La empresa Consorcio de Arquitectura y Ecología (CARESA) llegó a la Colonia los Aguilares, poblado Plátano, Municipio de Cunduacán, Tabasco; y compró un terreno de cinco hectáreas a una persona que no habita en la comunidad. e inició
La empresa CARESA inició la recepción de deshechos de la perforación de pozos petroleros considerados sustancias que implican riesgo para el ambiente o la población y que puedan generar la contaminación de suelos y cuerpos de agua; el día 06 de septiembre de 2004, sin contar con la autorización y los permisos de las autoridades Municipales, Estatales y Federales, en virtud de que dichos permisos los comenzó a tramitar cuando la primer etapa del proyecto había sido concluida en su totalidad.
Hemos llagado a noviembre del 2010 y es la hora que las dependencia ambientales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el ámbito federal y la Secretaria de Recursos Naturales y Protección al Ambiental (SERNAPAM) en Tabasco, contrario a su obligación de velar por la conservación del medio ambiente y sancionar a quienes lo contaminan, han actuado para cancelar o viciar la demanda de justicia.
Esta complicidad se explica porque varios de los funcionarios están ligados a las compañías y por tanto le ofrecen protección e impunidad.
Conforme se desarrolló la denuncia por parte de los habitantes de la comunidad, CARESA, con plena desfachatez e impunidad sólo medio oculta la continuación de sus operaciones. En efecto, después de la primera denuncia interpuesta al comienzo del 2005 lo que hizo fue bardear su panteón de contaminantes, con lo que ocasionó un daño más a la comunidad, ahora por retención de aguas pluviales al bloquear la salida natural hacia los canales existentes a lo largo de la carretera federal y las alcantarillas.
Ahora lo que los niños, jóvenes, adultos y viejos de la colonia presentan cuadros de enfermedades respiratorias e infecciones en la piel y han tenido que cancelar el uso del agua que extraían de sus pozos al percibir que la misma contiene sustancias grasosas y presenta mal olor y sabor.
A 6 años de iniciado el proceso la PROFEPA no ha querido obligar a la empresa a cumplir dos resoluciones que la misma dependencia ha emitido. Por ello se tuvo que presentar el caso ante instancias internacionales como la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), el Parlamento Europeo y ante relatores de Naciones Unidas, en contra del gobierno de México por la no aplicación de la Norma en Materia Ambiental.
Para librar su responsabilidad ante la CCA, el gobierno argumentó que en el país habían tres expedientes abiertos: uno ante la PROFEPA, otro ante la Procuraduría General de la República (PGR) y un tercero ante el Tribunal Fiscal de la Federación, y que por esa causa no podía procedía la queja.
Después de saber la existencia de estos tres procedimientos, se solicitó al gobierno mexicano informara sobre los correspondientes números de expedientes y el estado procesal que guardaban cada uno de ellos. Se negó por lo que se tuvo que solicitar por medio del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Los resultados fueron:
• El expediente de PROFEPA ya había sido resuelto y exoneraba a CARESA de toda culpa;
• La PGR no dio información porque la clasificó como reservada.
• El Procedimiento Administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación había revocado la resolución que se había logrado emitiera la PROFEPA, de condena a la empresa a pagar una multa de un millón setecientos mil pesos y a que contratara a otra empresa para que retirara los materiales contaminantes que CARESA había depositado en Los Aguilares.
El argumento que el tribunal da para la revocación es ¡porque la PROFEPA no emitió la solución dentro de los términos que señala la Ley de Equilibrio Ecológico!, término que según había vencido el 2 de noviembre de 2005 y resolvió hasta el 11 de agosto de 2006. Es evidente que resolvió fuera de tiempo con plena intención y dolo para librar a CARESA de su responsabilidad. Es por ello que se ha solicitado a la CCA reabra la investigación.
En lo que respecta a las autoridades de Tabasco, el día 31 de enero de 2009 se presentó una queja ante la SERNAPAM. En febrero de 2009 notificaron que la queja había sido acumulada a un expediente que ya existía. En abril notificaron que la queja estaba en el área jurídica para la elaboración de un proyecto de resolución y en junio, el Director de Verificación y Atención de Reclamaciones, ingeniero Romeo Asunción Valenzuela, informó verbalmente ¡que no habían realizado ningún trámite de la queja interpuesta, que no se había acumulado a otro expediente y que no existía un proyecto de resolución!
En noviembre de 2009 informaron que el cinco de octubre habían realizado la inspección y que habían encontrado graves irregularidades y le habían dado un término a CARESA para el cumplimiento de medidas de urgente aplicación; que en caso de que no las cumplieran la SERNAPAM emitiría las sanciones correspondientes. En enero de 2010 informaron que aún no se había vencido el término para que CARESA cumpliera; lo cual era falso porque el término empezó a correr desde el cinco de octubre y no es posible que hasta enero ese término no haya fenecido. Así se demostró que no hay voluntad por parte de las autoridades en Tabasco para sancionar a las empresas contaminadoras, que el medio ambiente sólo es solo un discurso político y que su presencia en el servicio público es solo para medrar y responder a los interés del político en turno o de los nuevos empresarios participes de la privatización de PEMEX.
Por lo anterior, los pobladores decidieron complementar sus fundamentos jurídicos con la movilización y fue así como se realizó un mitin frente a las oficinas de SERNAPAM para denunciar el burocratismo y complicidad de funcionarios con esta empresa contaminante y exigir que CARESA sea sancionada y pague los daños causados, pues sigue realizando sus actividades y afectando seriamente a más de mil seres humanos quienes ya no soportan el olor el manejo de todos los residuos y ya han presentado enfermedades en la piel, tos permanente, cuadros serios de diarreas.
Gracias a esa movilización acompañados de integrantes de sindicatos y organizaciones sociales lograron ser recibidos por parte de la titular de Sernapam, Silvia Whizar Lugo quien se comprometió a dar seguimiento al procedimiento comprometiendo resultados antes de finalizar el mes.
La comunidad, por necesidad y derecho resistirá en su lucha hasta lograr la CLAUSURA y CANCELACIÓN de este basurero industrial, en virtud de que representa un grave riesgo para el ambiente y lo que es más grave, para la salud de las familias que habitan en ese lugar. Esa actividad y sus propietarios atentan contra los Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales de los pobladores de esa zona de Cunduacán. Irresponsablemente entierran deshechos tóxicos contaminando los mantos freáticos y los acumulan a cielo abierto provocando enfermedades respiratorias y de la piel a la población de Plátano y alrededores en Cunduacán, Tabasco.
La empresa CARESA inició la recepción de deshechos de la perforación de pozos petroleros considerados sustancias que implican riesgo para el ambiente o la población y que puedan generar la contaminación de suelos y cuerpos de agua; el día 06 de septiembre de 2004, sin contar con la autorización y los permisos de las autoridades Municipales, Estatales y Federales, en virtud de que dichos permisos los comenzó a tramitar cuando la primer etapa del proyecto había sido concluida en su totalidad.
Hemos llagado a noviembre del 2010 y es la hora que las dependencia ambientales como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el ámbito federal y la Secretaria de Recursos Naturales y Protección al Ambiental (SERNAPAM) en Tabasco, contrario a su obligación de velar por la conservación del medio ambiente y sancionar a quienes lo contaminan, han actuado para cancelar o viciar la demanda de justicia.
Esta complicidad se explica porque varios de los funcionarios están ligados a las compañías y por tanto le ofrecen protección e impunidad.
Conforme se desarrolló la denuncia por parte de los habitantes de la comunidad, CARESA, con plena desfachatez e impunidad sólo medio oculta la continuación de sus operaciones. En efecto, después de la primera denuncia interpuesta al comienzo del 2005 lo que hizo fue bardear su panteón de contaminantes, con lo que ocasionó un daño más a la comunidad, ahora por retención de aguas pluviales al bloquear la salida natural hacia los canales existentes a lo largo de la carretera federal y las alcantarillas.
Ahora lo que los niños, jóvenes, adultos y viejos de la colonia presentan cuadros de enfermedades respiratorias e infecciones en la piel y han tenido que cancelar el uso del agua que extraían de sus pozos al percibir que la misma contiene sustancias grasosas y presenta mal olor y sabor.
A 6 años de iniciado el proceso la PROFEPA no ha querido obligar a la empresa a cumplir dos resoluciones que la misma dependencia ha emitido. Por ello se tuvo que presentar el caso ante instancias internacionales como la Comisión de Cooperación Ambiental (CCA), el Parlamento Europeo y ante relatores de Naciones Unidas, en contra del gobierno de México por la no aplicación de la Norma en Materia Ambiental.
Para librar su responsabilidad ante la CCA, el gobierno argumentó que en el país habían tres expedientes abiertos: uno ante la PROFEPA, otro ante la Procuraduría General de la República (PGR) y un tercero ante el Tribunal Fiscal de la Federación, y que por esa causa no podía procedía la queja.
Después de saber la existencia de estos tres procedimientos, se solicitó al gobierno mexicano informara sobre los correspondientes números de expedientes y el estado procesal que guardaban cada uno de ellos. Se negó por lo que se tuvo que solicitar por medio del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).
Los resultados fueron:
• El expediente de PROFEPA ya había sido resuelto y exoneraba a CARESA de toda culpa;
• La PGR no dio información porque la clasificó como reservada.
• El Procedimiento Administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación había revocado la resolución que se había logrado emitiera la PROFEPA, de condena a la empresa a pagar una multa de un millón setecientos mil pesos y a que contratara a otra empresa para que retirara los materiales contaminantes que CARESA había depositado en Los Aguilares.
El argumento que el tribunal da para la revocación es ¡porque la PROFEPA no emitió la solución dentro de los términos que señala la Ley de Equilibrio Ecológico!, término que según había vencido el 2 de noviembre de 2005 y resolvió hasta el 11 de agosto de 2006. Es evidente que resolvió fuera de tiempo con plena intención y dolo para librar a CARESA de su responsabilidad. Es por ello que se ha solicitado a la CCA reabra la investigación.
En lo que respecta a las autoridades de Tabasco, el día 31 de enero de 2009 se presentó una queja ante la SERNAPAM. En febrero de 2009 notificaron que la queja había sido acumulada a un expediente que ya existía. En abril notificaron que la queja estaba en el área jurídica para la elaboración de un proyecto de resolución y en junio, el Director de Verificación y Atención de Reclamaciones, ingeniero Romeo Asunción Valenzuela, informó verbalmente ¡que no habían realizado ningún trámite de la queja interpuesta, que no se había acumulado a otro expediente y que no existía un proyecto de resolución!
En noviembre de 2009 informaron que el cinco de octubre habían realizado la inspección y que habían encontrado graves irregularidades y le habían dado un término a CARESA para el cumplimiento de medidas de urgente aplicación; que en caso de que no las cumplieran la SERNAPAM emitiría las sanciones correspondientes. En enero de 2010 informaron que aún no se había vencido el término para que CARESA cumpliera; lo cual era falso porque el término empezó a correr desde el cinco de octubre y no es posible que hasta enero ese término no haya fenecido. Así se demostró que no hay voluntad por parte de las autoridades en Tabasco para sancionar a las empresas contaminadoras, que el medio ambiente sólo es solo un discurso político y que su presencia en el servicio público es solo para medrar y responder a los interés del político en turno o de los nuevos empresarios participes de la privatización de PEMEX.
Por lo anterior, los pobladores decidieron complementar sus fundamentos jurídicos con la movilización y fue así como se realizó un mitin frente a las oficinas de SERNAPAM para denunciar el burocratismo y complicidad de funcionarios con esta empresa contaminante y exigir que CARESA sea sancionada y pague los daños causados, pues sigue realizando sus actividades y afectando seriamente a más de mil seres humanos quienes ya no soportan el olor el manejo de todos los residuos y ya han presentado enfermedades en la piel, tos permanente, cuadros serios de diarreas.
Gracias a esa movilización acompañados de integrantes de sindicatos y organizaciones sociales lograron ser recibidos por parte de la titular de Sernapam, Silvia Whizar Lugo quien se comprometió a dar seguimiento al procedimiento comprometiendo resultados antes de finalizar el mes.
La comunidad, por necesidad y derecho resistirá en su lucha hasta lograr la CLAUSURA y CANCELACIÓN de este basurero industrial, en virtud de que representa un grave riesgo para el ambiente y lo que es más grave, para la salud de las familias que habitan en ese lugar. Esa actividad y sus propietarios atentan contra los Derechos Económicos Sociales Culturales y Ambientales de los pobladores de esa zona de Cunduacán. Irresponsablemente entierran deshechos tóxicos contaminando los mantos freáticos y los acumulan a cielo abierto provocando enfermedades respiratorias y de la piel a la población de Plátano y alrededores en Cunduacán, Tabasco.
