Los de abajo

La Fiscalía General del Estado (FGET) formalizó este jueves ante las autoridades judiciales la acusación por el delito de desaparición forzada de personas contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de la entidad.

Este paso procesal introduce una de las variables más severas dentro del marco normativo nacional, al tratarse de una conducta imputada precisamente a quien tuvo la responsabilidad legal y constitucional de garantizar la integridad ciudadana.

El peso de este nuevo cargo no es menor en términos jurídicos ni políticos. De acuerdo con el fiscal general Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, la acusación por desaparición forzada concluye la etapa de investigación complementaria y se suma a un acumulado de imputaciones previas que incluyen secuestro agravado, extorsión y asociación delictuosa.

Por los primeros expedientes, la representación social ya ha solicitado penalidades severas, mientras que este último cargo por sí solo contempla una expectativa de sanción que oscila entre los 40 y los 60 años de prisión, elevando la petición total acumulada por parte de la Fiscalía.

El caso adquiere una complejidad institucional mayúscula debido a las hipótesis que sostiene la autoridad investigadora. El Ministerio Público no solo busca acreditar la participación individual de Bermúdez Requena, sino el uso sistemático de las corporaciones del orden.

Según consta en las carpetas de investigación, el proceso involucra a otras 18 personas, entre las que figuran elementos policiales y exfuncionarios activos durante el periodo en que el imputado encabezó la dependencia estatal, bajo las administraciones de los exgobernadores Adán Augusto López Hernández y Carlos Manuel Merino Campos.

La desaparición forzada no es un delito común; es un crimen de lesa humanidad. Implica que quien juró proteger a la ciudadanía utilizó patrullas, armas oficiales, mandos subordinados y tecnologías públicas para capturar, ocultar y eliminar individuos.

El Ministerio Público sostiene que, mientras operaba bajo los discursos oficiales de pacificación, el llamado "Comandante H" consolidaba la presencia criminal de "La Barredora", una organización ligada a un cártel de alcance transnacional como el CJNG.

La brutalidad de este esquema quedó manifiesta al asentarse en declaraciones ministeriales la coacción a empresarios gasolineros, a quienes se les forzaba a comercializar combustible ilícito bajo amenaza de secuestro y muerte.

Con un acumulado previo de asociación delictuosa, extorsión agravada y secuestro —delitos por los que ya se exigen 154 años de prisión—, la desaparición forzada termina por estructurar el mapa de una corporación que no estaba simplemente infiltrada, sino plenamente mutada en un cártel de corte estatal.

Los graves señalamientos que lo vinculan como presunto líder de dicha organización criminal refuerzan la necesidad de un escrutinio técnico e impecable por parte del Poder Judicial.

MUCHOS SALPICADOS

En el terreno de la política, el expediente Bermúdez es una bomba de tiempo con esquirlas dirigidas al corazón del adancismo. El exsecretario no operó en la sombra; fue nombrado en diciembre de 2019 y sostenido a lo largo de las gestiones del exgobernador y actual senador, así como de su sucesor interino.

Para los actores políticos de la entidad, este juicio representa un dilema de supervivencia y deslinde. Adán Augusto enfrenta, por este caso, el juicio implacable de la opinión pública.

La cercanía histórica con Bermúdez Requena vuelve insostenible el argumento de la ignorancia: si el jefe de la seguridad estatal lideraba un cártel y desaparecía ciudadanos, la cadena de mando apunta hacia una responsabilidad, por lo menos, de omisión histórica.

Por su parte, la defensa de Bermúdez Requena, quien permanece bajo reclusión en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano tras su detención en Paraguay en septiembre de 2025, mantiene una postura de rechazo absoluto hacia los cargos.

En diversas manifestaciones públicas y cartas enviadas desde prisión, el exjefe policial ha denunciado lo que califica como una persecución de carácter político y mediático, argumentando que se ha vulnerado su derecho fundamental a la presunción de inocencia antes de dictarse una sentencia definitiva.

Al respecto, el fiscal general ha remarcado que dicho principio constitucional se mantendrá a salvo a lo largo de las siguientes etapas del proceso penal.

El horizonte legal perfila que este juicio pueda aproximarse a sus resoluciones iniciales antes de concluir el presente año 2026.

Más allá del desenlace estrictamente penal, el desarrollo del expediente Bermúdez Requena constituye un parámetro de evaluación indispensable para la salud democrática del estado.

El esclarecimiento de hechos tan sensibles demanda un rigor procesal intachable, donde las pruebas científicas, los testimonios y el debido proceso se impongan sobre la narrativa política. Solo así se podrá dar certidumbre a la ciudadanía de que la justicia opera con verdadera autonomía y sin consignas.