Los de abajo

La reciente intervención de la Fiscalía General del Estado en las oficinas de la Unión de Crédito Ganadero no es un hecho aislado ni fortuito; es el síntoma más reciente de una patología institucional que parece haberse vuelto crónica en el sector agropecuario de Tabasco.

El aseguramiento de documentos, el decomiso de equipo de cómputo y las denuncias por un presunto desfalco que alcanza los 286 millones de pesos representan un golpe seco a la confianza de los productores, pero, sobre todo, reactivan una memoria histórica marcada por el quebranto y la opacidad.

Para el gremio ganadero tabasqueño, este escenario evoca un sentimiento ya conocido y vivido con anterioridad. La historia contemporánea del estado demuestra que los proyectos emblemáticos del sector suelen transitar por la misma ruta: un nacimiento prometedor, una gestión cuestionable y un desenlace en los tribunales o en la quiebra.

El primer gran hito de esta cadena de desencantos fue el colapso del Frigorífico y Empacadora de Tabasco, una infraestructura que en su momento pretendía consolidar la soberanía cárnica de la región y que terminó devorada por deudas e ineficiencias.

Años más tarde, el proyecto de Ultralácteos prometió la industrialización y el valor agregado para la leche local, pero la planta se convirtió en un elefante blanco, sepultando millones de pesos en inversiones que jamás se tradujeron en el beneficio social prometido.

Sin embargo, el antecedente que guarda mayor paralelismo político y financiero con la crisis actual es el polémico préstamo de 30 millones de pesos otorgado durante el gobierno de Arturo Núñez Jiménez a la Unión Ganadera Regional de Tabasco (UGRT). Ahí estuvo la mano del “nuevo político” (viejo con mañas), Pedro Jiménez León.

Aquella inyección de recursos públicos, justificada en su momento como un salvavidas de emergencia, terminó desencadenando auditorías, carpetas de investigación y consecuencias legales que evidenciaron cómo las fronteras entre el apoyo gubernamental y el interés cupular suelen desdibujarse con alarmante facilidad en la entidad.

ASALTO EN DESPOBLADO

El caso de la Unión de Crédito Ganadero repite el patrón, pero eleva la escala del daño. Ya no se trata solo de la pérdida de un activo fijo o de un subsidio mal digerido, sino de la evaporación de los ahorros y fondos de financiamiento de los propios productores en un esquema que los afectados califican abiertamente como fraude.

La actuación de la Fiscalía General del Estado es un paso necesario para el deslinde de responsabilidades, pero la respuesta no puede ser puramente punitiva. Este nuevo escándalo obliga a una reflexión profunda sobre los mecanismos de fiscalización interna y externa de las uniones y organizaciones del sector.

Mientras las cúpulas sigan operando bajo dinámicas de discrecionalidad y el dinero de productores termine financiando boquetes financieros, la ganadería de Tabasco seguirá atrapada en este ciclo de promesas rotas y litigios penales. La justicia penal debe llegar al fondo de los 286 millones de pesos, pero la justicia social exige que este sea, por fin, el último capítulo de la impunidad ganadera.