados

Villahermosa, Tabasco, 22 de octubre.- El diputado del PRD, Juan José Martínez Pérez, denunció que “están en curso algunos planes para quebrantar el orden legal de la administración pública y perturbar los alcances del proceso entrega-recepción que será la base de la transición” para el gobierno que encabezará, a partir del 2013, Arturo Núñez Jiménez, gobernador electo. Afi rmó que “actores” del gobierno y del PRI están extrayendo y eliminando “información valiosa” de varias secretarías y de órganos desconcentrados de la administración pública estatal y que para ocultar esta destrucción documental se está ideando provocar un incendió en la bodega del archivo general del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) donde se halla resguardada toda la información y auditorías aplicadas a las cuentas públicas de los tres poderes del estado. El legislador perredista aprovechó el espacio que le abrieron en el principal programa radiofónico de Tabasco, “Telereportaje”, que se transmite por la XEVT, para denunciar también que se pretende basifi car mil plazas “para dar espacio” a igual número de operadores electorales que trabajaron para el PRI en la pasada contienda electoral del primero de julio. Aseguró que ese “plan de sindicalización” lo encabeza el ex subsecretario de Gobierno y actual directivo del PRI estatal, Juan Molina Becerra, que tiene como propósito “perpetuar en sus funciones y cargos de incondicionales informantes que le servirán para infi ltrar los proyectos estratégicos del gobierno de la alternancia”. A temprana hora, Martínez Pérez utilizó los micrófonos del “periódico del aire” para señalar directamente al subsecretario de Delegaciones Políticas y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobierno, Andrés Madrigal Hernández, de encabezar estas “acciones soterradas” y lo acusó de ser el responsable directo de “la destrucción progresiva y ordenada de la información política importante” de esas dependencia. Dijo que al secretario técnico de la SEGOB, David Solano Beltrán, se le asignó la tarea de supervisar la extracción y eliminación de información valiosa en el resto de las secretarías, órganos descentralizados y desconcentrados de la administración pública estatal. Indicó que para justifi car está destrucción de documentos ofi ciales se pretende provocar un incendio en la bodega donde se resguarda el archivo general del OSFE que se ubican en la salida a Teapa, donde “se almacena y custodia la información de los informes técnicos y fi nancieros, las auditorias aplicadas y cuentas públicas, tanto de los tres poderes del estado, como de los órganos autónomos, que son de un valor relevante en los procedimientos de responsabilidades administrativas y las acciones resarcitorias en contra de funcionarios que han causado daño al erario público”. Por ello, sostuvo Martínez Pérez, responsabilizo al gobierno estatal “de cualquier intención aviesa que perjudique de forma parcial o general el archivo documental y magnético de las cuentas públicas” y exigió a la Secretaría de Seguridad Pública “que de inmediato instrumente un resguardo político, policial especial del inmueble del archivo general del OSFE, así como del edifi cio sede del mismo que se encuentra en la colonia Del Bosque, en cumplimiento a la obligación que posee este órgano de gobierno legislativo”. El legislador perredista dijo que el gobierno y su partido también tienen planeado ocupar mil plazas para colocar a incondicionales y operadores electorales para que desde al interior de la administración estatal realizar acciones de desestabilización. “Al respecto, es irónico observar que el gobierno del Estado despidió a cerca de cinco mil trabajadores en el 2009 en el marco de la llamada reingeniería gubernamental y que ahora en esta coyuntura ninguna de ellos han tenido la legitima oportunidad de ser recontratados pese a los derechos laborales que poseían y a sus años de antigüedad, lo que contraviene las leyes en la materia.” Simultáneament e , agregó, en varias dependencias están re-categorizando trabajadores de confi anza, para ubicarlos en plazas de base y otorgarles derecho de sindicalización, a través de procedimientos, reducirles el salario hasta donde sea permisible legalmente y cambiando sus funciones; Operación que violenta los derechos de los trabajadores de base y la organización de sus sindicatos. Aseguró que particularmente en la SEP se han detectado acciones de manipulación de tabulador de sueldos y están otorgando mejores salarios en benefi cio de un determinado número de empleados de confi anza quienes ya se encontraban en la nómina de dicha dependencia, aunque en realidad hacían trabajo electoral encubierto a favor del PRI en perjuicio de los derechos de los trabajadores del sector quienes son los responsables de la operación de los programas educativos. “Finalmente, queremos alertar a la opinión pública de un plan de sindicalización de trabajadores de confi anza de la administración estatal que lo encabeza Juan Molina Becerra ex funcionario de la Segob y quien sigue controlando diversas áreas de dicho Organismo a través de Javier Pavón Bernat subsecretario de Gobierno y desarrollo político”, puntualizó. JUAN MANUEL DIEGO VILLAHERMOSA, TABASCO. 22 DE OCTUBRE DE 2012. La administración de Andrés Granier Melo y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) negaron que pretendan quemar documentación ofi cial antes de que Arturo Núñez Jiménez asuma el gobierno el próximo primero de enero. Andrés Madrigal Hernández, subsecretario de Delegaciones Políticas y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobierno, califi có de “temerarias” las acusaciones del diputado del PRD, Juan José Martínez Pérez, quien lo involucró en un supuesto plan para incinerar información que delata irregularidades del ofi cialismo. Martínez Pérez señaló que Madrigal Hernández y el secretario técnico del área que éste encabeza, David Solano Beltrán, tienen la encomienda de provocar un incendio en la bodega del Archivo General del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) para que se queme toda documentación que contiene información de los ejercicios presupuestales de la administración de Andrés Granier Melo, incluyendo pruebas de las irregulares que han marcado este sexenio. El funcionario reviró que niega “rotundamente esa afi rmación” del perredista, al que pidió que presente las pruebas de sus acusaciones, y aseguró que está dispuesto a comparecer. La acusación de Martínez “me afecta en lo profesional, en lo administrativo, en razón de la responsabilidad que tengo y desde luego como parte de un equipo de trabajo”, señaló Madrigal Hernández. El subsecretario de Gobierno manifestó que la administración de Andrés Granier Melo está respetando la ley de archivo público, la cual rige el manejo de la documentación. Comentó que son principalmente las direcciones Jurídica y de Administración las responsables del manejo de la documentación en la Secretaría de Gobierno. Atribuyó los señalamientos de Martínez a la emoción que provoca la alternancia en algunos, y por eso quieren hacer protagonismo para llamar la atención inventando infundios. Por su parte, el presidente estatal del PRI, Francisco Herrera León, criticó a los que caen en chismes, rumores y especulaciones, y les pidió datos duros, pues aumentar la “rumorología