Inconstitucional que Macuspana cobre por acceso a información
El ayuntamiento incorporó a su Ley de Ingresos Municipal, la propuesta de cobrar hasta mil pesos por informar a los ciudadanos vía transparencia
VILLAHERMOSA, TABASCO. 27 DE NOVIEMBRE DE 2013.-De inconstitucional calificó el Instituto Tabasqueño de Acceso a la Información Pública (ITAIP) el intento del ayuntamiento de Macuspana de cobrar altos costos por entregar información que se solicita vía transparencia, ya que esta debe de ser gratuita fue el posicionamiento de la dependencia.
Por lo anterior el consejero José Antonio Bojórquez Pereznieto aseguró que ante esta situación queda a los ciudadanos promover juicios de amparos o acciones de inconstitucionalidad ante los cobros ilegales, por ende dijo que el posicionamiento emitido será la base para un exhorto al ayuntamiento de Macuspana y los 16 restantes para ajustarse a lo que dice la ley.
“La Constitución es determinante cuando establece que el acceso a la información pública es gratuita”, marca el escrito que aclara que las personas en ejercicio del derecho pueden solicitar la reproducción documental de la información, en otros soportes materiales como discos compactos, DVD, fotocopias y documentos impresos.
Los únicos costos permitidos son exclusivamente por el material utilizado, menciona el posicionamiento, en relación con la denuncia de que el ayuntamiento incorporó a su Ley de Ingresos Municipal la propuesta de cobrar hasta mil pesos por entregar la información.
La ley de ingresos que plantea el ayuntamiento de Macuspana, es que las personas físicas o jurídicas que requieran información documental o elementos técnicos en atención a las solicitudes de información, pagarán los derechos correspondientes por copia simple cada hoja un peso, copia certificada, 10 pesos cada hoja; 50 pesos por grabación en CD; 200 pesos en USB y en adelante mil pesos cada uno. Bojórquez Pereznieto señaló que establecer cobros elevados y desproporcionados, “atenta contra el derecho humano a la información pública, contraviene las disposiciones constitucionales y erige barreras que impiden el escrutinio ciudadano a los gobernantes.