IVA A LOS ALIMENTOS, POBREZA Y ACUMULACIÓN DEL CAPITAL
En una sociedad tan polarizada como la nuestra, los impuestos tienen un efecto marcadamente diferenciado sobre las clases sociales. Como parte de la política fiscal, combinados con el gasto público, o ayudan a redistribuir, o a concentrar más la riqueza. En este contexto resulta preocupante la decisión tomada en la reciente asamblea nacional del PRI, que eliminó de sus Estatutos uno de los puntos de mayor compromiso social, concretamente, el contenido en el Artículo 154, que decía: “El PRI defiende la economía popular y no aceptará la aplicación del IVA en alimentos y medicinas”. Y si este cambio termina convirtiéndose en ley, se estará ahondando el carácter regresivo de nuestro esquema fiscal, que aplica más impuestos a los pobres que a los ricos.
México es un país sumamente desigual, económicamente polarizado. Tenemos al hombre más rico del mundo, cuya fortuna, según la revista Forbes, creció, del año pasado al presente, de 69 mil a 73 mil millones de dólares (¡cuatro mil millones en un solo año!); y no es el único, pues otros mexicanos figuran en ese verdadero templo de Plutón; mientras tanto, del otro lado está su contraparte, una enorme masa de pobres: más del 80 por ciento de la población. Comparativamente, nuestro capitalismo es sumamente depredador, pues los empresarios, además de pagar muy bajos salarios a los trabajadores, no aportan al erario. El régimen fiscal está diseñado para fomentar la acumulación del capital, nacional y extranjero; particularmente, este último encuentra aquí un verdadero paraíso, pues para “atraerlo” se le ofrece también una mano de obra barata. En otras palabras: el gobierno mexicano quema la casa para calentarla. Y de que los ricos no pagan impuestos, hay evidencia.
En el reporte de la OCDE sobre impuestos (30 de noviembre de 2011), en la tabla titulada “Taxes on corporate Income, goods and services, Income and property, as a percentaje of gross domestic product”, en el lugar donde se registra el monto que los países perciben por impuestos a ingresos de corporativos o grandes compañías, en el caso de México sólo dice: “No hay información”; así de sencillo; y es que no pagan. Y no se trata de una simple omisión, pues otras evidencias lo confirman.
Primero. Como presidente, Felipe Calderón (libre evidentemente de toda sospecha de animadversión hacia los empresarios) declaró en Puerto Vallarta, el miércoles 28 de octubre de 2009: “Todos los mexicanos, excepto los más pobres, deben colaborar con la hacienda pública… Si pagar impuestos es obligado para cualquier ciudadano, en términos de la justicia lo es más, más obligado para quien más tiene y más ha recibido, para las empresas que más ganan y que rara, rara vez pagan impuestos en el país” (El Universal, 29 de octubre de 2009; ver también El Economista de la misma fecha, que añadió pormenores de una reunión del presidente con senadores panistas en la mañana del 28 de octubre: “Asistentes al encuentro revelaron a El Economista que el Ejecutivo argumentó que 100 consorcios en el país pagan 1.7% de ISR, mientras que la mayoría de los mexicanos pagan 28 por ciento. Es un pasito más para acabar con los paraísos fiscales”, les comentó. Fue pues el entonces presidente Calderón quien calificó a México como paraíso fiscal. Vale aclarar que otras fuentes señalan que son 400 los consorcios que pagan menos de dos por ciento de ISR.
Segundo. El Sol de México publicó (18 de julio de 2008) declaraciones del Auditor Superior de la Federación, y cabeceó su nota así: “Se burlan contribuyentes; pagan 74 pesos de impuestos”, y abundaba: “Derivado de la revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se detectó que en el año 2005, 50 grandes contribuyentes pagaron por concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) 74 pesos en promedio y por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), 67 pesos, contraviniendo el principio de equidad fiscal, denunció el titular de la dependencia, Arturo González de Aragón...” Más adelante puntualizó que: “Entre el 2000 y el 2005 la devolución de impuestos ascendió a 680 mil millones de pesos; en 2005, esas devoluciones fueron por 150 mil millones de pesos, el doble de lo registrado en el año 2000”. O sea, al perder los juicios el SAT devuelve los impuestos a los empresarios.
Tercero. Fue muy sabido que cuando el Citigroup adquirió Banamex, no pagó ni un peso de impuestos.
Al respecto, Esmas.com. (México, julio 1 de 2004) publicó: “El 17 de mayo de 2001 se anunció la compra del Grupo Financiero Banamex-Accival por parte de Citigroup… La subsecretaría de Hacienda autorizó la operación y el 3 de agosto de 2001 se concretó la compra de Banamex por Citigroup por un monto de 12 mil 447 millones de dólares… ‘Esta operación quedó exenta de impuestos’ [cursivas APZ]”. En resumen, en este país los ricos no pagan impuestos.
En estas circunstancias, la decisión de abrir paso al IVA en medicinas y alimentos no ayuda a mejorar el equilibrio económico; más bien agravará la situación, afectando directamente a los pobres, que gastan en alimentos una elevada proporción de sus ingresos, el 47 por ciento (INEGI, Censo 2010); en realidad, los millones que viven en pobreza extrema destinan el cien por ciento; y no tan lesivo para los más acomodados, que dedican el 21.7 por ciento, un poco más de la quinta parte. En cuanto a la medicina, las cosas están ya muy mal: con los bajos salarios y el pésimo servicio prestado por las instituciones de salud pública, los sectores más empobrecidos han debido recurrir cada vez más a brujos y curanderos, a yerbas y brebajes para curarse. La ciencia y los adelantos tecnológicos en medicina no existen para ellos. Y ahora menos. En síntesis, la brecha del ingreso se profundizará, y con la polarización económica, se enconarán la polarización política y la inconformidad social, y como efecto obligado, la delincuencia y la inseguridad seguirán campeando.
En fin, esa política no contribuye a elevar el bienestar social, y sí en cambio a proteger los privilegios de los más ricos, que seguirán libres de toda obligación.
