López Uribe a declarar sobre desvío de 84mdp

Villahermosa, Tab., 18 de junio/ El ex secretario de Seguridad Pública Sergio López Uribe y su ex director administrativo Mario Alberto Eslava Gómez, en el gobierno de Andrés Granier,  deberán explicar ante la PGJE, el desvío de más de 84 millones de pesos que detectó la actual administración estatal en el ejercicio de fondos federales y otros presuntos actos de corrupción denunciados por policías estatales.  
    En diciembre del año pasado, un grupo de elementos que guardó el anonimato, hizo una denuncia pública ante La Verdad del Sureste, y entregó una serie de documentos entre oficiales y no, en donde particularizaron la venta de plazas, la existencia de aviadores, los abusos y excesos de los jefes policíacos, entre otras irregularidades.
    Además, involucraron directamente al ex secretario de Gobierno y operador electoral de Enrique Peña Nieto, en Tabasco, Humberto Mayans, en la creación y operación de un grupo especial dentro de la SSP, que bajo la fachada de una Unidad de Investigación, se dedicaba al espionaje político, que entre sus tareas tenía la orden de dar seguimiento a personajes del PRD que compitieron en la elección del 1 de julio.  
    Faltaban 15 días para que concluyera el 2012 y acusaron que Andrés Granier y el entonces secretario de Seguridad Pública, se marchaban sin haber rendido cuentas entorno al gasto de 100 millones de pesos destinado para equipamiento, homologación salarial y el pago de prestaciones de la Policía Estatal.
    También, entre las irregularidades que denunciaron, se encontraba la venta de plazas en 10 mil pesos, robo de gasolina, de cartuchos de armas de fuego de 9mm, AR-15 y .223, refacciones de las patrullas, falsificación de facturas de vehículos usados para reportar que son del año, una nómina de aviadores, entre otros.
    “Que aparezcan los 100 millones de pesos que mando la federación para llevar a cabo el Convenio Específico de Adhesión para el otorgamiento del subsidio a las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de Seguridad Pública en materia de Mando Policial”, exigieron los policías estatales que hicieron la denuncia 16 de diciembre del año pasado.
    Entregaron una lista de nombres y vehículos oficiales, que presuntamente se usaron para atender desde cuestiones políticas-electorales, personales y hasta de placer de los mandos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Todo con cargo al erario público.
    “Esos 100 millones de pesos era para crear la Unidad de Análisis Táctico, Unidad de Investigación, Unidad de Operaciones conformado por el policía modelo, sustentado en valores éticos y jurídicos, en el que los elementos serían dotados de armamento, municiones, vehículos, equipo de protección, instalaciones adecuadas, dotación de equipo tecnológico y el programa de estímulos económicos como seguros de vida, becas, fondo de ahorro de 70 mil pesos y apoyo a la vivienda”, aseguraron.  
    Responsabilizaron, al ex secretario de Gobierno, Humberto Mayans, al titular de Seguridad Pública, Sergio López Uribe y aún gobernador Andrés Granier, del presunto desvío de los recursos destinados para el pago de las prestaciones de 5 mil policías.    
    Por ello, demandaron, una “exhaustiva investigación al inventario de entrega de dotación de uniformes, porque aseguraron que falsificaron las firmas de los elementos de la Policía Estatal.
    “La entrega es una total  una mentira, pues es el mismo uniforme que entregaron en los años anteriores al 2011 y siempre faltan los chalecos, calcetines, chamarras, fortinuras, botas y principalmente las mochilas grandes que tienen un costo de 650 pesos”, acusaron.     
    Inclusive, denunciaron que dentro de la Unidad de Investigación de la SSP, fue creado un grupo dedicado al espionaje político, del cual dieron parte al entonces gobernador electo licenciado Arturo Núñez Jiménez, pues Humberto Mayans, era el operador político electoral para beneficiar a Enrique Peña Nieto.
    Los policías, afirmaron que a los integrantes de este equipo, les dieron vehículos modelos 2010, pero etiquetado como nuevos del 2012 y 3 mil pesos en vales de gasolina semanales, para darle seguimiento a personajes del PRD que compitieron en la elección del 1 de julio”.  
    También, acusaron al director general de la Policía Estatal, Alcides Sánchez García y a la directora de Recursos Humanos, María Rosa Torres Torres, de la venta de plazas en la SSP, por 5 mil, 10 mil y 15 mil pesos, de acuerdo al nivel del escalafón asignado a los aspirantes a formar parte de las filas de la recién creada Unidad de Investigación, que según la documentación entregada a este diario, contaba con 127 oficiales adscritos.
    El pasado 21 de febrero, el gobernador Arturo Núñez Jiménez, dijo que de los mil 918 millones de recursos federales desaparecidos en la administración de Granier, 84 millones de pesos correspondían a Seguridad Pública y Protección Civil.
    El ex secretario de Seguridad Pública Sergio López Uribe y su ex director administrativo Mario Alberto Eslava Gómez, están citados a comparecer el próximo lunes.