Las lecciones de Sinaloa

Desde mayo pasado se anunció con bombo y platillo que Sinaloa tendría licencias de manejo “infalsificables”, para lo cual el gobierno del Estado contrató a una empresa que se encargaría de recopilar las 10 huellas dactilares y el escaneo del iris, una acción intrusiva sin precedente en las sociedades contemporáneas.
    La medida pasó al principio desapercibida.
    Los medios locales simple y sencillamente consignaron de manera aséptica la nota informativa.
    La “infalsificabilidad” en Europa se resolvió por medio de los chips que para eso precisamente tienen en México diversas tarjetas bancarias.
    Parecía un hecho consumado, pero por fortuna para el país no fue así.
    Primero. A nivel de redes sociales se inició poco a poco un proceso de socialización de los peligros potenciales de que el gobierno de Sinaloa, o cualquier otro, tuviera nuestros datos más íntimos por la alta probabilidad de utilizarlos para fines distintos. Peor, en Sinaloa, el gobernador muy quitado de la pena anunció que se subirían a la Plataforma México criminalizando de esa manera a l@s sinaloenses haciendo del derecho constitucional a la presunción de inocencia un papalote.
    El diario local www.noroeste.com.mx, un periódico que tradicionalmente ha sido incómodo al gobierno y da cabida a las inquietudes sociales, hizo del caso  una causa por su gran repercusión en perjuicio de l@s sinaloenses. El asunto todavía era peor, resulta que no hay ley alguna en Sinaloa que permita fundar y motivar el requerimiento de las 10 huellas dactilares y el escaneo del iris para obtener una licencia de manejo. Es decir, la decisión del gobierno sinaloense se hizo al margen del principio constitucional de legalidad, respaldado por un acuerdo administrativo cuya jerarquía normativa impide justificar legalmente actos de molestia a los gobernados.
    Segundo. El gobernador de Sinaloa se pintó de cuerpo entero cuando afirmó que el “gobierno podía hacer todo lo que no estuviera prohibido por la ley”. Efectivamente este principio existe, pero jamás para el gobierno, sino para el gobernado, como lo explicó magistralmente el jurista Edgar Corzo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y director de la Revista Cuestione Constitucionales en las páginas de www.noroeste.com.mx.
    Ante la presión social, el gobierno de Sinaloa se vio presionado a buscar ejemplos que no pudo encontrar en ninguna parte de sus “buenas intenciones” de tener fichados a todos sus ciudadanos. Como presagio de esa desesperación, se comunicó conmigo la directora de Relaciones Públicas de la empresa contratada para llevar el polémico proyecto, quien muy amable me preguntó si mis opiniones sobre el tema eran a título personal o a nombre de la UNAM. Por supuesto, le dije, a título personal. La UNAM como su propios objetivos lo señalan es un espacio donde conviven diferencias de percepción y de criterio sobre los más distintos temas. Le aseguré, sin embargo, que jamás la UNAM se pronunciaría a favor de la violación de los derechos humanos no sólo por lo absurdo de la postura, sino por el costo político de hacer una manifestación pública en ese sentido. Al mismo tiempo. www.noroeste.com.mx hizo mancuerna con un reconocido y prestigiado abogado de Mazatlán, David Cristobal Álvarez, socio director del Bufete Álvarez y Asociados quienes acaban de presentar un conjunto de amparos contra los actos en perjuicio de varios ciudadanos cometidos por el Gobierno de Sinaloa. Ya hay incluso varias suspensiones provisionales otorgadas para evitar que se mal utilicen los datos recabados de los ingenuos ciudadanos que fueron a tramitar su pasaporte y el que el gobierno local dice que son 40 mil personas.
    Tercero. En ese escenario, el gobierno de Sinaloa hechó para atrás la medida de manera “provisional”, aunque con los resultados por la vía judicial federal y el repudio de muchos colegas de varias universidades y en particular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es esperable que la temporalidad se convierta en definitividad si la sociedad no baja la guardia y se mantiene alerta ante estas ocurrencias del gobierno de Sinaloa que si se hubiera dejado pasar más temprano que tarde las tendríamos también en la Ciudad de México y en varias entidades federativas. Hay otras batallas que hay que dar que son los mismos datos intrusivos en la Cédula de Identidad Ciudadana sólo en el caso de menores y extranjeros pero la cual sí bien tiene base legal, pro no se compadece con la Constitución menos ahora con la reforma del 2011 donde los tratados internacionales son fundamento para demandar amparo. Esto fue así porque el propósito del gobierno de Calderón era que fueran todos los gobernados y la movilización social y política ganó parcialmente esa partida. También hay que hacer lo propio con los registros del SAT que debemos replicar el modelo de resistencia sinaloense. Se ha ganado una batalla en Sinaloa, pero todavía no lo
    Pd. A partir de esta semana inicio con mis colaboraciones semanales en Noroeste cuya política editorial es compatible con mis convicciones. Agradezco a El Debate su hospitalidad editorial por todos estos años. Su línea editorial no representa, empero, en lo que yo creo. Uno debe estar donde están las causas en las que uno cree por un principio de ética política.  
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