Feministas crean guía para identificar violencia institucional contra mujeres en el sistema penal

La Red Feminista por el Acceso a la Justicia, integrada por siete organizaciones, publicó el jueves 27 de agosto de 2026 la Guía de actuación para visibilizar y atender las violencias y prácticas discriminatorias que ejercen las personas operadoras del sistema de justicia penal en México, un documento orientado a identificar y atender la violencia institucional que enfrentan mujeres denunciantes, imputadas y privadas de la libertad.

La guía se sustenta en un diagnóstico construido con 12 testimonios de mujeres —entre denunciantes e imputadas— de Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Entre los patrones comunes identificados figuran la revictimización, la falta de perspectiva de género, el descrédito de los testimonios femeninos y los obstáculos para acceder a la justicia. Las organizaciones advierten que estas prácticas no son hechos aislados, sino expresiones de problemas estructurales dentro del sistema penal.

Casi la mitad de las mujeres presas, sin sentencia

El diagnóstico cita cifras de Prevención y Reinserción Social del Gobierno de México que muestran que 49.4% de las mujeres privadas de la libertad estaba sin sentencia en abril de 2025, frente a 38% de los hombres. En ese mismo periodo, la población penitenciaria femenina ascendía a 14,028 personas, equivalente a alrededor de 5% del total de personas recluidas en el país.

La problemática comienza antes del ingreso a un centro penitenciario. Datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2021, retomados por el diagnóstico, indican que 64.4% de las mujeres encarceladas había sufrido violencia psicológica antes de ser presentada ante una autoridad; 29.9% reportó amenazas contra su familia; y 27.5% señaló haber sido presionada para declarar. Durante la reclusión, 15% experimentó violencia sexual.

Violencia que persiste dentro de los centros penitenciarios

Las organizaciones documentan que las mujeres privadas de la libertad enfrentan tortura psicológica y física, violencia sexual, discriminación y abandono de necesidades básicas, incluidas las relacionadas con salud e higiene menstrual. La falta de productos de higiene menstrual y de ropa íntima es una de las situaciones señaladas de forma explícita.

49.4% de las mujeres privadas de la libertad estaba sin sentencia en abril de 2025, frente a 38% de los hombres, según cifras oficiales citadas en el diagnóstico.

La propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha documentado que las mujeres privadas de la libertad enfrentan un impacto diferenciado de la reclusión por razones de género, así como problemas de acceso a salud, alimentación, agua potable y malos tratos.

El marco legal que define la violencia institucional

La legislación mexicana reconoce la violencia institucional cuando actos u omisiones de personas servidoras públicas buscan discriminar, dilatar u obstaculizar el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Bajo esa definición, las organizaciones plantean que reconocer estas formas de violencia es indispensable para avanzar hacia un sistema de justicia que incorpore perspectiva de género y medidas que eviten la revictimización.

Para la Red Feminista por el Acceso a la Justicia, el paso siguiente es dejar de tratar las experiencias de las mujeres privadas de la libertad como casos individuales y reconocer las condiciones estructurales que permiten que la violencia se reproduzca dentro del sistema penal. La guía, disponible a partir de este jueves, busca ser una herramienta para operadoras y operadores del sistema de justicia, así como para organizaciones civiles que acompañan a mujeres en procesos penales.

#TomaNota

• 49.4% de las mujeres privadas de la libertad estaba sin sentencia en abril de 2025.
• 14,028 mujeres conformaban la población penitenciaria femenina en ese mismo periodo.
• 64.4% de las mujeres encarceladas sufrió violencia psicológica antes de ser presentada ante una autoridad (ENPOL 2021).
• La guía fue elaborada con testimonios de mujeres de Ciudad de México, Estado de México y Jalisco.