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La Verdad del Sureste

Ingresa a Comisión de Justicia y Gran Jurado expediente para inhabilitar a consejeros

Se podrían agravar o disminuir sanciones: Acosta León


Acosta León indicó que en caso de haber elementos, la comisión que preside podría interponer denuncias penales o administrativas contra los consejeros y funcionarios del organismo. (Foto: Tomás Rivas)
Acosta León indicó que en caso de haber elementos, la comisión que preside podría interponer denuncias penales o administrativas contra los consejeros y funcionarios del organismo. (Foto: Tomás Rivas)

VILLAHERMOSA, TABASCO. 15 DE ABRIL DE 2013. El expediente de la Contraloría General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT) en el que pide el cese y la inhabilitación de los seis consejeros electorales, así como de otros integrantes del organismo, por anomalías en la compra del edificio que fungiría como nueva sede a un sobreprecio de 32 millones de pesos, cuando diversos avalúos lo ubican en 17 millones de pesos, ingresó a la Comisión de Justicia y Gran Jurado.
    En base a la revisión que se haga del caso se van a integrar los elementos para “agravar” o “disminuir” las penalidades que se están pidiendo para consejeros y funcionarios del IEPCT, señaló el presidente de la comisión, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Rafael Acosta León.
    De acuerdo al documento, la contraloría solicita inhabilitar cinco años para desempeñar cargos públicos al ex presidente del organismo Alfonso Castillo Suárez, cuatro a Héctor Aguilar Alvarado, Jorge Montaño Ventura y Gustavo Rodríguez Castro (integraron el comité para la compra del inmueble) y tres a Elide Moreno Cáliz, Rosendo Gómez Piedra y Antonio Ponce López, y Rigoberto de la O Gallegos, titular de la Dirección de Organización y Capacitación Electoral (DOCE), También se les pide devolver doce millones de pesos como reparación del daño a las arcas del instituto.
    Acosta León indicó que en caso de haber elementos, la comisión que preside podría interponer denuncias penales o administrativas contra los consejeros y funcionarios del organismo.
    Adelantó que podría llamarse a comparecer ante la comisión a los consejeros y funcionarios del IEPCT para que expongan lo que tengan que decir.
    El perredista estimó que en su comité el asunto quedará resuelto antes de que culmine el actual periodo ordinario de sesiones, que termina exactamente dentro de un mes.
    Manifestó que la próxima sesión de comisión será el 3 de mayo, pero si hay un proyecto de dictamen antes, se citará a reunión extraordinaria.

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