Roberto Romero del Valle, explicó que la decisión del juez es porque la Conagua no tiene delimitada su zona federal, lo que representa una omisión. (Foto: Joel Arias)
VILLAHERMOSA, TABASCO. 28 DE SEPTIEMBRE DE 2010. Dos representantes de familias de la ranchería Sanmarkanda, municipio de Nacajuca, lograron obtener sendos amparos del juez cuarto de distrito del Poder Judicial Federal, y así detener provisionalmente las intenciones de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y diversas dependencias del gobierno del estado de reubicarlos y demoler sus viviendas.
De esta forma, al menos por el momento, las dependencias federales y estatales no podrán ejercer ninguna acción con los domicilios de Alfonso Ramírez Langarica y Natividad Cruz Jiménez, que promovieron los amparos concedidos.
El jurídico del sol azteca, Roberto Romero del Valle, explicó que la decisión del juez es porque la Conagua no tiene delimitada su zona federal, lo que representa una omisión, y en tal sentido no justificó sus intenciones de demoler las viviendas.
“Lo más increíble de esto, es que la autoridad sí está obligada a fundamentar y motivar su acción, y resulta que Conagua, su zona federal que es de 10 metros de la rivera del río, resulta que no la tiene delimitada”, anotó.
Se trata de dos de los quince amparos promovidos por ciudadanos, y apoyados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en contra de la decisión de los gobiernos federal y estatal de reubicar a las familias y destruir sus casas. Los otros trece aún no se resuelven.
En tanto, el presidente del Consejo Político Estatal (CPE) del PRD, Rafael Elías Sánchez Cabrales, dio a conocer que el juez determinó suspender todo acto en contra de las dos familias, con lo cual no pueden ser desalojadas ni sus viviendas demolidas, hasta que no se resuelva de fondo el amparo correspondiente.
“El suscrito Armando Antonio Palomeque, secretario del juzgado cuarto de distrito del estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, certificó que Natividad de la Cruz Jiménez promovió el juicio de amparo indirecto 1586/2010-II, contra actos del gobernador, de la Dirección Local de la Conagua, del secretario de Gobierno, del procurador del estado, del secretario de Seguridad Pública, del director de Protección Civil, de la SEDESOL, de SAOP, del INVITAB. Y que dentro del expediente el juez dice que se concede la suspensión provisional solicitada en cuanto a los actos y consecuencias del acto reclamado, respecto a la parcela 328 P 1/1 ubicada en el ejido Saloya tercera sección, Sanmarkanda, del municipio de Nacajuca”, leyó el presidente del máximo órgano de dirección perredista.
Sánchez Cabrales advirtió que el PRD estará pendiente de que se acate la decisión del juez, porque los gobiernos federal y estatal podrían desacatar la orden.
El abogado Javier López Cruz subrayó que las familias a las que se pretende reubicar cuentan con los títulos de propiedad de sus viviendas, los cuales le fueron otorgados durante la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, que gobernó al país de 1994 al 2000.
De esta forma, al menos por el momento, las dependencias federales y estatales no podrán ejercer ninguna acción con los domicilios de Alfonso Ramírez Langarica y Natividad Cruz Jiménez, que promovieron los amparos concedidos.
El jurídico del sol azteca, Roberto Romero del Valle, explicó que la decisión del juez es porque la Conagua no tiene delimitada su zona federal, lo que representa una omisión, y en tal sentido no justificó sus intenciones de demoler las viviendas.
“Lo más increíble de esto, es que la autoridad sí está obligada a fundamentar y motivar su acción, y resulta que Conagua, su zona federal que es de 10 metros de la rivera del río, resulta que no la tiene delimitada”, anotó.
Se trata de dos de los quince amparos promovidos por ciudadanos, y apoyados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en contra de la decisión de los gobiernos federal y estatal de reubicar a las familias y destruir sus casas. Los otros trece aún no se resuelven.
En tanto, el presidente del Consejo Político Estatal (CPE) del PRD, Rafael Elías Sánchez Cabrales, dio a conocer que el juez determinó suspender todo acto en contra de las dos familias, con lo cual no pueden ser desalojadas ni sus viviendas demolidas, hasta que no se resuelva de fondo el amparo correspondiente.
“El suscrito Armando Antonio Palomeque, secretario del juzgado cuarto de distrito del estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, certificó que Natividad de la Cruz Jiménez promovió el juicio de amparo indirecto 1586/2010-II, contra actos del gobernador, de la Dirección Local de la Conagua, del secretario de Gobierno, del procurador del estado, del secretario de Seguridad Pública, del director de Protección Civil, de la SEDESOL, de SAOP, del INVITAB. Y que dentro del expediente el juez dice que se concede la suspensión provisional solicitada en cuanto a los actos y consecuencias del acto reclamado, respecto a la parcela 328 P 1/1 ubicada en el ejido Saloya tercera sección, Sanmarkanda, del municipio de Nacajuca”, leyó el presidente del máximo órgano de dirección perredista.
Sánchez Cabrales advirtió que el PRD estará pendiente de que se acate la decisión del juez, porque los gobiernos federal y estatal podrían desacatar la orden.
El abogado Javier López Cruz subrayó que las familias a las que se pretende reubicar cuentan con los títulos de propiedad de sus viviendas, los cuales le fueron otorgados durante la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, que gobernó al país de 1994 al 2000.
