• La Verdad del Sureste |
  • Martes 01 de Abril de 2025

LOS DE ABAJO

Arrancan las campañas por cargos del Poder Judicial de la Federación

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Participación ciudadana en la consulta ciudadana de Tierra Amarilla. (Foto: Jorge Hernández)
- Estarán en juego 881 cargos judiciales en un proceso inédito y cuyo resultado es impredecible

Ayer arrancaron oficialmente las campañas para la elección de jueces, magistrados y ministros en México, un proceso histórico programado para el 1 de junio próximo. Este ejercicio, conocido como el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025, marca la primera vez que los ciudadanos mexicanos elegirán directamente a los integrantes del Poder Judicial federal, derivado de una reforma constitucional impulsada por el gobierno y aprobado en 2024.
Se espera que más de 100 millones de mexicanos con credencial para votar participen en esta elección, organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE). Los ciudadanos recibirán hasta seis boletas de diferentes colores para elegir 881 cargos judiciales, incluyendo:
9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación(TEPJF); 15 magistraturas de las Salas Regionales del TEPJF; 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial del Tribunal de Disciplina Judicial; 464 magistraturas de circuito, y 386 jueces de distrito.
El objetivo es democratizar un poder históricamente designado por las élites políticas, acercándolo al pueblo, como lo ha subrayado la presidenta Claudia Sheinbaum.
Las campañas, que comenzaron ayer y concluirán el 28 de mayo, durarán 60 días. Más de 3 mil 400 candidatos competirán por estos cargos, promoverán sus propuestas sin financiamiento público ni privado, y para lo cual utilizarán únicamente tiempos oficiales en radio y televisión.
El INE habilitará plataformas como “Conóceles” para que los votantes consulten los perfiles, trayectorias y propuestas de los aspirantes, buscando un voto informado.
El proceso responde a la promesa de renovar el Poder Judicial, para eliminar la corrupción y el influyentismo, según el discurso oficial. Se espera que los nuevos jueces sean más cercanos a la ciudadanía, con perfiles evaluados por comités de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y seleccionados por su idoneidad, honestidad y compromiso con la justicia.

ACIERTOS Y RIESGOS
Sin embargo, los críticos advierten que podría politizar el sistema judicial, afectando su independencia. El INE enfrenta el reto de organizar una elección masiva y compleja en un tiempo récord, con un presupuesto de 7 mil millones de pesos. Además, algunos candidatos han solicitado garantías de seguridad, especialmente en regiones con presencia del crimen organizado, lo que podría influir en la equidad de las campañas y la participación.
Se espera que esta elección sienta un precedente global, al ser México el primer país en elegir a todos sus jueces federales por voto popular. En 2025 se renovará la mitad del Poder Judicial federal, y en 2027 se elegirá el resto, consolidando el modelo. Los ganadores asumirán sus cargos el 1 de septiembre venidero. Sin embargo, persisten dudas sobre si esto fortalecerá la legitimidad del sistema judicial o lo expondrá a presiones populistas.
El proceso ha generado opiniones divididas. Sus defensores lo ven como un avance democrático que romperá con un sistema elitista y corrupto. Sus detractores, incluidos expertos y opositores, temen que se vulnere la inmovilidad judicial y permitan la influencia de Morena, el partido gobernante, en la justicia.
Organizaciones no gubernamentales han señalado riesgos como la posibilidad de que algunos candidatos ganen con mínimos votos en distritos poco competidos.
Este proceso inédito busca transformar la justicia mexicana mediante la participación popular, pero su éxito dependerá de la transparencia, la seguridad, la calidad de los candidatos y la capacidad del INE para garantizar la equidad. Será un experimento observado de cerca tanto dentro como fuera de México.
En diversos momentos, la presidenta Claudia Sheinbaum ha argumentado que esta reforma rompe con un sistema judicial elitista y alejado de la ciudadanía.
Para la mandataria, el voto popular es un mecanismo para devolver el poder al pueblo, que los jueces sean “verdaderos representantes de la justicia” y no de intereses económicos o políticos privilegiados. “El Poder Judicial no puede seguir siendo un club cerrado; debe ser del pueblo y para el pueblo”.
La presidenta ha enfatizado que la elección directa busca erradicar la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial. En su discurso, ha señalado casos emblemáticos de jueces y magistrados que han favorecido a grandes empresas o han liberado a delincuentes por influencias externas.
Por ello, considera que someter a los juzgadores al escrutinio ciudadano es una forma de garantizar su honestidad y rendición de cuentas.
La aprobación de la reforma constitucional de 2024 que hizo posible este proceso, la cual impulsó desde su campaña presidencial y se consolidó con el apoyo de Morena y sus aliados en el Congreso.
Ha destacado que el modelo de evaluación previa por comités tripartitos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) asegura que los candidatos sean idóneos, mientras que el voto popular añade legitimidad democrática.
Desde que asumió la presidencia el 1 de octubre de 2024, Sheinbaum ha mantenido una línea consistente con la visión de López Obrador, pero con un estilo más técnico y conciliador.
Su respaldo al proceso electoral del Poder Judicial se ha acompañado de esfuerzos para garantizar su implementación, como la coordinación con el INE y la defensa del presupuesto asignado. Además, ha promovido la participación ciudadana, y exhortado a los mexicanos a informarse sobre los candidatos a través de las plataformas oficiales.Ya veremos qué sale de todo esto.