Los 6 eventos que marcaron la política latinoamericana en 2023
Ciudad de México.- América Latina parece escribirse en clave de efervescencia y cambio político. En la contabilidad regional de 2023 se incluyen asuntos como un intento de golpe de Estado en Brasil, la reanudación del diálogo entre el Gobierno de Venezuela y el ala más extremista de la oposición, y el boicot jurídico contra el presidente electo de Guatemala.
A la lista pueden añadirse los difíciles avances de la ‘paz total’ en Colombia, el fracaso del segundo intento por sancionar una nueva Constitución en Chile y el triunfo del ultraderechista Javier Milei en Argentina.
Aunque se trata de situaciones no necesariamente equiparables entre sí ni en intensidad ni en impacto, en ellas se identifica un rasgo común: la aparición de límites y conflictos institucionales en las democracias liberales, que impiden la gestión eficaz de los disensos políticos y sociales.
¿Viva la libertad?
Argentina apostó este año por un cambio radical. El cansancio derivado de una crisis económica de larga duración, abrió el compás para que el economista ultraliberal Javier Milei, una figura que apenas dos años atrás figuraba como invitado en tertulias televisivas, se convirtiera en presidente del país, con poco más del 55 % de los sufragios.
Milei prometió un programa de choque que incluye la eliminación de los controles estatales sobre la actividad empresarial, privatizaciones, liberalización de precios y despidos masivos, respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FIM), con quien la nación suramericana adquirió en 2018 una deuda de 44.000 millones de dólares.
Los primeros pasos de este plan se anunciaron el pasado 20 de diciembre con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que fueron seguidos con la llamada ‘ley ómnibus’, una iniciativa que abarca más de 300 reformas sobre la legislación vigente, de cara a garantizar la libertad económica.
El DNU causó rechazo entre sectores sindicales y ciudadanos comunes, que organizaron protestas y han interpuesto recursos judiciales que persigue la declaratoria de inconstitucionalidad de la propuesta presidencial.
Mientras, el Ejecutivo ha respondido con una estricta normativa que, para sus detractores, criminaliza los derechos a la protesta y a la asociación, al sustentarse restricciones, controles policiales, denuncias y otros mecanismos de tinte persecutorio hacia los organizadores, a los que se presenta como aprovechadores de los beneficios otorgados por el Estado.
Este tablero apenas ha comenzado a moverse. Tanto el DNU como la ‘ley ómnibus’ deben pasar por las dos cámaras del Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría. En anticipo de un eventual rechazo, Milei ya anunció que sometería a referéndum el llamado ‘decretazo’.
La antidemocracia en Brasil
El domingo 8 de enero, apenas una semana después de que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva jurara para un tercer mandato, seguidores de su antecesor, Jair Bolsonaro (2019-2022), irrumpieron en la sede de los poderes públicos en Brasilia en un intento de asaltar el Gobierno.
La turba enardecida causó destrozos y evocó a la opinión pública lo ocurrido un par de años atrás en EE.UU., cuando partidarios del expresidente Donald Trump asaltaron la sede del Capitolio bajo el supuesto de que se había perpetrado un fraude electoral para otorgar la victoria a Joe Biden.
El evento salpicó directamente a Bolsonaro, al que se sindicó de haber presentado ante diversos liderazgos de las Fuerzas Armadas, de cuyas filas proviene, un plan golpista contra Lula, según las declaraciones que ofreció el teniente coronel Mauro Cid a las autoridades, a cambio de beneficios procesales.
Del mismo modo, la comisión interparlamentaria encargada de investigar la tentativa sediciosa le responsabilizó directamente de los hechos y pidió su enjuiciamiento por acción criminal, al considerar que “fue el autor, ya sea intelectual o moral, de los ataques perpetrados contra las instituciones”.
Aunque el intento de desplazar por la fuerza a Lula recibió la condena unánime de los Gobiernos del mundo y las instituciones brasileñas se aprestaron a investigar a fondo los hechos y a sancionar severamente a los responsables, lo ocurrido en enero de 2023 reveló que, en el paroxismo, el fuerte movimiento conservador que existe en el gigante suramericano puede adoptar formas decididamente antidemocráticas que gozan de respaldo –por ahora, no mayoritario– dentro del Estado.
Guatemala o la nueva cara del ‘lawfare’
En el último año, se ha producido en Guatemala un despliegue institucional sin precedentes para impedir el ascenso al poder del progresista Bernardo Arévalo de León, quien resultó ganador en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 20 de agosto.
Las acciones han implicado la suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla, tolda de Arévalo, así como la promoción de numerosas causas por parte del Ministerio Público en contra de dirigentes de esa formación política e inclusive un intento de anular las elecciones.
La ciudadanía ha respondido con masivas protestas callejeras, cierres de caminos y paros generales, para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, mientras que Gobiernos de la región –incluido EE.UU.– y organismos multilaterales y foros políticos de diverso signo ideológico, han condenado los intentos de los órganos de justicia por socavar la voluntad popular expresada en las urnas.
Está previsto que Arévalo asuma la presidencia el próximo 14 de enero, pero aunque él ha asegurado que el “golpe” de Estado institucional ya fue “bloqueado”, los eventos constituyen una nueva muestra del uso de las instituciones judiciales para atentar contra la democracia.
Venezuela y EE.UU. frente a frente
Luego de casi un año de suspensión, el Gobierno de Venezuela y el sector extremista de la oposición aglutinado en la Plataforma Unitaria retomaron los diálogos en Barbados, en interés de discutir las condiciones para las elecciones presidenciales de 2024.
A la lista pueden añadirse los difíciles avances de la ‘paz total’ en Colombia, el fracaso del segundo intento por sancionar una nueva Constitución en Chile y el triunfo del ultraderechista Javier Milei en Argentina.
Aunque se trata de situaciones no necesariamente equiparables entre sí ni en intensidad ni en impacto, en ellas se identifica un rasgo común: la aparición de límites y conflictos institucionales en las democracias liberales, que impiden la gestión eficaz de los disensos políticos y sociales.
¿Viva la libertad?
Argentina apostó este año por un cambio radical. El cansancio derivado de una crisis económica de larga duración, abrió el compás para que el economista ultraliberal Javier Milei, una figura que apenas dos años atrás figuraba como invitado en tertulias televisivas, se convirtiera en presidente del país, con poco más del 55 % de los sufragios.
Milei prometió un programa de choque que incluye la eliminación de los controles estatales sobre la actividad empresarial, privatizaciones, liberalización de precios y despidos masivos, respaldado por el Fondo Monetario Internacional (FIM), con quien la nación suramericana adquirió en 2018 una deuda de 44.000 millones de dólares.
Los primeros pasos de este plan se anunciaron el pasado 20 de diciembre con el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que fueron seguidos con la llamada ‘ley ómnibus’, una iniciativa que abarca más de 300 reformas sobre la legislación vigente, de cara a garantizar la libertad económica.
El DNU causó rechazo entre sectores sindicales y ciudadanos comunes, que organizaron protestas y han interpuesto recursos judiciales que persigue la declaratoria de inconstitucionalidad de la propuesta presidencial.
Mientras, el Ejecutivo ha respondido con una estricta normativa que, para sus detractores, criminaliza los derechos a la protesta y a la asociación, al sustentarse restricciones, controles policiales, denuncias y otros mecanismos de tinte persecutorio hacia los organizadores, a los que se presenta como aprovechadores de los beneficios otorgados por el Estado.
Este tablero apenas ha comenzado a moverse. Tanto el DNU como la ‘ley ómnibus’ deben pasar por las dos cámaras del Congreso, donde el oficialismo no tiene mayoría. En anticipo de un eventual rechazo, Milei ya anunció que sometería a referéndum el llamado ‘decretazo’.
La antidemocracia en Brasil
El domingo 8 de enero, apenas una semana después de que el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva jurara para un tercer mandato, seguidores de su antecesor, Jair Bolsonaro (2019-2022), irrumpieron en la sede de los poderes públicos en Brasilia en un intento de asaltar el Gobierno.
La turba enardecida causó destrozos y evocó a la opinión pública lo ocurrido un par de años atrás en EE.UU., cuando partidarios del expresidente Donald Trump asaltaron la sede del Capitolio bajo el supuesto de que se había perpetrado un fraude electoral para otorgar la victoria a Joe Biden.
El evento salpicó directamente a Bolsonaro, al que se sindicó de haber presentado ante diversos liderazgos de las Fuerzas Armadas, de cuyas filas proviene, un plan golpista contra Lula, según las declaraciones que ofreció el teniente coronel Mauro Cid a las autoridades, a cambio de beneficios procesales.
Del mismo modo, la comisión interparlamentaria encargada de investigar la tentativa sediciosa le responsabilizó directamente de los hechos y pidió su enjuiciamiento por acción criminal, al considerar que “fue el autor, ya sea intelectual o moral, de los ataques perpetrados contra las instituciones”.
Aunque el intento de desplazar por la fuerza a Lula recibió la condena unánime de los Gobiernos del mundo y las instituciones brasileñas se aprestaron a investigar a fondo los hechos y a sancionar severamente a los responsables, lo ocurrido en enero de 2023 reveló que, en el paroxismo, el fuerte movimiento conservador que existe en el gigante suramericano puede adoptar formas decididamente antidemocráticas que gozan de respaldo –por ahora, no mayoritario– dentro del Estado.
Guatemala o la nueva cara del ‘lawfare’
En el último año, se ha producido en Guatemala un despliegue institucional sin precedentes para impedir el ascenso al poder del progresista Bernardo Arévalo de León, quien resultó ganador en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 20 de agosto.
Las acciones han implicado la suspensión de la personería jurídica del Movimiento Semilla, tolda de Arévalo, así como la promoción de numerosas causas por parte del Ministerio Público en contra de dirigentes de esa formación política e inclusive un intento de anular las elecciones.
La ciudadanía ha respondido con masivas protestas callejeras, cierres de caminos y paros generales, para exigir la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras, mientras que Gobiernos de la región –incluido EE.UU.– y organismos multilaterales y foros políticos de diverso signo ideológico, han condenado los intentos de los órganos de justicia por socavar la voluntad popular expresada en las urnas.
Está previsto que Arévalo asuma la presidencia el próximo 14 de enero, pero aunque él ha asegurado que el “golpe” de Estado institucional ya fue “bloqueado”, los eventos constituyen una nueva muestra del uso de las instituciones judiciales para atentar contra la democracia.
Venezuela y EE.UU. frente a frente
Luego de casi un año de suspensión, el Gobierno de Venezuela y el sector extremista de la oposición aglutinado en la Plataforma Unitaria retomaron los diálogos en Barbados, en interés de discutir las condiciones para las elecciones presidenciales de 2024.
