El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, explicó que el envío de 26 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos se basó en criterios de “interés nacional” y seguridad pública, al detectar sobornos y redes de corrupción dentro de los centros penitenciarios que representaban un grave riesgo para el país.
Entre los extraditados se encuentran integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y del Cártel de Sinaloa, lo que complejizó aún más la situación por la magnitud de estos grupos criminales dentro del sistema penitenciario.
Harfuch enfatizó que se trató de una decisión soberana, tomada en el marco del Consejo Nacional de Seguridad, bajo el respaldo de la Ley de Seguridad Nacional, con el objetivo de salvaguardar la estabilidad y seguridad del Estado.
Esta operación de traslado inédito se suma a una similar realizada en febrero, cuando 29 narcotraficantes fueron enviados a EE.UU. en un procedimiento no tradicional, pero avalado legalmente mediante alternativas a la extradición formal.