“Juicio político” a magistrados del TET
El periodista Fernando Vázquez Rosas, presenta en la oficialía de partes del Congreso, una solicitud de “juicio político” en contra de los magistrados del TET, que se auto asignaron bonos por “excelente” desempeño
VILLAHERMOSA, TABASCO, 27 DE MARZO.- El periodista Fernando Vázquez Rosas, colaborador del periódico de la Sociedad Civil, presentó hoy en la oficialía de partes de la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político en contra de los magistrados del Tribunal Electoral de Tabasco (TET) que se auto asignaron bonos por “excelente” desempeño. En la demanda de juicio político también incluyó al titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), Francisco Rullán Silva, porque “dejó pasar estas irregularidades cometidas por los magistrados electorales y se evitó fincar responsabilidades y se dejó de aplicar las sanciones correspondientes”. Acompañado del abogado Joel Alberto García González, experto en derecho Constitucional, el periodista tabasqueño dijo que su deber como ciudadano era no dejar pasar este hecho, porque “una sociedad con impunidad es una sociedad enferma” y si se sabe del mal de la corrupción es necesario combatirlo. En su escrito Vázquez Rosa hace una amplia explicación de cómo los magistrados electorales cometieron una serie de violaciones a la ley auto asignándose de manera oculta bonos de excelencia. Refirió que durante 2007 y 2008 los magistrados del TET Isidro Ascencio Pérez, Juana Inés Castillo Torres y José Francisco Quevedo Giorgana “sesionaron repetidas veces en privado para autocalificar su trabajo como “excelente” y auto asignarse bonos de desempeño equivalentes a una quincena de su salario.”
“Los magistrados se aprobaron en total 11 bonos secretos, que sumaron más de un millón de pesos. Y lo hicieron sin demostrar cuál era la supuesta excelencia de su trabajo, lo hicieron en año no electoral y lo hicieron con toda frialdad justo en los tiempos en que los tabasqueños sufrían los efectos de la inundación”, resaltó. Expresó que no sólo es reprobable que los magistrados se hayan auto aprobado estos bonos secretos, sino que lo hicieron “a partir de violaciones a la ley”, por lo que se les tiene que aplicar un correctivo, y advirtió que si no hay sanción para ellos se estaría fomentando la “impunidad”. “Si alguien viola la ley y no pasa nada se fomenta la impunidad. Pero si los violadores de la ley son precisamente los encargados de hacerla valer, como el caso de los magistrados electorales, estamos ante un derrumbe de la moral pública que debe ser frenado”, expuso Vázquez Rosas. La denuncia de juicio político es contra los magistrados del TET, Isidro Ascencio Pérez y José Francisco Quevedo Giorgana. No incluyó a la magistrada Juana Inés Castillo Torres, porque desde hace dos años ya no forma parte del Tribunal, y “el juicio político sólo alcanza a los servidores públicos hasta un año después de haber dejado el cargo”. En su solicitud de juicio político, que elaboró bajo la asesoría del abogado “de las causas justas”, Joel Alberto García González, enumeró la serie de acciones que llevaron a cabo los magistrados al margen de la ley para auto asignarse los bonos de excelencia.
Que los magistrados electorales efectuaron sesiones en privado cuando el Artículo 63 bis de la Constitución de Tabasco ordena que todas sus sesiones deben ser públicas; los magistrados violaron el artículo 9 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tabasco al poner su percepción por encima de la que reciben los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Además, “los magistrados electorales se auto aprobaron esos bonos de desempeño sin ningún fundamento legal, aún cuando todo acto de autoridad debe estar plenamente sustentado en las leyes”. La denuncia de juicio político también incluye al fiscal superior Rullán Silva, “por no haber actuado frente a estas irregularidades”. “He emprendido esta acción de buena fe, con la convicción de que las cosas en Tabasco pueden ser mejores”, refirió el periodista, y apuntó que si los diputados, “si es que realmente se dicen representantes populares, deben darle cauce a esta denuncia de juicio político. Si la empantanan, entonces serán cómplices, por omisión o negligencia, de lo sucedido en el Tribunal Electoral de Tabasco.” No hay que olvidar que el actual presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, Isidro Ascencio Pérez, ya reconoció que se auto entregaron esos bonos secretos. La única diferencia es que él insiste en que todo fue legal y yo sostengo que fue ilegal. Por eso es importante que este hecho llegue hasta las últimas consecuencias, puntualizó.
“Los magistrados se aprobaron en total 11 bonos secretos, que sumaron más de un millón de pesos. Y lo hicieron sin demostrar cuál era la supuesta excelencia de su trabajo, lo hicieron en año no electoral y lo hicieron con toda frialdad justo en los tiempos en que los tabasqueños sufrían los efectos de la inundación”, resaltó. Expresó que no sólo es reprobable que los magistrados se hayan auto aprobado estos bonos secretos, sino que lo hicieron “a partir de violaciones a la ley”, por lo que se les tiene que aplicar un correctivo, y advirtió que si no hay sanción para ellos se estaría fomentando la “impunidad”. “Si alguien viola la ley y no pasa nada se fomenta la impunidad. Pero si los violadores de la ley son precisamente los encargados de hacerla valer, como el caso de los magistrados electorales, estamos ante un derrumbe de la moral pública que debe ser frenado”, expuso Vázquez Rosas. La denuncia de juicio político es contra los magistrados del TET, Isidro Ascencio Pérez y José Francisco Quevedo Giorgana. No incluyó a la magistrada Juana Inés Castillo Torres, porque desde hace dos años ya no forma parte del Tribunal, y “el juicio político sólo alcanza a los servidores públicos hasta un año después de haber dejado el cargo”. En su solicitud de juicio político, que elaboró bajo la asesoría del abogado “de las causas justas”, Joel Alberto García González, enumeró la serie de acciones que llevaron a cabo los magistrados al margen de la ley para auto asignarse los bonos de excelencia.
Que los magistrados electorales efectuaron sesiones en privado cuando el Artículo 63 bis de la Constitución de Tabasco ordena que todas sus sesiones deben ser públicas; los magistrados violaron el artículo 9 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral de Tabasco al poner su percepción por encima de la que reciben los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Además, “los magistrados electorales se auto aprobaron esos bonos de desempeño sin ningún fundamento legal, aún cuando todo acto de autoridad debe estar plenamente sustentado en las leyes”. La denuncia de juicio político también incluye al fiscal superior Rullán Silva, “por no haber actuado frente a estas irregularidades”. “He emprendido esta acción de buena fe, con la convicción de que las cosas en Tabasco pueden ser mejores”, refirió el periodista, y apuntó que si los diputados, “si es que realmente se dicen representantes populares, deben darle cauce a esta denuncia de juicio político. Si la empantanan, entonces serán cómplices, por omisión o negligencia, de lo sucedido en el Tribunal Electoral de Tabasco.” No hay que olvidar que el actual presidente del Tribunal Electoral de Tabasco, Isidro Ascencio Pérez, ya reconoció que se auto entregaron esos bonos secretos. La única diferencia es que él insiste en que todo fue legal y yo sostengo que fue ilegal. Por eso es importante que este hecho llegue hasta las últimas consecuencias, puntualizó.
