¡Justicia!, exigen padres de quinceañera asesinada

“Queremos que los asesinos de Ingrid Jarely, la profesora Durvin y de Clever paguen con creces los asesinatos que cometieron y que las autoridades den respuesta pronta a los padres de Graciela Pérez López, quien sigue en calidad de desaparecida”.
    Es el reclamo doloroso e indignado de los padres de Ingrid Jarely Cruz Juárez, estudiante de quince años ultimada y abusada sexualmente, el 28 de agosto del 2012, horas después de que los hoy inculpados confesaron haber violado y asesinado también a la catedrática de la Universidad Intercultural de Oxolotán, Durvin Ramírez Díaz.
    En nuestro caso, declara a La Verdad del Sureste, doña Guadalupe Juárez López, por lo menos sabemos que nuestra hija está sepultada, pero no conocer donde se encuentra Graciela o sus restos, desde hace un año, ha sido para sus padres un tormento.
    Hace casi un año ya del multihomicidio que cimbró no solo a varias comunidades del municipio de Tacotalpa -donde meses atrás en la misma zona ocurrió otro, cuatro niños fueron secuestrados y asesinados también- y hasta el momento, tres de los detenidos –entre ellos Angel Vázquez Pérez, señalado como el principal responsable- cumplan ya una sentencia.
    Guadalupe y su esposo Dionicio –que fue quien denunció la desaparición de su hija el mismo día de su desaparición el 28 de agosto- son cabeza de una familia campesina del ejido La Pila, del municipio de Tacotalpa.
    Dionicio afirma que aún cuando a Angel ya se le dictó auto de formal prisión, dos veces el padre del presunto criminal ha recurrido en dos ocasiones a sendos amparos, el último notificado al primero hace unos días.
    El padre de la extinta Ingrid Jarely supone que los amparos que están protegiendo a Angel Vázquez son logrados con el dinero que aporta su padre Miguel Vázquez Pérez y distribuye entre autoridades de procuración y administración de justicia.
    Nosotros quisiéramos saber cuáles son los impedimentos por los que a los detenidos –Angel Vázquez, Héctor López Torres y Camilo Jiménez Pérez- no se les han dictado sentencia, pero no tenemos abogados, porque no podemos pagar los honorarios de uno.
    Es por eso que otra de nuestras peticiones es que alguien nos apoye, que nos explique cuál es el procedimiento y cuál es el avance del proceso del expediente 172/2012, porque nosotros desconocemos todo lo legal.
    Pedimos que un abogado de buena voluntad que nos asesore, que nos diga que pasos debemos seguir de manera gratuita porque no tenemos con que pagarle.
    -Ustedes, la comunidad ¿están seguros que los detenidos son los verdaderos responsables de los tres asesinatos?
    Personalmente junto con los ministeriales, respondió Dionicio, hice el recorrido para encontrar los cuerpos, fue el propio Héctor López Torres, que había sido detenido poco antes, el que nos mostró donde estaba el cadáver de la profesora Durvin y enseñó los domicilio de sus cómplices.
    Personalmente fue Héctor el que señaló las casas, el nombre de sus cómplices y lugar donde se encontraban los cuerpos de Ingrid Jarely y la maestra Durvin.
    Ahora ellos tratan de demostrar inocencia, pero como y cuando las autoridades encontraron los cadáveres sino fue con la ayuda de Héctor, eso toda la comunidad lo vio, sostiene Dionicio.
    Dionicio iba con ellos, no hay ninguna duda, ellos son los asesinos de nuestra hija, de la maestra Durvin, del joven Clever Martínez Martínez días antes y de la desaparición de Graciela Pérez López.
    Héctor no solo dio señales de la fisonomía de cada uno,  sino que mencionó que tenían tatuajes.
    - ¿Todos los implicados están detenidos?
    No, por ejemplo, Emiliano es uno de los cómplices y no está detenido, cuando en uno de los documentos que nos dieron tenía orden de aprehensión y sin embargo está libre, afirma doña Guadalupe.
    Las niñas y jóvenes de las comunidades de la zona, no solo de La Pila, están en riesgo, permanece el miedo, varios padres de familia han sacado de las escuelas a sus hijas por temor.
    Emiliano es un criminal y todos ellos forman parte de una banda de drogadictos que asalta y no tienen sentimientos.
    “Nosotros no queremos que al rato otra chica pase por lo mismo que pasó nuestra hija, a ninguna madre o padre se le desea eso”, expresa Guadalupe.
    Desde hace once meses que Angel, Héctor y Camilo están detenidos, no ha ocurrido otra violación o crimen, asegura.
    Sin embargo, a casi un año, vivimos en la incertidumbre, nadie sale ya a caminar, algunas muchachas desertaron de la escuela, es decir ya no están estudiando por temor de que les pase lo que a mi hija.
    Dionicio no puede contener el llanto, cuando recuerda que fue el 28 de julio del 2012 cuando murió su hija y el primero cuando la sepultaron, Ingrid fue asesinada el mismo día que la maestra Durvin, a las dos la violaron y las ahorcaron con un hilo.
    Se queja de que las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del estado detuvieron la investigación desde el momento en que detuvieron a tres de los inculpados, ya transcurrió casi un año y no hay sentencias definitivas.
    Parece que “Derechos Humanos los defiende, pero no toma en cuenta los derechos de nuestra hija muerta y de nosotros, nunca más han ido a investigar a la comunidad”.
    Menciona que nunca la PGJE tomó en cuenta que antes Angel Vázquez había ido a disparar a su casa y que ha cometido otros delitos.
    “Nosotros nunca estaremos conformes si los dejan libres, nunca dejará de dolerme lo que le hicieron a mi hija, de recordar como la vi tirada y muerta” Y advierte:
    “Si la autoridad no hace justicia yo lo haré, no sería justo que ellos quedaran libres después de lo que hicieron, como si los derechos de ellos valieran más que los de mi hija”.
    -¿Quién más está libre?
    Uno que anda huyendo, responde el papá de la extinta joven de quince años-  es uno de los hermanos de Héctor y otros dos de sus hermanos –Juan José y Antonio- siguen juntándose con Emiliano, muy libres, porque las autoridades dicen que no hay órdenes de aprehensión en su contra, cuando forman parte de un grupo de delincuentes y drogadictos.
    Dos veces hemos hablado con el Procurador de Justicia del Estado, dijo que se comunicaría conmigo y no cumplió, las únicas que han acudido a prestarnos apoyo son integrantes del Observatorio Nacional del Feminicidio (ONF)
    Se les preguntó si habían solicitado ayuda a alguna instancia internacional, y las sociólogas María del Carmen Hernández y Angela Mendoza, representantes del Observatorio en Tabasco, respondieron que primero tendrán que agotar las instancias estatales y federales.
    Hasta el momento hemos estado dando seguimiento, en la medida de lo posible nos estamos comprometiendo con ellos para apoyarlos, las compañeras de ONF a nivel nacional también se han comprometido a seguir el caso.
    Por último Dionicio, sostuvo que responsabilizarán a las autoridades de procuración y administración de justicia de Tabasco, de los posibles actos de venganza o represión que puedan cometer en contra de su familia o miembro de su comunidad, los cómplices del crimen que están libres o sus familiares.