VILLAHERMOSA, TABASCO, 26 DE SEPTIEMBRE DE 2010.- El senador del PRD, Arturo Núñez Jiménez, deploró que el gobierno de Andrés Granier Melo y la Conagua hayan cuestionado la investigación que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en torno a la queja que habitantes de varias comunidades de la entidad presentaron por la apertura de las ventanas de alivio que afectaron sus propiedades y patrimonio.
Ahora resulta, dijo que “los patos le tiran a las escopetas”, y aseguró que “los que están violando los derechos humanos de muchos tabasqueños están reclamando a la institución encargada de protegerlos, que se apegue a la ley cuando ellos no lo están haciendo”. Estimó que, con esa actitud de descalificación, el gobierno estatal y la Conagua “se están poniendo el parche” antes que la CNDH emita su recomendación, la cual no dudó será favorable para los afectados.
Seguramente saben cómo han actuado y por dónde viene la recomendación, agregó Núñez Jiménez, quien reconoció el trabajo realizado por el organismo humanitario. Yo no tengo ninguna duda del desempeño apegado a derecho de la CNDH, expuso.
Indicó que, conforme al procedimiento, el organismo defensor de los derechos humanos tendrá que escuchar a la parte acusada, es decir al gobierno estatal, a la CFE y a la Conagua, además de las pruebas y testimonios que recogido en su inspección directa sobre la queja presentada.
En entrevista, el senador perredista consideró que, “a la vista de estas atrocidades cometidas in situ” por las autoridades estatales y federales, al momento en que están ocurriendo, “puede llegar una recomendación que salvaguarde el derecho de muchas personas que han sido afectadas por este modo precipitado, no planificado, hecho sobre las rodillas, del procedimiento de reacomodo de la gente.”
Núñez Jiménez criticó también que a la fuerza se quiera sacar a las personas de sus viviendas como han sido amenazadas en la ranchería Miguel Hidalgo del municipio de Centro.
Expresó que no se puede proceder de ese modo, sobre todo cuando han vivido en esa ranchería durante muchos años, pagan energía eléctrica, predial y agua potable, e indicó que, “de alguna manera, diversas autoridades oficiales las han legitimado” como posesionarios de sus predios.
Señaló que, para desalojarlos, ya sea por cuestiones de seguridad o por otra razón, se tiene que actuar conforme a procedimientos de ley, lo cual no se ha hecho, y proceder con la debida oportunidad, que tampoco se ha hecho. “No puede ser que lleguen en la noche intimidando a la gente, que digan que todo ha sido concertado, y estamos recogiendo testimonios de muchos afectados que me muestran sus viviendas donde ya les pasaron una notificación que deben desalojar y reacomodarse en la unidad habitacional Bicentenario, porque van a demoler sus casas, esto no es un procedimiento legal”.
Vamos, ahora resulta que lo mejor que ha hecho el gobierno de Granier, añadió, “y lo digo en plan irónico”, es el (desalojo) de Casa Blanca, ahí medió previamente un decreto expropiatorio y un trabajo de varios meses para persuadir a la población de retirarse y, con base a ese decreto, usar hasta la fuerza pública”, tal como sucedió con los que no querían salirse de sus casas.
Manifestó que eso no ha ocurrido en la ranchería Miguel Hidalgo, sino que el gobierno simplemente les ha hecho llegar a la gente una “notificación administrativa” para decirles que se tienen que ir de la noche a la mañana, lo cual es muy criticable esa postura.
Ahora resulta, dijo que “los patos le tiran a las escopetas”, y aseguró que “los que están violando los derechos humanos de muchos tabasqueños están reclamando a la institución encargada de protegerlos, que se apegue a la ley cuando ellos no lo están haciendo”. Estimó que, con esa actitud de descalificación, el gobierno estatal y la Conagua “se están poniendo el parche” antes que la CNDH emita su recomendación, la cual no dudó será favorable para los afectados.
Seguramente saben cómo han actuado y por dónde viene la recomendación, agregó Núñez Jiménez, quien reconoció el trabajo realizado por el organismo humanitario. Yo no tengo ninguna duda del desempeño apegado a derecho de la CNDH, expuso.
Indicó que, conforme al procedimiento, el organismo defensor de los derechos humanos tendrá que escuchar a la parte acusada, es decir al gobierno estatal, a la CFE y a la Conagua, además de las pruebas y testimonios que recogido en su inspección directa sobre la queja presentada.
En entrevista, el senador perredista consideró que, “a la vista de estas atrocidades cometidas in situ” por las autoridades estatales y federales, al momento en que están ocurriendo, “puede llegar una recomendación que salvaguarde el derecho de muchas personas que han sido afectadas por este modo precipitado, no planificado, hecho sobre las rodillas, del procedimiento de reacomodo de la gente.”
Núñez Jiménez criticó también que a la fuerza se quiera sacar a las personas de sus viviendas como han sido amenazadas en la ranchería Miguel Hidalgo del municipio de Centro.
Expresó que no se puede proceder de ese modo, sobre todo cuando han vivido en esa ranchería durante muchos años, pagan energía eléctrica, predial y agua potable, e indicó que, “de alguna manera, diversas autoridades oficiales las han legitimado” como posesionarios de sus predios.
Señaló que, para desalojarlos, ya sea por cuestiones de seguridad o por otra razón, se tiene que actuar conforme a procedimientos de ley, lo cual no se ha hecho, y proceder con la debida oportunidad, que tampoco se ha hecho. “No puede ser que lleguen en la noche intimidando a la gente, que digan que todo ha sido concertado, y estamos recogiendo testimonios de muchos afectados que me muestran sus viviendas donde ya les pasaron una notificación que deben desalojar y reacomodarse en la unidad habitacional Bicentenario, porque van a demoler sus casas, esto no es un procedimiento legal”.
Vamos, ahora resulta que lo mejor que ha hecho el gobierno de Granier, añadió, “y lo digo en plan irónico”, es el (desalojo) de Casa Blanca, ahí medió previamente un decreto expropiatorio y un trabajo de varios meses para persuadir a la población de retirarse y, con base a ese decreto, usar hasta la fuerza pública”, tal como sucedió con los que no querían salirse de sus casas.
Manifestó que eso no ha ocurrido en la ranchería Miguel Hidalgo, sino que el gobierno simplemente les ha hecho llegar a la gente una “notificación administrativa” para decirles que se tienen que ir de la noche a la mañana, lo cual es muy criticable esa postura.
