Los de abajo

Las horas que vive Miguel Barrueta Cambrano al frente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tabasco trascienden por completo el terreno de lo jurídico.
 

La denuncia penal por presunto acoso sexual en su contra no solo representa un laberinto legal para el dirigente, sino que activa una bomba de tiempo política cuyas esquirlas amenazan con destruir los últimos pilares que sostienen al priismo en el estado.
 

En un escenario donde el partido ya arrastra una severa anemia estructural, la falta de organización y un divorcio evidente con las bases, una eventual sentencia condenatoria contra su líder no solo significaría el fin de su carrera, sino el acta de defunción de las siglas tricolores en la entidad de cara al proceso electoral de 2027.
 

La primera línea de flotación que ha comenzado a resquebrajarse de forma irreversible es el bloque opositor "Juntos por Tabasco". La viabilidad de una coalición que resulte competitiva frente a Morena, algo improbable, dependía de una narrativa de solvencia moral y renovación; sin embargo, este escándalo ético ha dinamitado la confianza entre los aliados.
 

El firme posicionamiento del partido Somos, que ha colocado la agenda de género y la defensa irrestricta de las mujeres por encima de cualquier pragmatismo electoral, traza una línea divisoria insalvable.
 

Para las fuerzas aliadas, mantener una sociedad política con un partido cuya cabeza sea declarada culpable de violencia de género o peor aún, de acoso sexual, se vuelve un suicidio político insostenible ante el electorado. La ruptura del bloque no sería una simple diferencia de criterios, sino un colapso inminente que dejaría a la oposición fragmentada, testimonial y completamente anulada.
 

El peligro más severo, no obstante, radica en el veredicto de la ciudadanía. La sociedad tabasqueña ha mostrado un rechazo creciente hacia las viejas prácticas partidistas, y un fallo condenatorio en los tribunales aceleraría un éxodo definitivo de votantes.
 

RUMBO A LA DESAPARICIÓN
 

El PRI ya no solo lidia con el desinterés de la población por su falta de propuesta y estructura, sino con una profunda repulsión social ante acusaciones de esta índole. Si las cosas siguen de mal en peor y el proceso judicial ratifica la culpabilidad del acusado, la marca PRI se convertirá en un sinónimo de complicidad y descomposición.
 

Este rechazo generalizado apartará de forma tajante a los pocos simpatizantes que aún le quedan, impidiendo de golpe cualquier posibilidad de captar el voto joven o de las mujeres, sectores indispensables para la supervivencia de cualquier fuerza política.
 

El desenlace de esta crisis coloca al PRI en la antesala de su desaparición legal en el estado. Con una alianza destruida por la pérdida de confianza de partidos como Somos, una estructura territorial desmantelada y un electorado que le da la espalda con indignación, el fantasma de la pérdida de registro local deja de ser una advertencia exagerada para convertirse en un destino matemático.
 

Si la dirigencia y las cúpulas del partido insisten en priorizar la defensa corporativa de su líder en lugar de una depuración ética radical, la cita con las urnas en 2027 no será una contienda por el poder, sino el capítulo final donde el priismo tabasqueño termine por sepultar su registro y su historia.