En graves riesgos migrantes y defensoras de DH en Tenosique: Misión Civil
Las condiciones de vida de las y los desplazados son reflejo de una crisis humanitaria, agravada por las condiciones climáticas y las inundaciones en la zona, manifestaron
VILLAHERMOSA.TAB. A 21 OCT 2012/ Las personas desplazadas de la comunidad guatemalteca de Nueva Esperanza, migrantes y defensoras de derechos humanos, corren graves riesgos en Tenosique, denunciaron representantes de las diez organizaciones mexicanas y guatemaltecas que integran la Misión Civil de Observación, la cual ayer concluyó su visita por ese municipio.
Mediante un comunicado de prensa, la Misión informó que este 21 de octubre, se cumplieron 60 días del desalojo de la comunidad Nueva Esperanza, municipio de La Libertad, departamento del Petén, Guatemala, quienes se encuentran en situación de desplazamiento forzado y viven en un improvisado campamento en la comunidad de Nuevo Progreso, Tenosique, Tabasco.
Las condiciones de vida de las y los desplazados constatadas por la Misión Civil de Observación, son reflejo de una crisis humanitaria, agravada por las condiciones climáticas y las inundaciones en la zona.
Casi 300 personas de las cuales 115 son niños, niñas o adolescentes, están viviendo a la intemperie, cuando deberían gozar de una especial protección, dice el comunicado.
No obstante que en este conflicto bilateral ambos gobiernos tienen el deber de asistir humanitariamente a la población, porque es derecho de una población desplazada, hasta este momento la comunidad de Nuevo Progreso es la que les ha acogido y la asistencia que reciben proviene principalmente de pobladores vecinos y de las iglesias tanto de México como de Guatemala.
Integrantes de la Misión, durante una entrevista con el cónsul de Guatemala en Tenosique, expusieron que para esa agrupación constituye un motivo de gran preocupación la intención de justificar el desplazamiento atribuyéndole, a las y los desplazados, la comisión de ilícitos sin pruebas contra ellos.
Más grave resulta, sostuvieron, que dicho desalojo se haya efectuado mientras se llevaban a cabo las mesas de negociación entre el gobierno de Guatemala y la comunidad posteriormente desalojada.
Aun cuando hay mesas de diálogo y se han realizado cuatro reuniones, dice el escrito, la percepción de las y los desplazados, de acuerdo a sus testimonios, es que el gobierno guatemalteco está aplazando el conflicto con la finalidad de desgastar a la gente y evitar el retorno a sus tierras. Las mesas de negociación no han llevado a una solución viable a la crisis.
La Misión Civil de Observación, prosigue, no desconoce el actual contexto electoral de Guatemala “y nos preocuparía que el gobierno estuviera privilegiando intereses relacionados con estos procesos antes que una solución a la crítica situación en la que están decenas de familias”.
Menciona que las condiciones de los desplazados, migrantes, defensoras y defensores son la preocupación y la razón de esta Misión Civil de Observación, que concluyó su visita in situ este viernes.
De hecho esta Misión se constituyó alarmada por diversos incidentes de hostigamiento y amenazas contra integrantes del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta y contra colaboradores de La 72, Hogar Refugio para personas migrantes, ambos en Tenosique.
La Misión, conformada por diez organizaciones de derechos humanos, se entrevistó con autoridades municipales, estatales, federales relacionadas con la migración y con los actos de hostigamiento contra defensores.
De manera preliminar, hace públicos algunos puntos de gran preocupación,
Pudo constatar la situación de vulnerabilidad y riesgo que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos, en particular aquellas que se encuentran trabajando a favor de las personas migrantes.
Como el propio relator de trabajadores migrantes y sus familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en el informe preliminar publicado después de su reciente visita a México, los defensores de migrantes, a sus tareas suman la de “combatir la negligencia de las autoridades al denunciar hechos en el ámbito penal y público asumiendo con ello las consecuentes amenazas y riesgos a la vida y a la integridad.”
La Misión quiere recalcar, dice, que la mejor garantía y protección para las y los defensores la constituye el combate contra la impunidad.
“Especial preocupación causa que la CNDH no haya concluido en recomendación ninguna de las quejas presentadas de 2010 a la fecha contra autoridades de migración, así como el hecho de que las autoridades estatales y municipales incumplan las medidas cautelares otorgadas por la CNDH a favor de los defensores, así como la pasividad del organismo público nacional de derechos humanos para exigir su cumplimiento”.
Menciona el comunicado que el comandante de la 38 zona militar reconoció su responsabilidad en la reciente retención y hostigamiento contra Fray Tomás González, Rubén Figueroa y otras personas que los acompañaban, no obstante hasta la fecha no se ha castigado a ninguno de los responsables.
La Misión exige a las autoridades actuar de acuerdo con la Declaración Sobre el Derecho de las Personas, los Grupos y las instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos, garantizando a las y los defensores las condiciones para desarrollar su trabajo.
No obstante la nueva ley de migración y la reciente depuración del Instituto Nacional de Migración, destaca, los testimonios de las y los migrantes reflejan la extorsión por parte de la policía municipal y autoridades de migración y la tolerancia a la explotación infantil, lo cual se pudo constatar en la denuncia de varios actores.
Ante las críticas condiciones a las que se enfrentan desplazados, migrantes, defensoras y defensores en Tenosique, la Misión Civil de Observación, al concluir su visita “in situ” hace las siguientes exigencias inmediatas, de manera preliminar a los gobiernos de México y Guatemala:
Establecer las medidas necesarias para garantizar la vida digna de la comunidad guatemalteca de Nueva Esperanza, en particular instamos al gobierno de Guatemala, dice, a establecer condiciones mínimas de retorno que garanticen a las y los desplazados poder regresar a su comunidad, así como adecuadas medidas de reparación del daño.
Al gobierno mexicano que impulse las medidas necesarias para reducir el riesgo que los migrantes viven al momento de ingresar a México y urge al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, a que impulsen y legislen una visa temporal de trasmigrante que minimice los riesgos a los que se ven sometidas las personas migrantes en su trayecto por el país.
A los cuerpos de seguridad pública municipal, estatal y federal, que garanticen la integridad física y psicológica de las personas migrantes, así como la de aquellas personas que se dedican a su defensa; en particular se convoca a los cuerpos policíacos a no obstaculizar la labor de las y los defensores y no criminalizar a las personas migrantes que transitan por la zona de Tenosique.
Firman el comunicado: la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” A.C. (conformada por 75 organizaciones de 22 estados de la República); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC; Servicios y Asesoría para la Paz A.C (SERAPAZ) ; Comité de Derechos Humanos de Tabasco AC ; Escuela de Agricultura Ecológica U Yiits Ka’an, Maní, Yucatán ; Proyecto de Violencia y Medios ; Instituto para la Seguridad y la Democracia AC ; Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de Guatemala ; Centro de Derechos Humanos del Usumacinta AC ; La 72 – Hogar Refugio para personas migrantes | Movimiento Migrante Mesoamericano; Equipo Indignación AC; Estudiantes del tercer semestre de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural de CEPHCIS-UNAM.
Mediante un comunicado de prensa, la Misión informó que este 21 de octubre, se cumplieron 60 días del desalojo de la comunidad Nueva Esperanza, municipio de La Libertad, departamento del Petén, Guatemala, quienes se encuentran en situación de desplazamiento forzado y viven en un improvisado campamento en la comunidad de Nuevo Progreso, Tenosique, Tabasco.
Las condiciones de vida de las y los desplazados constatadas por la Misión Civil de Observación, son reflejo de una crisis humanitaria, agravada por las condiciones climáticas y las inundaciones en la zona.
Casi 300 personas de las cuales 115 son niños, niñas o adolescentes, están viviendo a la intemperie, cuando deberían gozar de una especial protección, dice el comunicado.
No obstante que en este conflicto bilateral ambos gobiernos tienen el deber de asistir humanitariamente a la población, porque es derecho de una población desplazada, hasta este momento la comunidad de Nuevo Progreso es la que les ha acogido y la asistencia que reciben proviene principalmente de pobladores vecinos y de las iglesias tanto de México como de Guatemala.
Integrantes de la Misión, durante una entrevista con el cónsul de Guatemala en Tenosique, expusieron que para esa agrupación constituye un motivo de gran preocupación la intención de justificar el desplazamiento atribuyéndole, a las y los desplazados, la comisión de ilícitos sin pruebas contra ellos.
Más grave resulta, sostuvieron, que dicho desalojo se haya efectuado mientras se llevaban a cabo las mesas de negociación entre el gobierno de Guatemala y la comunidad posteriormente desalojada.
Aun cuando hay mesas de diálogo y se han realizado cuatro reuniones, dice el escrito, la percepción de las y los desplazados, de acuerdo a sus testimonios, es que el gobierno guatemalteco está aplazando el conflicto con la finalidad de desgastar a la gente y evitar el retorno a sus tierras. Las mesas de negociación no han llevado a una solución viable a la crisis.
La Misión Civil de Observación, prosigue, no desconoce el actual contexto electoral de Guatemala “y nos preocuparía que el gobierno estuviera privilegiando intereses relacionados con estos procesos antes que una solución a la crítica situación en la que están decenas de familias”.
Menciona que las condiciones de los desplazados, migrantes, defensoras y defensores son la preocupación y la razón de esta Misión Civil de Observación, que concluyó su visita in situ este viernes.
De hecho esta Misión se constituyó alarmada por diversos incidentes de hostigamiento y amenazas contra integrantes del Centro de Derechos Humanos del Usumacinta y contra colaboradores de La 72, Hogar Refugio para personas migrantes, ambos en Tenosique.
La Misión, conformada por diez organizaciones de derechos humanos, se entrevistó con autoridades municipales, estatales, federales relacionadas con la migración y con los actos de hostigamiento contra defensores.
De manera preliminar, hace públicos algunos puntos de gran preocupación,
Pudo constatar la situación de vulnerabilidad y riesgo que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos, en particular aquellas que se encuentran trabajando a favor de las personas migrantes.
Como el propio relator de trabajadores migrantes y sus familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó en el informe preliminar publicado después de su reciente visita a México, los defensores de migrantes, a sus tareas suman la de “combatir la negligencia de las autoridades al denunciar hechos en el ámbito penal y público asumiendo con ello las consecuentes amenazas y riesgos a la vida y a la integridad.”
La Misión quiere recalcar, dice, que la mejor garantía y protección para las y los defensores la constituye el combate contra la impunidad.
“Especial preocupación causa que la CNDH no haya concluido en recomendación ninguna de las quejas presentadas de 2010 a la fecha contra autoridades de migración, así como el hecho de que las autoridades estatales y municipales incumplan las medidas cautelares otorgadas por la CNDH a favor de los defensores, así como la pasividad del organismo público nacional de derechos humanos para exigir su cumplimiento”.
Menciona el comunicado que el comandante de la 38 zona militar reconoció su responsabilidad en la reciente retención y hostigamiento contra Fray Tomás González, Rubén Figueroa y otras personas que los acompañaban, no obstante hasta la fecha no se ha castigado a ninguno de los responsables.
La Misión exige a las autoridades actuar de acuerdo con la Declaración Sobre el Derecho de las Personas, los Grupos y las instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos, garantizando a las y los defensores las condiciones para desarrollar su trabajo.
No obstante la nueva ley de migración y la reciente depuración del Instituto Nacional de Migración, destaca, los testimonios de las y los migrantes reflejan la extorsión por parte de la policía municipal y autoridades de migración y la tolerancia a la explotación infantil, lo cual se pudo constatar en la denuncia de varios actores.
Ante las críticas condiciones a las que se enfrentan desplazados, migrantes, defensoras y defensores en Tenosique, la Misión Civil de Observación, al concluir su visita “in situ” hace las siguientes exigencias inmediatas, de manera preliminar a los gobiernos de México y Guatemala:
Establecer las medidas necesarias para garantizar la vida digna de la comunidad guatemalteca de Nueva Esperanza, en particular instamos al gobierno de Guatemala, dice, a establecer condiciones mínimas de retorno que garanticen a las y los desplazados poder regresar a su comunidad, así como adecuadas medidas de reparación del daño.
Al gobierno mexicano que impulse las medidas necesarias para reducir el riesgo que los migrantes viven al momento de ingresar a México y urge al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión, a que impulsen y legislen una visa temporal de trasmigrante que minimice los riesgos a los que se ven sometidas las personas migrantes en su trayecto por el país.
A los cuerpos de seguridad pública municipal, estatal y federal, que garanticen la integridad física y psicológica de las personas migrantes, así como la de aquellas personas que se dedican a su defensa; en particular se convoca a los cuerpos policíacos a no obstaculizar la labor de las y los defensores y no criminalizar a las personas migrantes que transitan por la zona de Tenosique.
Firman el comunicado: la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” A.C. (conformada por 75 organizaciones de 22 estados de la República); Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC; Servicios y Asesoría para la Paz A.C (SERAPAZ) ; Comité de Derechos Humanos de Tabasco AC ; Escuela de Agricultura Ecológica U Yiits Ka’an, Maní, Yucatán ; Proyecto de Violencia y Medios ; Instituto para la Seguridad y la Democracia AC ; Comisión de Justicia, Paz e Integridad de la Creación de Guatemala ; Centro de Derechos Humanos del Usumacinta AC ; La 72 – Hogar Refugio para personas migrantes | Movimiento Migrante Mesoamericano; Equipo Indignación AC; Estudiantes del tercer semestre de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Intercultural de CEPHCIS-UNAM.
