JAHUACTAL La corrupción, otra catástrofe
En los años que corren hemos sabido que cuando era directora del Instituto de Educación para Adultos de Tabasco, Jaqueline Villaverde Acevedo tuvo bajo su nómina a familiares que abusaron del erario público y que para hacerse del puesto usaron documentación apócrifa. Ante la evidencia, Villaverde dimitió pero encontró refugio en la Secretaría de Educación, donde trabaja como titular de la Unidad Regional III (URSE III), que comprende la Chontalpa chica.
También hemos sabido de un presunto fraude en la compra-venta de terrenos donde se construyeron viviendas para los damnificados de las contingencias. Hemos sabido que nunca quedó del todo claro lo que sucedió con los donativos de la inundación. Hemos sabido que bajaron más de 4 mil millones de pesos del FONDEN para la reconstrucción de Tabasco que nadie sabe dónde quedaron.
Hemos sabido que al final de este sexenio se habrán ejercido unos 200 mil millones de pesos de presupuesto público y que sin embargo el desarrollo estatal está estancado. Nada más la Secretaría de Educación habrá contado estos seis años con más de 45 mil millones de pesos y los niveles educativos de la entidad están entre los últimos a nivel nacional.
Hemos sabido que a fines de 2007, en plena emergencia, una avioneta salió del estado con 8 millones de pesos en efectivo que se acreditaron al empresario Martín Alberto Medina Sonda, quien coincidentemente es un antiguo socio de José Manuel Saiz Pineda, el Secretario de Finanzas de Andrés Granier.
Hemos sabido, además, que en Villahermosa se sigue autorizando o tolerando el relleno de vasos reguladores, lagunas y humedales, como ocurrió en el predio donde ahora se ubica la Plaza Altabrisa y donde también se construye un complejo de viviendas denominado Centrópolis.
Y etcétera.
En Tabasco la corrupción ha adquirido dimensiones de normalidad. Está abajo y arriba, alentada en muchas ocasiones por el propio gobierno. Hay en las cárceles y en los maestros que piden “mochadas” para pasar de año a los alumnos. Se refleja en las “mordidas” a los agentes de tránsito y en las ventanillas del sector público. Se encuentra en el “diezmo” de las obras públicas y en el hacerse de la vista gorda por parte de las contralorías o el órgano fiscalizador.
La corrupción es la compra del voto, es el bono de fatiga para evadir impuestos, es el correr a gente capaz del gobierno para darle chamba a los amigos o compadres, es meterle la mano al presupuesto indebidamente, es quedarse callado para asegurar una zona de confort.
A como están las cosas, la corrupción en Tabasco ya es sinónimo de catástrofe porque tiene que ver con el aumento de la pobreza, con el deterioro del medio ambiente, con las causas que provocan inundaciones, con el deterioro del tejido social, con los bajos niveles educativos que prefiguran el fracaso de las nuevas generaciones, con la malversación de recursos públicos que frena el desarrollo.
Y todo ello atenta contra la vida misma de los tabasqueños. Por eso hay que frenar la corrupción. No se trata de una medida políticamente correcta o de un ideal. Es una acción vital para darle viabilidad a Tabasco, que está en franca ruina.
Desde luego, las autoridades tienen que hacer lo suyo. Tiene que darse real autonomía a las contralorías y al Órgano Superior de Fiscalización; se tienen que usar las nuevas tecnologías para automatizar trámites; se deben elevar las penas contra la corrupción; tiene que abrirse la posibilidad de hacer pagos en línea, tiendas comerciales y bancos para evitar el desaseo en las ventanillas públicas; tiene que haber simplificación administrativa; es urgente una efectiva rendición de cuentas; se tiene también que promover una cultura de la legalidad y de la honestidad; se deben diseñar y operar esquemas eficaces para la denuncia de casos de corrupción. Y sobre todo: tiene que combatirse la impunidad y tiene que darse el buen ejemplo desde arriba: si el gobernador es corrupto, el resto del gobierno también lo será; pero si el gobernador combate la corrupción de manera decidida, se inhibe la deshonestidad.
En suma: tienen que aplicarse medidas preventivas para desalentar la corrupción, pero también medidas correctivas para que quienes incurren en ella sean castigados y se repare el daño, porque no basta con señalar o mandar a la cárcel a los corruptos, ya es tiempo de que si un funcionario roba que devuelva el dinero.
Pero los ciudadanos tienen también un quehacer fundamental en la prevención y combate a la corrupción, porque la apatía incentiva el abuso de poder. Al final de cuentas la vigilancia de la vida pública es en beneficio de los propios ciudadanos porque se trata de cuidar el buen uso de sus impuestos.
Los ciudadanos tienen que ser participativos y hacer denuncias cuando sepan de actos de corrupción; tienen que exigir la creación de contralorías ciudadanas para crear comités que vigilen directamente las licitaciones y las compras del gobierno; tienen que hacer uso del instrumental que da la Ley de Transparencia para vigilar el manejo del presupuesto, porque la transparencia es un muy buen antídoto contra la corrupción; tienen que organizarse para crear semáforos anticorrupción, donde se califique públicamente a las autoridades con verde, amarillo o rojo según su nivel de honestidad. Pero tiene que ser en todos los niveles: en las escuelas y en las avenidas públicas, en lo que toca a las oficinas de gobierno pero también a las organizaciones que reciben subsidios públicos.
Si realmente se quiere prevenir y combatir la corrupción, el gobierno debe involucrar a los ciudadanos en estas tareas, pero los ciudadanos deben estar dispuestos a involucrarse. Lo que ya no puede continuar es la inercia actual. Contra la corrupción, la solución somos todos.
(Extracto de la ponencia presentada en el Foro Transparencia y Combate a la Corrupción durante la campaña del candidato Arturo Núñez Jiménez, del Movimiento Progresista. Balancán, 29 de mayo 2012).
[email protected]
http://jahuactal.blogspot.com
@fer_vazquezr
También hemos sabido de un presunto fraude en la compra-venta de terrenos donde se construyeron viviendas para los damnificados de las contingencias. Hemos sabido que nunca quedó del todo claro lo que sucedió con los donativos de la inundación. Hemos sabido que bajaron más de 4 mil millones de pesos del FONDEN para la reconstrucción de Tabasco que nadie sabe dónde quedaron.
Hemos sabido que al final de este sexenio se habrán ejercido unos 200 mil millones de pesos de presupuesto público y que sin embargo el desarrollo estatal está estancado. Nada más la Secretaría de Educación habrá contado estos seis años con más de 45 mil millones de pesos y los niveles educativos de la entidad están entre los últimos a nivel nacional.
Hemos sabido que a fines de 2007, en plena emergencia, una avioneta salió del estado con 8 millones de pesos en efectivo que se acreditaron al empresario Martín Alberto Medina Sonda, quien coincidentemente es un antiguo socio de José Manuel Saiz Pineda, el Secretario de Finanzas de Andrés Granier.
Hemos sabido, además, que en Villahermosa se sigue autorizando o tolerando el relleno de vasos reguladores, lagunas y humedales, como ocurrió en el predio donde ahora se ubica la Plaza Altabrisa y donde también se construye un complejo de viviendas denominado Centrópolis.
Y etcétera.
En Tabasco la corrupción ha adquirido dimensiones de normalidad. Está abajo y arriba, alentada en muchas ocasiones por el propio gobierno. Hay en las cárceles y en los maestros que piden “mochadas” para pasar de año a los alumnos. Se refleja en las “mordidas” a los agentes de tránsito y en las ventanillas del sector público. Se encuentra en el “diezmo” de las obras públicas y en el hacerse de la vista gorda por parte de las contralorías o el órgano fiscalizador.
La corrupción es la compra del voto, es el bono de fatiga para evadir impuestos, es el correr a gente capaz del gobierno para darle chamba a los amigos o compadres, es meterle la mano al presupuesto indebidamente, es quedarse callado para asegurar una zona de confort.
A como están las cosas, la corrupción en Tabasco ya es sinónimo de catástrofe porque tiene que ver con el aumento de la pobreza, con el deterioro del medio ambiente, con las causas que provocan inundaciones, con el deterioro del tejido social, con los bajos niveles educativos que prefiguran el fracaso de las nuevas generaciones, con la malversación de recursos públicos que frena el desarrollo.
Y todo ello atenta contra la vida misma de los tabasqueños. Por eso hay que frenar la corrupción. No se trata de una medida políticamente correcta o de un ideal. Es una acción vital para darle viabilidad a Tabasco, que está en franca ruina.
Desde luego, las autoridades tienen que hacer lo suyo. Tiene que darse real autonomía a las contralorías y al Órgano Superior de Fiscalización; se tienen que usar las nuevas tecnologías para automatizar trámites; se deben elevar las penas contra la corrupción; tiene que abrirse la posibilidad de hacer pagos en línea, tiendas comerciales y bancos para evitar el desaseo en las ventanillas públicas; tiene que haber simplificación administrativa; es urgente una efectiva rendición de cuentas; se tiene también que promover una cultura de la legalidad y de la honestidad; se deben diseñar y operar esquemas eficaces para la denuncia de casos de corrupción. Y sobre todo: tiene que combatirse la impunidad y tiene que darse el buen ejemplo desde arriba: si el gobernador es corrupto, el resto del gobierno también lo será; pero si el gobernador combate la corrupción de manera decidida, se inhibe la deshonestidad.
En suma: tienen que aplicarse medidas preventivas para desalentar la corrupción, pero también medidas correctivas para que quienes incurren en ella sean castigados y se repare el daño, porque no basta con señalar o mandar a la cárcel a los corruptos, ya es tiempo de que si un funcionario roba que devuelva el dinero.
Pero los ciudadanos tienen también un quehacer fundamental en la prevención y combate a la corrupción, porque la apatía incentiva el abuso de poder. Al final de cuentas la vigilancia de la vida pública es en beneficio de los propios ciudadanos porque se trata de cuidar el buen uso de sus impuestos.
Los ciudadanos tienen que ser participativos y hacer denuncias cuando sepan de actos de corrupción; tienen que exigir la creación de contralorías ciudadanas para crear comités que vigilen directamente las licitaciones y las compras del gobierno; tienen que hacer uso del instrumental que da la Ley de Transparencia para vigilar el manejo del presupuesto, porque la transparencia es un muy buen antídoto contra la corrupción; tienen que organizarse para crear semáforos anticorrupción, donde se califique públicamente a las autoridades con verde, amarillo o rojo según su nivel de honestidad. Pero tiene que ser en todos los niveles: en las escuelas y en las avenidas públicas, en lo que toca a las oficinas de gobierno pero también a las organizaciones que reciben subsidios públicos.
Si realmente se quiere prevenir y combatir la corrupción, el gobierno debe involucrar a los ciudadanos en estas tareas, pero los ciudadanos deben estar dispuestos a involucrarse. Lo que ya no puede continuar es la inercia actual. Contra la corrupción, la solución somos todos.
(Extracto de la ponencia presentada en el Foro Transparencia y Combate a la Corrupción durante la campaña del candidato Arturo Núñez Jiménez, del Movimiento Progresista. Balancán, 29 de mayo 2012).
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http://jahuactal.blogspot.com
@fer_vazquezr
