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La Verdad del Sureste

Se han amparado 15 contra “gasolinazos”

Abogados tachan de incongruente el llamado del PRD a protestar cuando ese partido apoyó las alzas


Zulima Zavala  Montejo. (Foto: Jorge Hernández)
Zulima Zavala Montejo. (Foto: Jorge Hernández)

VILLAHERMOSA, TABASCO; 09 DE ENERO DE 2017.- El Colegio de Abogados Tabasqueños, tacho de incongruente la postura del Partido de la Revolución Democrática (PRD), al convocar a una marcha el próximo fin de semana contra el Gasolinazo, cuando ellos apoyaron estas alzas.

Los integrantes de este organismo lamentaron esta postura de los legisladores, pues afectaron a más de 10 millones de pobres. Por ello anunciaron que ya hay empresas transportistas han solicitado al Colegio de Abogados Tabasqueños, que se les apoye para presentar los amparos correspondientes contra el alza en el precio de los combustibles, por afectar directamente su operatividad.
    En entrevista, la presidenta de este organismo, Zulima Zavala  Montejo, precisó que  este martes se estarán presentando los primeros 15 amparos ante el juzgado de distrito.
    “Tenemos ya 15 listos y tenemos llamadas de  empresas transportistas que se quieren amprara, hay una que aglutina a 200 personas y que se va a trabajar con ellos, para que se presente el juicio de amparo, y tenemos otras personas que quieren sumarse a esta defensa jurídica”, precisó. La abogada, precisó que todas las empresa que se dedican a transporte público como Taxis, vans, urban, todas pueden presentar un amparo, ya que la afectación con el incremento en el precio de los combustibles les afecta directamente.
    Zavala Monte abundó que lo que se busca con estos amparos es que se respete el precio de los combustibles del 2016.Precisó que por el momento solo ciudadanos del municipio de Centro se están sumando a los  amparos, sin embargo la invitación es para la población en general.“Esperamos que una vez que  comiencen a ver los resultados de estos amparos se comiencen a sumar más y más personas”, destacó.
    En este sentido abundó que lo que busca es atacar directamente el artículo 31, fracción IV vinculado al artículo 1 de la constitución Política Mexicana, por inequidad y desproporcionalidad en la aplicación de los impuestos y porque es violatorio a los derechos humanos, pues les están dando más interés al factor económico que al factor social.

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