María Amparo Casar y Claudio X. González
La Fiscalía General de la República (FGR) ha escalado formalmente a los tribunales la investigación en contra de María Amparo Casar, presidenta de la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), por presuntas irregularidades relacionadas con la obtención de una pensión vitalicia de Petróleos Mexicanos (Pemex).
La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción solicitó ante un juez federal una audiencia inicial, lo que marca la fase de judicialización del caso y el inicio formal del proceso penal.
La acusación central y el daño patrimonial
La carpeta judicializada sostiene que la académica habría incurrido en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, tal como lo establece el artículo 217, fracción II, del Código Penal Federal.
- Delito y Pena: Este ilícito aplica tanto a servidores públicos que conceden beneficios económicos indebidos como a particulares que los solicitan o promueven. Las penas asociadas van de seis meses a doce años de prisión y multas; no obstante, el delito no está clasificado como grave, lo que permitiría a los señalados llevar su defensa en libertad, incluso si son vinculados a proceso.
- Monto del Presunto Daño: En mayo de 2024, el entonces director de Pemex, Octavio Oropeza Romero, afirmó que la pensión posmortem habría generado un daño patrimonial estimado en 31 millones de pesos para la paraestatal. Casar habría recibido aproximadamente 125,000 pesos mensuales durante años.
El origen de la pensión y la controversia
La controversia se centra en las circunstancias que rodearon la muerte del esposo de Casar, Carlos Fernando Márquez Padilla, quien se desempeñaba como coordinador ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex.
- Brevedad Laboral: Márquez Padilla se incorporó a Pemex el 1 de junio de 2004 y falleció el 7 de octubre del mismo año, después de caer desde una ventana del piso 12 del edificio A de la sede central de la petrolera.
- El Dictamen Cuestionado: Aunque peritajes internos realizados en ese momento apuntaron a un suicidio, Pemex reveló en 2024 que los documentos oficiales no consignaron de forma explícita esa conclusión. La acusación de la FGR se basa en que, para que proceda la pensión posmortem, la aseguradora debía dictaminar que el deceso no fue resultado de un suicidio, sino de un accidente.
- Trámite Indebido: La solicitud para el pago de la pensión posmortem a favor de los beneficiarios de Márquez Padilla se realizó apenas 12 días después del deceso, el 19 de octubre de 2004. Para la FGR, la celeridad y la forma en que se realizó este trámite, presuntamente sin la adecuada resolución sobre la causa de muerte, constituyen la base de la irregularidad.
El estatus judicial actual
La FGR sostiene que la pensión posmortem generó un daño patrimonial de 31 millones de pesos a Pemex.
De acuerdo con documentos del Poder Judicial de la Federación, la FGR solicitó la audiencia inicial para imputar a María Amparo Casar y a dos personas más por su probable participación en el delito.
- Fecha Clave: La audiencia ha sido programada para el 16 de diciembre, momento en que el Ministerio Público presentará formalmente las imputaciones y la evidencia recopilada al juez de control.
- Acciones Legales de la Académica: Cabe destacar que Pemex ordenó la suspensión del pago de la pensión en febrero de 2024. En respuesta, María Amparo Casar promovió un juicio de amparo, y un juzgado federal resolvió a su favor, ordenando a la petrolera restituir el pago hasta que se resuelva el fondo del asunto legal.
Este proceso pone en el centro del debate la legalidad de los beneficios otorgados por la paraestatal y confronta a una de las principales figuras de la sociedad civil organizada en contra de la corrupción con las instituciones del Estado.
#TomaNota
• Delito imputado: uso ilícito de atribuciones y facultades
• Pena: 6 meses a 12 años de prisión (no amerita prisión preventiva)
• Daño patrimonial estimado: 31 millones de pesos
• Audiencia inicial: 16 de diciembre de 2024
• Estatus de pensión: restituida por orden judicial mientras se resuelve el fondo
