Granier y Sáiz buscan “politizar” el proceso

VILLAHERMOSA, TABASCO. 05 DE JUNIO DE 2013. Decir que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no está siguiendo los procedimientos correctos en los citatorios contra ex funcionarios, es parte de una estrategia del ex gobernador Andrés Granier Melo, del ex secretario de Administración y Finanzas, José Manuel Sáiz Pineda, y de otros quienes estuvieron involucrados en el desfalco al estado en el sexenio pasado, advirtió el mandatario Arturo Núñez Jiménez.
    También denunció que Granier Melo, Sáiz Pineda y compañía pretenden “politizar” el proceso legal que se les sigue, declarándose perseguidos políticos.
    El gobernador aclaró que la PGJE ha actuado de manera legal en los citatorios a ex funcionarios, quienes se han negado a comparecer, entre ellos el ex gobernador y el ex secretario de Administración y Finanzas, que han alegado que no se les notificó oficialmente.
    Según ha dicho el procurador Fernando Valenzuela Pernas, en el caso de Granier sus trabajadores de la casa que tiene en el Campestre, se negaron a firmar de recibida la notificación, sin embargo se hizo público que el ex mandatario tenía que comparecer ante la autoridad, y de eso dieron cuenta diversos medios de comunicación,
    Núñez Jiménez señaló que los ex funcionarios involucrados en el quebranto a Tabasco “van a encontrarle defectos a todo, pero los procedimientos de ley que están en el código (penal) se van aplicando” conforme a lo establecido. “Hemos sido muy cuidadosos en las medidas que hemos tomado y ellos pretenderán desacreditarlo todo como parte de su estrategia”.
    “Incluso (Granier y Sáiz) han querido politizar el asunto diciéndose perseguidos políticos, pero ellos tendrán todas las garantías que establece el llamado debido proceso para presentar sus alegatos. Justamente estos citatorios tienen el propósito de decirles de qué se les acusa, de conocer sus respuestas, sus argumentaciones y sus pruebas, para poder decidir qué hacer con la denuncia respecto de ellos”, expresó Núñez, quien fue entrevistado al finalizar la sesión del Congreso del Estado, a donde acudió como invitado a la entrega de la “Medalla al Merito para la Defensa del Medio Ambiente 2013” al grupo ciudadano Jornaleras y Jornaleros de Limpieza a la Laguna de las Ilusiones.
    El mandatario comentó que se está caminando en la averiguación y en su momento el procurador dará a conocer los avances. Por lo pronto, añadió, se siguen desahogando las diligencias.
    Ayer le tocaba a Sáiz, que no llegó, y habrá un nuevo citatorio al ex gobernador “de tal manera que las cosas se van desahogando conforme al procedimiento de ley”, agregó.
    Recomendó a los ex funcionarios que aprovechen la oportunidad de exponer su postura ante la procuraduría, y garantizó a los tabasqueños que “no habrá impunidad, sea quien sea el responsable” del quebranto al estado en el sexenio pasado.
     “Está en sus manos el poder utilizar todas sus garantías del estado de derecho”, dijo.
    Reiteró el “valioso” apoyo que “por convicción y mandato de ley” está proporcionando el gobierno federal en este tema que involucra fondos nacionales, y confirmó que también hay ofrecimientos de colaboración de la embajada de Estados Unidos en lo relacionado con las visas, indagación de propiedades y localización de personas.
    Señaló que en el proceso contra ex funcionarios también se está buscando que se recupere para las arcas estatales lo que se llevaron.
    Dijo: “Parte de los resolutivos a los que puede llegar el juez de la causa es la recuperación del patrimonio dañado al estado, concretamente al gobierno, y que éste puede confiscarse los bienes, las cuentas de quienes finalmente resulten culpables. Pero bueno, este es un largo procedimiento”.
    La recuperación de los bienes y recursos del estado “es parte de lo que estamos buscando”, comentó.
     Puntualizó que la demanda en su contra interpuesta ante la Procuraduría General de la República (PGR) por abogados de Marlis Cupil, colaboradora de Sáiz, quienes acusaron que su clienta fue torturada para que declarara sobre la existencia de 88.5 millones de pesos en efectivo en un inmueble de su propiedad, busca efectos “mediáticos”.