Morena propone cárcel de hasta 12 años y multas millonarias por huachicol y facturas falsas
El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados presentó dos iniciativas contra el huachicol y la evasión fiscal que endurecerían penas, crearían nuevos delitos y ampliarían controles sobre proveedores del gobierno, sindicatos, estados y municipios.
El vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó este domingo 13 de septiembre dos iniciativas de ley para combatir el huachicol y la evasión fiscal mediante facturas falsas. Las propuestas crearían nuevos tipos penales, endurecerían sanciones existentes y ampliarían los mecanismos de vigilancia sobre distribuidores de combustible y empresas que contratan con el gobierno.
Ambas iniciativas forman parte del paquete anticorrupción que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentará esta semana, el cual contempla modificar 19 leyes y crear dos nuevas normativas para vigilar el gasto público en tiempo real y transparentar las contrataciones del Estado.
Nuevos delitos y plazos de 24 horas para detectar huachicol
La primera iniciativa reforma artículos del Código Fiscal de la Federación y diversas leyes federales en materia de hidrocarburos. Su eje central es obligar a las autoridades hacendarias y de energía a notificarse mutuamente, en un plazo máximo de 24 horas, sobre posibles irregularidades en los volúmenes de combustible que los centros de abastecimiento compran y venden.
Aunque la figura de "discrepancia volumétrica" ya existe en la legislación vigente, Ramírez Cuéllar señaló que su sanción enfrenta dificultades porque actualmente se concentra en el acto de vender el combustible ilícito al consumidor, no en la falta de concordancia entre los volúmenes que una gasolinera adquiere y comercializa. La iniciativa propone dos nuevos tipos penales para corregir ese vacío.
- Distribuidor con discrepancia volumétrica no justificada: pena de 6 a 12 años de prisión y multa de 10,000 a 15,000 veces el valor de la UMA (entre 1.1 y 1.7 millones de pesos), independientemente de si entregó o no el combustible al consumidor.
- Venta de hidrocarburos en vía pública, carreteras, baldíos o lugares no autorizados ("huachicol de barril") sin documentos que acrediten su propiedad legítima: pena de 6 a 10 años de prisión y multa de 6,000 a 10,000 UMAs (entre 700,000 pesos y 1.1 millones de pesos). La pena aumentaría si se usan vehículos de transporte, contenedores o bidones, o si la venta ocurre en un radio de 500 metros de instalaciones de Petróleos Mexicanos.
- Plazo de 48 horas para que un juez resuelva la procedencia de un aseguramiento de bienes en casos de robo de hidrocarburos, y ese mismo plazo para que las autoridades inicien una querella cuando se confirme técnicamente una discrepancia volumétrica.
Control preventivo sobre empresas factureras y obligaciones para sindicatos
La segunda iniciativa apunta a las empresas que emiten facturas falsas con un enfoque preventivo. Propone que la autoridad tributaria restrinja temporalmente la capacidad de emitir certificados fiscales a empresas que, en los últimos tres ejercicios, hayan emitido facturas que excedan su capacidad económica o hayan incumplido obligaciones como el pago del Impuesto al Valor Agregado.
"La lucha contra las operaciones simuladas no puede comenzar únicamente cuando el daño al erario ya se produjo", señaló Ramírez Cuéllar.
El proyecto también refuerza la obligación del gobierno de verificar que sus proveedores tengan capacidad real para cumplir los contratos que firman, así como la correspondencia entre su objeto social y sus actividades económicas. Esa verificación deberá mantenerse durante todo el proceso de prestación de servicios, no solo al inicio. "Con ello se pretende cerrar espacios para que empresas que presentan irregularidades fiscales continúen recibiendo recursos públicos una vez identificadas dichas circunstancias", señaló el legislador en la exposición de motivos.
Un tercer componente establece responsabilidades para servidores públicos y dirigentes sindicales que autoricen o suscriban erogaciones respaldadas por comprobantes fiscales vinculados con operaciones inexistentes, simuladas o falsas. En el caso de estados, municipios, órganos autónomos, organismos públicos descentralizados y sindicatos, la iniciativa plantea "consecuencias fiscales" cuando celebren operaciones respaldadas por comprobantes con "efectos desconocidos".
El paquete anticorrupción y su alcance legislativo
Las dos iniciativas se inscriben en un esfuerzo legislativo más amplio que el gobierno federal presentará formalmente esta semana. Según informó Ramírez Cuéllar, el paquete completo implicaría reformas a 19 leyes y la creación de dos nuevas normativas orientadas a la vigilancia del gasto público en tiempo real y la transparencia en contrataciones.
El diputado describió el objetivo de sus propuestas como el desmantelamiento de "una red de complicidades que controlan huachicol fiscal, facturación falsa y extorsión y cobro de piso", a la que calificó como "un enorme peligro para el país". La presentación formal del paquete completo por parte del Ejecutivo federal está prevista para los próximos días; no se precisó la fecha exacta ni el calendario de dictaminación en comisiones.
#TomaNota
- Las iniciativas se presentaron el domingo 13 de septiembre de 2026; el paquete anticorrupción completo se presentará esta semana, en fecha no precisada.
- Huachicol con discrepancia volumétrica: pena de 6 a 12 años de prisión y multa de entre 1.1 y 1.7 millones de pesos.
- Huachicol de barril en lugares no autorizados: pena de 6 a 10 años de prisión y multa de entre 700,000 pesos y 1.1 millones de pesos.
- El paquete anticorrupción del gobierno federal contempla modificar 19 leyes y crear 2 nuevas normativas.