Al puro estilo macartista, la contraloría interna en la Semarnat inhabilitó por 10 años a Silvia Ramos, exfuncionaria de Pemex. Ello, por emitir opiniones respecto de los fraudes en contratos de la petrolera, por su activismo sindical y por, supuestamente, simpatizar con el EZLN, acusa la ingeniera inhabilitada, activista en contra de la privatización de Pemex.
Silvia Ramos Luna, ingeniera química por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, detalla los argumentos que el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Manuel Eduardo Tirado Becerril, utilizó con el fin de inhabilitarla para desempeñar cargo alguno en el gobierno federal del 30 de marzo de 2011 al 7 de octubre de 2020. Recién había logrado su reinstalación en Pemex, tras un litigio por despido injustificado que duró casi 15 años. Con grado académico de maestría por la Universidad La Salle y numerosos diplomados en el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, Silvia también es miembro del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), asociación civil que aglutina a reconocidos expertos, analistas, académicos e investigadores que brindan asesorías en materia energética, entre otros, al Congreso de la Unión.
Su ingreso a Pemex –en la Refinería Miguel Hidalgo– data del 4 de septiembre de 1984. Al cabo de una década, fue despedida junto con 27 de sus compañeros como represalia por pretender crear un sindicato para personal de confianza (Sindicato de Técnicos y Profesionistas Petroleros). En septiembre de 1995, presentó una demanda laboral por despido injustificado.
El 5 de marzo de 2009, el jurídico de Pemex envió al entonces titular de la Profepa información relacionada con “presuntas irregularidades administrativas” de Silvia Ramos. En respuesta, la coordinadora de asesores de Patrón Laviada remitió al OIC un oficio para que abriera una investigación administrativa en su contra bajo el supuesto de “conflicto de intereses”, que quedaría integrado en el expediente DE-076/2009. El argumento fue que, durante el periodo en que trabajó en la Profepa, conoció de auditorías a instalaciones de Pemex y que, dada la demanda laboral contra la paraestatal, habría incurrido en ese conflicto de intereses.
Al interior de Pemex, se ubica el caso de Silvia Ramos como un ejemplo explícito del “macartismo” que, aseguran los trabajadores, se vive en la paraestatal desde inicios del sexenio, periodo en el que se ha intensificado la labor de la policía interna para identificar y armar expedientes negros contra los funcionarios y empleados opositores a los proyectos y planes de privatización.
Silvia Ramos Luna, ingeniera química por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, detalla los argumentos que el titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control (OIC) en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Manuel Eduardo Tirado Becerril, utilizó con el fin de inhabilitarla para desempeñar cargo alguno en el gobierno federal del 30 de marzo de 2011 al 7 de octubre de 2020. Recién había logrado su reinstalación en Pemex, tras un litigio por despido injustificado que duró casi 15 años. Con grado académico de maestría por la Universidad La Salle y numerosos diplomados en el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México, Silvia también es miembro del Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE), asociación civil que aglutina a reconocidos expertos, analistas, académicos e investigadores que brindan asesorías en materia energética, entre otros, al Congreso de la Unión.
Su ingreso a Pemex –en la Refinería Miguel Hidalgo– data del 4 de septiembre de 1984. Al cabo de una década, fue despedida junto con 27 de sus compañeros como represalia por pretender crear un sindicato para personal de confianza (Sindicato de Técnicos y Profesionistas Petroleros). En septiembre de 1995, presentó una demanda laboral por despido injustificado.
El 5 de marzo de 2009, el jurídico de Pemex envió al entonces titular de la Profepa información relacionada con “presuntas irregularidades administrativas” de Silvia Ramos. En respuesta, la coordinadora de asesores de Patrón Laviada remitió al OIC un oficio para que abriera una investigación administrativa en su contra bajo el supuesto de “conflicto de intereses”, que quedaría integrado en el expediente DE-076/2009. El argumento fue que, durante el periodo en que trabajó en la Profepa, conoció de auditorías a instalaciones de Pemex y que, dada la demanda laboral contra la paraestatal, habría incurrido en ese conflicto de intereses.
Al interior de Pemex, se ubica el caso de Silvia Ramos como un ejemplo explícito del “macartismo” que, aseguran los trabajadores, se vive en la paraestatal desde inicios del sexenio, periodo en el que se ha intensificado la labor de la policía interna para identificar y armar expedientes negros contra los funcionarios y empleados opositores a los proyectos y planes de privatización.
