VILLAHERMOSA, TABASCO. 24 DE SEPTIEMBRE DE 2010. Las expresiones del primer visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis García López Guerrero, en relación a que al organismo le preocupa la “indolencia” de las autoridades frente a los perjuicios que vienen sufriendo habitantes de las comunidades en que se abrieron canales de alivio, causaron molestia al gobierno del estado y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Ayer, funcionarios de los gobiernos federal y estatal salieron a dar una rueda de prensa conjunta en la que exigieron a la CNDH que guarde la más “estricta reserva” en sus declaraciones mientras no concluya su investigación, y le aclararon que son ellos quienes tienen el manejo de las inundaciones que está padeciendo la entidad.
“Todas las acciones que el gobierno federal y estatal han instrumentado para resguardar la vida y el patrimonio de las personas ante las lluvias atípicas que se han presentado desde junio pasado, se han realizado y se realizarán privilegiando el diálogo, la conciliación y respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos tabasqueños, lo que ha incluido la evacuación oportuna y concertada de zonas de amenaza inminente y alto riesgo”. Asimismo, cuando las circunstancias así lo han ameritado se ha procedido a la reubicación temporal y permanente de las personas y sus bienes en zonas libres de amenaza”, leyó el titular de la Consejería Jurídica de la administración de Andrés Granier Melo, Miguel Alberto Romero Pérez, a nombre de ambos niveles públicos.
En un documento de cuatro puntos, expresaron que los gobiernos federal y estatal están en la mejor “disponibilidad” de proporcionar a la CNDH toda la información que requiera “en el momento en que el organismo lo considere oportuno conforme los tiempos previstos para tales efectos”, al reprochar que el único conocimiento que tienen de la presencia de brigadas de la institución autónoma en el estado es a través de los medios de comunicación.
En consecuencia, indicaron, “solicitamos respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sujeten su investigación al marco normativo que los rige y guarden la más estricta reserva de los asuntos a su cargo, hasta en tanto no se hayan concluido los resultados de dicha investigación”.
Preocupa a CNDH “indolencia”de gobierno frente a afectados por apertura de canales
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tomará medidas rápidas y enérgicas para exigir al gobierno del estado y Conagua que adopten acciones para salvaguardar el patrimonio, la seguridad y la salud de la población afectada por la apertura de canales de alivio en comunidades del municipio de Centro, adelantó el jueves Luis García López Guerrero, primer visitador del organismo.
En una reunión en la sede de la representación local del organismo, el funcionario de la CNDH escuchó una serie de fuertes reclamos contra el gobierno de Andrés Granier Melo y la Conagua que hicieron decenas de habitantes de la zona indígena-chontal de Tamulté de las Sabanas, que se han visto afectados por la ruptura del tramo de más de 200 metros que va de Boca de Escoba a Chilapa, así como de otras comunidades en las que se abrieron canales de alivio.
Tras escuchar los señalamientos de los pobladores en relación a la forma arbitraria en que el gobierno del estado usó la fuerza pública para desalojar habitantes de los Acachapan, El Tintillo, y otras de las 51 localidades afectadas que presentaron quejas ante la CNDH, además de que no se les quiere indemnizar de forma justa, de que sus hijos se han visto perjudicados porque no pueden asistir a las escuelas inundadas, de que hay riesgos de que se presenten brotes epidemiológicos, y de que la atención en los insuficientes albergues es de mala calidad, López Guerrero calificó de insensibles a las autoridades.
“Son muchos los agravios” que me están expresando, provocados por la “indolencia” de las autoridades, expresó el visitador, al manifestar que en su momento el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, habrá de emitir una resolución.
Advirtió que la CNDH investigará uno a uno los casos de los afectados, y donde haya violaciones a sus derechos humanos, se va a hacer saber. Con la información que me llevo tengo un contexto más amplio sobre lo que está pasando, se lo comentaré al titular del organismo para que emita una decisión, comentó.
Manifestó que brigadas de la CNDH siguen recorriendo las comunidades para constatar la situación y tomar los testimonios de los afectados, los cuales también servirán de base para la resolución del organismo.
“Lo que a la comisión nos preocupa es la indolencia de las autoridades frente a las victimas. Aquí hay victimas de la indolencia de las autoridades. En este contexto hay victimas que se están doliendo de diferentes aspectos, de sus bienes, de su ganado, de sus tierras, de sus cultivos, de la educación de sus hijos. No estamos hablando de un sólo aspecto, entonces es importante que nosotros en la CNDH como defensores de los derechos de las personas, como defensores de las victimas”, estamos obligados a salvaguardar las garantías de la gente, sostuvo.
Expresó que hay elementos para que la CNDH actúe de forma rápida y efectiva, y dijo no saber qué decisión va a tomar finalmente el ombudsman, quien en breve estará en la entidad para hablar de los avances en las investigaciones.
En tanto, algunos inconformes puntualizaron que el asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), Efraín Rodríguez León, fue amenazado por la fuerza pública cuando visitó la comunidad de Medellín para escuchar testimonios de la gente afectada, y así se lo hizo saber a un funcionario de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que está aquí.
Ayer, funcionarios de los gobiernos federal y estatal salieron a dar una rueda de prensa conjunta en la que exigieron a la CNDH que guarde la más “estricta reserva” en sus declaraciones mientras no concluya su investigación, y le aclararon que son ellos quienes tienen el manejo de las inundaciones que está padeciendo la entidad.
“Todas las acciones que el gobierno federal y estatal han instrumentado para resguardar la vida y el patrimonio de las personas ante las lluvias atípicas que se han presentado desde junio pasado, se han realizado y se realizarán privilegiando el diálogo, la conciliación y respetando los derechos fundamentales de los ciudadanos tabasqueños, lo que ha incluido la evacuación oportuna y concertada de zonas de amenaza inminente y alto riesgo”. Asimismo, cuando las circunstancias así lo han ameritado se ha procedido a la reubicación temporal y permanente de las personas y sus bienes en zonas libres de amenaza”, leyó el titular de la Consejería Jurídica de la administración de Andrés Granier Melo, Miguel Alberto Romero Pérez, a nombre de ambos niveles públicos.
En un documento de cuatro puntos, expresaron que los gobiernos federal y estatal están en la mejor “disponibilidad” de proporcionar a la CNDH toda la información que requiera “en el momento en que el organismo lo considere oportuno conforme los tiempos previstos para tales efectos”, al reprochar que el único conocimiento que tienen de la presencia de brigadas de la institución autónoma en el estado es a través de los medios de comunicación.
En consecuencia, indicaron, “solicitamos respetuosamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sujeten su investigación al marco normativo que los rige y guarden la más estricta reserva de los asuntos a su cargo, hasta en tanto no se hayan concluido los resultados de dicha investigación”.
Preocupa a CNDH “indolencia”de gobierno frente a afectados por apertura de canales
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tomará medidas rápidas y enérgicas para exigir al gobierno del estado y Conagua que adopten acciones para salvaguardar el patrimonio, la seguridad y la salud de la población afectada por la apertura de canales de alivio en comunidades del municipio de Centro, adelantó el jueves Luis García López Guerrero, primer visitador del organismo.
En una reunión en la sede de la representación local del organismo, el funcionario de la CNDH escuchó una serie de fuertes reclamos contra el gobierno de Andrés Granier Melo y la Conagua que hicieron decenas de habitantes de la zona indígena-chontal de Tamulté de las Sabanas, que se han visto afectados por la ruptura del tramo de más de 200 metros que va de Boca de Escoba a Chilapa, así como de otras comunidades en las que se abrieron canales de alivio.
Tras escuchar los señalamientos de los pobladores en relación a la forma arbitraria en que el gobierno del estado usó la fuerza pública para desalojar habitantes de los Acachapan, El Tintillo, y otras de las 51 localidades afectadas que presentaron quejas ante la CNDH, además de que no se les quiere indemnizar de forma justa, de que sus hijos se han visto perjudicados porque no pueden asistir a las escuelas inundadas, de que hay riesgos de que se presenten brotes epidemiológicos, y de que la atención en los insuficientes albergues es de mala calidad, López Guerrero calificó de insensibles a las autoridades.
“Son muchos los agravios” que me están expresando, provocados por la “indolencia” de las autoridades, expresó el visitador, al manifestar que en su momento el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, habrá de emitir una resolución.
Advirtió que la CNDH investigará uno a uno los casos de los afectados, y donde haya violaciones a sus derechos humanos, se va a hacer saber. Con la información que me llevo tengo un contexto más amplio sobre lo que está pasando, se lo comentaré al titular del organismo para que emita una decisión, comentó.
Manifestó que brigadas de la CNDH siguen recorriendo las comunidades para constatar la situación y tomar los testimonios de los afectados, los cuales también servirán de base para la resolución del organismo.
“Lo que a la comisión nos preocupa es la indolencia de las autoridades frente a las victimas. Aquí hay victimas de la indolencia de las autoridades. En este contexto hay victimas que se están doliendo de diferentes aspectos, de sus bienes, de su ganado, de sus tierras, de sus cultivos, de la educación de sus hijos. No estamos hablando de un sólo aspecto, entonces es importante que nosotros en la CNDH como defensores de los derechos de las personas, como defensores de las victimas”, estamos obligados a salvaguardar las garantías de la gente, sostuvo.
Expresó que hay elementos para que la CNDH actúe de forma rápida y efectiva, y dijo no saber qué decisión va a tomar finalmente el ombudsman, quien en breve estará en la entidad para hablar de los avances en las investigaciones.
En tanto, algunos inconformes puntualizaron que el asesor jurídico del Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Codehutab), Efraín Rodríguez León, fue amenazado por la fuerza pública cuando visitó la comunidad de Medellín para escuchar testimonios de la gente afectada, y así se lo hizo saber a un funcionario de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que está aquí.
