Los de abajo

Este domingo, pasadas las 18:00 horas, concluyó el registro de aspirantes a coordinar los comités municipales y distritales locales en toda la geografía del estado. El objetivo formal de estas posiciones es claro: defender la soberanía nacional y la consolidación de la llamada Cuarta Transformación.
 

Sin embargo, este proceso interno atrajo un volumen de registros considerablemente mayor al de los comités distritales federales, atrayendo a una baraja de rostros conocidos: desde figuras con antecedentes polémicos hasta personajes que asumen que el puesto les otorgará, en automático, el pasaporte a la candidatura deseada.
 

Resulta un contrasentido que pretendan encabezar la defensa del movimiento perfiles ensombrecidos por señalamientos de corrupción y malos manejos.
 

El caso más fresco es el del exalcalde de Jonuta, Erick Garrido Argáez, a quien el Congreso del Estado le reprobó su cuenta pública de 2023 el 11 de diciembre de 2024.
 

Sustentado en los informes técnicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), el dictamen negativo respondió a irregularidades financieras no solventadas por un monto de 65 millones de pesos, donde destacó el presunto desvío de recursos federales etiquetados para vales de gasolina hacia otros fines. Hasta la fecha, el exedil sigue sin aclarar el destino de ese dinero.
 

Garrido no es el único exalcalde con cuentas pendientes en la lista de registrados. También figura Francisco Sánchez Ramos, quien aspira a repetir en Huimanguillo pese a que su cuenta pública de 2015 fue reprobada en su momento por la vía legislativa, sin que hasta hoy quede claro el desenlace legal de dicho dictamen ni el destino de los recursos observados.
 

TUMBAPATOS AL ATAQUE
 

El escenario se torna aún más audaz en Macuspana, donde exalcaldes con historiales todavía más cuestionables intentan colarse a la encuesta final.
 

Es el caso de Freddy Martínez Colomé y Víctor González Valerio, un dueto al que se suma el actual diputado federal adancista, Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra. Este último opera con la mirada fija en retornar a la alcaldía de Macuspana, demarcación en la que —al igual que sus antecesores— dejó un balance sumamente cuestionado.
 

Su empeño lo ha llevado a lanzar amagos de chantaje, sugiriendo que, si no es favorecido por la encuesta, buscaría la postulación por otra fuerza política; una presión que quizás funcionaba cuando Adán Augusto López Hernández ejercía el control absoluto del estado, pero que en la coyuntura actual resulta prácticamente inviable.
 

A este grupo de legisladores federales de cepa adancista se añade Tey Mollinedo Cano.
 

Aunque es verdad que no arrastra cuentas públicas reprobadas de su gestión municipal en Teapa, en la memoria de la militancia sigue fresco su papel como dirigente estatal de Morena.
 

Es recordado el episodio en el que puso en duda la pertenencia al movimiento del hoy gobernador Javier May Rodríguez y de su equipo, precisamente cuando manifestaron de forma abierta su respaldo a la hoy presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
 

Hoy, de cara al pragmatismo de la convocatoria, estos actores parecen ejecutar la clásica "política del chango": no soltar una liana sin tener la otra asegurada.
 

Ante este panorama, la responsabilidad recaerá por completo en la Comisión Nacional de Elecciones. El órgano interno deberá ejecutar la depuración de las listas para filtrar los perfiles competitivos y con solvencia moral, acotando el listado a un máximo de seis nombres por demarcación para que sean las encuestas las que dicten la última palabra.
 

En contraste con la saturación de aspirantes externos, salta a la vista que ningún alcalde en funciones ni diputado local en activo se inscribió para buscar la reelección inmediata por otros tres años.
 

Este fenómeno tiene una explicación de fondo: la reforma constitucional federal aprobada en el Congreso de la Unión contra el nepotismo y la reelección sufrió modificaciones de última hora que postergaron su obligatoriedad legal hasta el año 2030.
 

No obstante, el Consejo Nacional de Morena determinó hacer valer los principios originales de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, aplicando de forma interna y rigurosa estas prohibiciones para el proceso electoral de 2027.