En un contexto marcado por una de las crisis humanitarias más profundas en la historia reciente del país, el uso de la tecnología y la colaboración institucional han arrojado una luz de esperanza.
Entre septiembre de 2016 y noviembre de 2025, el cruce de datos biométricos entre el Instituto Nacional Electoral (INE) y las autoridades forenses ha permitido la identificación de 34 mil 612 personas que permanecían como desconocidas en los anfiteatros del país.
El Padrón electoral como herramienta de justicia
La base de datos del INE, considerada una de las más robustas y confiables de México, se ha convertido en una pieza clave para los Servicios Médicos Forenses (Semefos). Según datos oficiales, de las casi 99 mil solicitudes de confronta de huellas dactilares y rasgos biométricos gestionadas por fiscalías y comisiones de búsqueda, el 35% ha dado resultados positivos.
Este avance es fruto de más de 40 convenios de colaboración en los que participan la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y diversas instancias estatales. Sin embargo, el proceso no es automático: el INE advierte que su labor termina al encontrar una coincidencia; la identificación plena y la entrega de los restos a las familias dependen exclusivamente del trabajo de campo de las fiscalías.
Un panorama desolador: 133 mil ausencias
A pesar del éxito de este programa, la cifra de personas desaparecidas sigue siendo alarmante. Al 12 de diciembre de 2025, el Registro Nacional contabiliza 133 mil 555 personas no localizadas. Esta tendencia, que se agudizó tras el inicio de la estrategia de seguridad federal en 2006, mantiene a México bajo la lupa de organismos internacionales de derechos humanos.
2025: Hacia la interoperabilidad total
El presente año marca un hito legislativo con la creación, por decreto presidencial en julio, de la Plataforma Única de Identidad. Esta herramienta busca centralizar no solo los registros públicos, sino también datos del sector privado, incluyendo:
- Servicios financieros y laborales.
- Telecomunicaciones y transporte.
- Registros de salud y educación.
Esta expansión, habilitada por reformas a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, permitirá que el intercambio de información sea más ágil, rompiendo las barreras burocráticas que suelen retrasar las investigaciones por meses o años.
Obstáculos y el futuro tecnológico
A pesar de los logros, el camino enfrenta retos estructurales. Actualmente, 23 estados de la República aún no han firmado los convenios necesarios para estandarizar este cruce de datos, lo que genera una cobertura nacional desigual y "puntos ciegos" en la búsqueda de personas.
“El derecho a ser identificado y devuelto a una familia es una obligación constitucional del Estado.”
No obstante, el horizonte para 2026 es prometedor. Instituciones como la Universidad Iberoamericana ya trabajan en el desarrollo de tecnologías de Inteligencia Artificial diseñadas para masificar la identificación mediante:
- Análisis automatizado de tatuajes y marcas corporales.
- Reconocimiento facial avanzado.
- Algoritmos de búsqueda predictiva.
"La vida y la dignidad no terminan con la muerte; el derecho a ser identificado y restituido a una familia es una obligación constitucional del Estado", señala el marco legal que sustenta estos convenios. La apuesta por la tecnología biométrica parece ser, hoy por hoy, la vía más efectiva para combatir el rezago forense en un México que busca sanar sus heridas.
#TomaNota:
34,612 personas identificadas entre 2016 y 2025.
133,555 personas siguen desaparecidas al 12 de diciembre de 2025.
Plataforma Única de Identidad creada en julio de 2025.
23 estados aún no integran el sistema completo.
