Los de abajo

Este martes se publicará en el Diario Oficial de la Federación un decreto que prohíbe a las plataformas digitales promover la violencia y el odio, particularmente entre niños y adolescentes.
 

Este documento, anunciado el viernes pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum, durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, marca un punto de inflexión impostergable en la política de seguridad pública y soberanía digital en México.
 

Durante años, el entorno virtual ha operado bajo una falsa premisa de autorregulación que, en la práctica, ha dejado a los sectores más vulnerables de la población a merced de algoritmos diseñados para rentabilizar la polarización, la crueldad y el conflicto.
 

Esta medida no es un debate abstracto sobre la libertad de expresión, sino una respuesta urgente a una crisis con rostros humanos y consecuencias trágicas en el tejido social. Los recientes y lamentables acontecimientos violentos ocurridos en Coahuila, sumados a los focos de alerta y agresiones registrados en planteles del Colegio de Bachilleres en Tabasco, no son hechos aislados.
 

Son el síntoma directo de un ecosistema digital sin control, donde discursos radicalizados, retos virales peligrosos y apologías del delito se infiltran en los dispositivos de las infancias mexicanas sin ningún filtro ético por parte de las corporaciones tecnológicas.
 

Sin embargo, el fenómeno de la violencia digital en México tiene una doble vertiente que debe ser analizada con rigor. No solo nos enfrentamos a problemas de convivencia escolar o salud mental adolescente; nos encontramos ante una sofisticada estrategia de guerra de baja intensidad.
 

La oposición de derecha en el país ha encontrado en el dolor social y en los brotes de violencia un Instrumento político de golpeteo. A través de granjas de bots, cuentas automatizadas y narrativas sesgadas en redes sociales, se han orquestado campañas sistemáticas dirigidas a magnificar el miedo, desestabilizar la paz pública y desgastar la legitimidad de los gobiernos emanados de Morena.
 

Utilizar la seguridad y la integridad de la juventud como carne de cañón electoral es un acto de profunda irresponsabilidad cívica. Por ello, poner un freno legal a estas publicaciones no solo defiende los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes, sino que salvaguarda la estabilidad democrática del país frente a quienes pretenden lucrar políticamente con la tragedia.
 

El decreto presidencial es un paso firme hacia la responsabilidad social digital. Corresponde ahora al Estado vigilar su estricto cumplimiento y a la sociedad civil entender que regular el espacio virtual no es censura, sino un acto soberano de autodefensa frente al odio programado.
 

La protección de nuestra infancia y el cese de la manipulación política a través de las pantallas son, a partir de hoy, una prioridad nacional de orden público