La involución democrática en México

El surgimiento del sistema republicano y democrático, como forma de estado y de gobierno, respondió al interés de limitar el ejercicio unipersonal y concentrado del poder; esto es, pasar de que el monarca o rey fuera el todopoderoso (era quien hacía las leyes, ejecutaba las mismas, administraba la riqueza y además impartía justicia, amén de perpetrarse de forma vitalicia en el poder) a establecer el principio de la división de funciones, es decir, del ejercicio del poder, además de establecer la renovación periódica de quienes lo detentan.
    De esa manera, con la ilustración y la revolución francesa, surge la concepción del estado moderno. En el México contemporáneo, contamos con un sistema republicano, representativo, democrático y federal.
    Las características de dicho sistema la podemos entender, de manera general, de la siguiente manera:
Republicano, porque existe el principio de la división de poderes (tradicionales) en legislativo, ejecutivo y judicial, que responden a las respectivas funciones (tradicionales) del Estado: hacer leyes (Congreso de la Unión, con sus dos cámaras Diputados y Senadores), ejecutar las leyes y administrar la riqueza pública (Presidente de la República) e impartir justicia (Poder Judicial de la Federación); además, implica también la renovación periódica de quienes ejercen dicha función (cada tres años, en el caso de regidores y diputados, cada seis años, en el caso de presidente de la república, gobernadores y senadores y cada quince años, en el caso de los ministros de la suprema corte de justicia de la nación).
Representativo, porque el pueblo no ejerce de manera directa las funciones antes referidas, sino que se realiza a través de representantes electos mediante el sufragio o nombrados por los órganos del mismo estado.
    Democrático, porque la renovación de nuestros gobernantes se realiza a través de elecciones (se supone: libres, auténticas y periódicas).
Federal, porque tenemos una federación compuesta de Entidades federativas independientes en cuanto a su régimen interior, basándose en la figura del municipio libre; de lo anterior se desprende la concurrencia de tres órdenes o niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.
    Con el pasar de los años, debido a la correlación de fuerzas políticas y ciudadanas, han venido surgiendo nuevos entes gubernamentales que son independientes de los poderes tradicionales, que gozan de autonomía y que corresponden a nuevas funciones del Estado, a saber:
    Instituto Federal Electoral, la función de organizar las elecciones federal.
    Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la función de la tutela y garantía de velar por el respeto a los derechos humanos.
    Banco de México, emisión del dinero y la rectoría económica del Estado.
    Con algunos matices, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática; el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública; el Instituto Federal de Telecomunicaciones; el Instituto de Evaluación Profesional Docente; entre otros más y más lo que se acumulen.
    Ahora bien, más allá de los conceptos tradicionales, debemos de entender la democracia como el gobierno que emana de la mayoría de la voluntad ciudadana, siempre y cuando se haya respetado la misma en forma libre, directa y secreta, es decir, se supone que los ciudadanos son los que mandan, ya que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo y se instituye para beneficio de éste.
    Pero, ¿Qué tanto se respeta en la actualidad dicha voluntad? ¿Qué tanto siguen estando vigentes los mismos depositarios del poder?
    Lo cierto es que nuestra realidad es otra. Hoy por hoy, existen otros factores reales de poder que influyen determinantemente tanto en la población como en la clase gobernante.
    De manera enunciativa y no limitativa, podemos enunciar algunos:
    Los medios de comunicación masiva: la televisión, la radio y la prensa escrita. Indudablemente los medios influyen en la toma de decisiones, en la voluntad ciudadana y son un referente, positivo o negativo. Vale recordar su enorme influencia en las elecciones federales del 2006, que ante la pasividad de un IFE cómplice fueron un factor determinante en los resultados electorales.
    Los grandes empresarios que representan en menor medida al capital nacional y en mayor medida al capital extranjero, quienes a través de “cabilderos” o de manera directa, influyen en la clase política y con ingeniosas estrategias de publicidad mantienen cautiva a una población consumista, materialista y fanática de modas, deportes o estrellas musicales.
    El crimen y la delincuencia, organizada o no, impone gobernantes, controla comercios, marca pautas a seguir y hasta representa un fuente de empleo para los excluidos de la educación y de la actividad económica lícita, pero menos remunerada.
    Las asociaciones religiosas en sus distintas expresiones que, con honrosas excepciones, divagan en una salvación lejana e incierta, que lo que ofertan es una extracción de la realidad y mantenerse alejado de la realidad social.
    Los partidos y asociaciones políticas que, lejos de cumplir con su función constitucional y responder a los intereses de la población y de sus agremiados, se han aprovechado de nuestro actual sistema electoral, que al establecer que son el único medio de acceso al poder, responden a intereses tribales, de grupo, de corrientes o de sectores de los otros factores de poder antes mencionados.
    Por todo lo anterior es que me atrevo a hablar de una involución democrática en México, ello es así porque lejos de consolidar nuestra democracia constitucional y fortalecer un verdadero Estado de Derecho, pareciera que los nuevos factores de poder, que no son parte formal del Estado Mexicano, que no detentan el poder público ni gozan de una investidura institucional, son quienes han tomado el control de las riendas de nuestro destino, ante la impasividad, inacción, contemplación y complacencia de nuestro gobierno.
    La responsabilidad de enderezar el rumbo es de todos, no es tarea fácil, pero peor es no hacer nada. Por el bien de mi familia, de amistades, de mis compañeros y colegas, yo no perderé la esperanza.
A la reflexión!!
Mario Alberto Gallardo García.Abogado (UJAT)
Esp. en Der. Constitucional (UNAM)
Mtro. en Derecho (EPED)
Correo: [email protected]