El 17 de octubre de 2022, la revista Expansión publicó un amplio reportaje sobre “cómo opera la red de huachicol entre Tabasco y Veracruz”, basado en un informe elaborado por el Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CERFI) Región Sureste, al que se le denominó “Caso Olmeca”.
En ese reporte de inteligencia se especifica quiénes y cómo llevaban a cabo la ordeña de ductos, la cadena de comercialización, la red de protección que recibía el llamado Cartel del Huachicol, en el que aparece mencionado el nombre de una importante figura pública actual.
Entre los estados de Veracruz y Tabasco opera una sofisticada red criminal dedicada al robo de combustible de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Según este informe, esta organización adquiere hidrocarburos extraídos ilegalmente de los ductos de la empresa petrolera a precios que oscilan entre 2.50 y 4 pesos por litro, para luego revenderlos a 17 pesos por litro.
Esos datos están basados en documentos filtrados por el grupo de hackers Guacamaya, provenientes de correos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), en los cuales se revelaron que los servicios de inteligencia mexicanos han monitoreado de cerca esta red, considerándola una prioridad en la región sur del país, con el objetivo de desmantelar su estructura.
La red maneja cargamentos de gran escala, tamaño de cinco pipas con capacidad de 80 mil litros cada una, generando ganancias aproximadas de un millón de pesos por operación.
Según los documentos, las transacciones se realizan de manera inmediata, principalmente mediante depósitos bancarios, algunas a través de una tarjeta de débito de BBVA.
En ese tiempo, el principal destino del combustible robado era Monterrey, Nuevo León, aunque se tenía indicios de aviones para exportar gasolina a Estados Unidos y diésel a Arabia Saudita, proyectos que, según las autoridades, aún no se habían concretado.
El Centro Nacional de Fusión de Inteligencia (CENFI) bautizó la investigación como “Caso Olmeca”, clasificándola entre sus seis prioridades en la región sureste, junto con operaciones vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.
Desde abril de 2022, los servicios de inteligencia tenían identificadas dos células interconectadas lideradas por “El Yayo” o “El Tigre” y “El Gabo”.
“El Yayo” o “El Tigre”, un joven de 30 años, asumió el control del negocio tras la detención de su tío, “El Bombón”, en agosto de 2021.
Este último, identificado como un empresario y líder de una célula independiente en Tabasco, tenía nexos con el cártel Pura Gente Nueva. Las operaciones de “El Yayo” se centran en Comalcalco, Huimanguillo y Cárdenas, e incluyen perforación de ductos, manejo de recursos ilícitos, cooptación de autoridades y una red de vigilancia.
Por su parte, refirió la publicación de Expansión, “El Gabo”, un hombre de poco más de 40 años, coordinaba actividades similares, con un enfoque en la extracción de combustible. Sus operaciones abarcaban Cárdenas, Huimanguillo, Villahermosa y La Tinaja, Veracruz, un punto estratégico de conexión vial hacia el sur del país.
Ambas células obtienen el combustible de dos proveedores principales en Tabasco y Veracruz: Eder García y “El Hammer”, este último con presuntos vínculos en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), que le brindarían protección.
UNA EXTENSA RED DE PROTECCIÓN
Los documentos identifican seis puntos clave de extracción y almacenamiento ilegal: tres en la carretera Villahermosa-Chetumal, uno en la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos, otro en un camino de terracería entre Los Naranjos y Río Seco, y uno en la batería de separación Íride de Pemex.
También se señala una macro pera en Tabasco y las instalaciones de “El Castaño” en Cárdenas, como sitios de extracción, con operaciones que inician a las 18:00 y concluyen a las 7:00. El estacionamiento del hotel “El Viajero”, en la carretera Costera del Golfo en Cárdenas, sirve como punto de resguardo para las pipas, donde los choferes reciben documentación apócrifa para justificar el traslado del combustible.
La célula de “El Gabo”, refiere el trabajo periodístico, cuenta con una estructura logística que incluye 12 choferes, tres tractocamiones (capacidad de 55 mil litros), dos tanques de almacenamiento (80 mil litros cada uno) y un frac tank de igual capacidad.
Las rutas de transporte pasan por las casetas de Acayucan y Totomoxtle, Papantla, en Veracruz. Aunque el combustible se dirige principalmente al norte del país, la red ha recibido interés de clientes en Yucatán y Quintana Roo, con muestras de gasolina “verde” y “negra” enviadas para cerrar pedidos de hasta 2 millones de litros semanales.
Además, hay aviones para exportar gasolina a Estados Unidos a través de un empresario en la Ciudad de México con permisos de exportación, y diésel a Arabia Saudita, aunque esta última operación está en pausa.
La red opera con protección de funcionarios gubernamentales, quienes proporcionan documentos falsos y alertas sobre operativos de la Secretaría de Marina y el Ejército.
Durante estos operativos, las pipas son resguardadas y las actividades se suspenden temporalmente. Los documentos mencionan reuniones con personal de Pemex, la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional, así como la participación de un “secretario de arriba” que recibiría sobornos y coordinaría protección con funcionarios de la SEIDO en Tabasco. Ya se imaginarán quién era ese secretario.
La organización opera con una estructura cuasi empresarial, con apoderados legales, proveedores, distribuidores y gestores gubernamentales, incluyendo personal de seguridad de Pemex, agentes de la Guardia Nacional y directores de la Administración Portuaria Integral.
Toda esa estructura creada en el pasado es la que se está desmantelando actualmente, porque la orden presidencial es acabar de tajo este negocio ilícito que floreció en el sexenio anterior.
