Lorena Beaurregard espera que Granier de marcha atrás en la reforma a la ley de seguridad pública
VILLAHERMOSA, TABASCO, 19 DE ABRIL.- Ausente en la discusión y aprobación de la Ley de Seguridad Pública, hace dos semanas, la diputada del PRI, Lorena Beaurregard de los Santos, hizo un cálculo de lo que costará al erario estatal la custodia de los ex gobernadores y otros ex servidores públicos vinculados a la procuración e impartición de justicia, así como a familiares de éstos. La cifra estimada por la legisladora priista es de 3 millones 840 mil pesos, en sueldos para chofer y escoltas del ex mandatario.
La cifra se incrementa ostensiblemente si se incluye a los otros ex gobernadores y ex servidores públicos, sin contar a la familia. Por ello, apeló a la “sensibilidad” del gobernador Andrés Granier Melo para que reconsidere y dé marcha atrás, sobre todo por el costo político que esta reforma puede tener para el PRI en el actual proceso electoral. Dijo que tan solo el sueldo de un chofer sería de unos 320 mil pesos mensuales y si esa cifra se multiplica con las percepciones del resto del personal de seguridad la cifra total sería los 3 millones 840 mil pesos. Criticó que la reforma se haya aprobado por la vía del “fast track”, y cuestionó que no se haya considerado “el impacto a las finanzas, ni el momento político que vive el Estado.”
Dijo que no se opone a que “se revise y se maneje con estricta responsabilidad el tema que calificó como sensible para todos, debido a la ola de violencia a la que están expuestos los ciudadanos y funcionarios.” Las modificaciones aprobadas no están vinculadas a la realidad de la entidad, agregó Beaurregard de los Santos, por lo que propuso “actuar responsablemente ante las demandas de la ciudadanía, la cual solicita mejores servicios, mayor seguridad y más empleos”.
“Ningún asunto de interés público tiene caducidad, los legisladores nunca deben claudicar por defender los derechos de los ciudadanos y no se puede menospreciar el interés de la población”, dijo. En defensa de la reforma subió a hablar el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Seguridad Pública, José Dolores Espinoza May, quien discrepó de lo expuesto por su compañera de bancada. Dijo que este debate está “fuera de tiempo y provoca confusión ante la opinión pública”, y aseguró que esta reforma se sustenta “en los lamentables hechos ocurridos en el Estado y a nivel Nacional, contra servidores públicos y candidatos a puestos de elección popular, quienes han sufrido atentados por el crimen organizado.”
La cifra se incrementa ostensiblemente si se incluye a los otros ex gobernadores y ex servidores públicos, sin contar a la familia. Por ello, apeló a la “sensibilidad” del gobernador Andrés Granier Melo para que reconsidere y dé marcha atrás, sobre todo por el costo político que esta reforma puede tener para el PRI en el actual proceso electoral. Dijo que tan solo el sueldo de un chofer sería de unos 320 mil pesos mensuales y si esa cifra se multiplica con las percepciones del resto del personal de seguridad la cifra total sería los 3 millones 840 mil pesos. Criticó que la reforma se haya aprobado por la vía del “fast track”, y cuestionó que no se haya considerado “el impacto a las finanzas, ni el momento político que vive el Estado.”
Dijo que no se opone a que “se revise y se maneje con estricta responsabilidad el tema que calificó como sensible para todos, debido a la ola de violencia a la que están expuestos los ciudadanos y funcionarios.” Las modificaciones aprobadas no están vinculadas a la realidad de la entidad, agregó Beaurregard de los Santos, por lo que propuso “actuar responsablemente ante las demandas de la ciudadanía, la cual solicita mejores servicios, mayor seguridad y más empleos”.
“Ningún asunto de interés público tiene caducidad, los legisladores nunca deben claudicar por defender los derechos de los ciudadanos y no se puede menospreciar el interés de la población”, dijo. En defensa de la reforma subió a hablar el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Seguridad Pública, José Dolores Espinoza May, quien discrepó de lo expuesto por su compañera de bancada. Dijo que este debate está “fuera de tiempo y provoca confusión ante la opinión pública”, y aseguró que esta reforma se sustenta “en los lamentables hechos ocurridos en el Estado y a nivel Nacional, contra servidores públicos y candidatos a puestos de elección popular, quienes han sufrido atentados por el crimen organizado.”
