Los de abajo

Durante décadas, la administración de los recursos públicos en Tabasco estuvo marcada por una regla no escrita pero dolorosamente visible: cada gobierno gastaba sin medida y le pasaba la factura al siguiente.
 

El ejemplo más crudo de esa irresponsabilidad sigue pesando en las arcas estatales tras el desfalco y el sobreendeudamiento desmesurado del sexenio de Andrés Granier Melo, una losa financiera que limitó el desarrollo de la entidad durante años.
 

Por ello, el anuncio realizado por el gobernador Javier May Rodríguez en su mensaje al pueblo tabasqueño marca un punto de quiebre en la historia financiera del estado: por primera vez, la deuda pública de largo plazo no solo se detiene, sino que registra una reducción real de casi 335 millones de pesos, bajando de 5 mil 120 millones a 4 mil 785 millones de pesos.
 

En el debate público reciente, la oposición ha intentado instalar una narrativa alarmista asegurando que la actual administración ha endeudado al estado por más de 10 mil millones de pesos.
 

Este cálculo político suma deliberadamente las líneas de crédito autorizadas por el Congreso local para proyectos estratégicos —como el nuevo Centro de Convenciones, el C5 "Escudo Olmeca" y el plan de modernización Villahermosa 2030— como si se tratara de pasivos perpetuos que asfixiarán el presupuesto futuro.
 

Sin embargo, los datos duros y el diseño financiero detrás de estas obras desmienten esa versión.
 

La diferencia fundamental entre el pasado y el presente radica en el destino del dinero y en el plazo de pago.
 

Mientras en otras épocas se contrataban empréstitos opacos cuyo rastro se perdía en el gasto corriente o en obras inconclusas, hoy los financiamientos tienen un esquema claro de amortización: deberán quedar liquidados en su totalidad antes de que concluya el sexenio, el 30 de septiembre de 2030.
 

No son deudas heredadas ni compromisos a veinte años; son instrumentos financieros temporales para detonar infraestructura urgente que no comprometerán un solo peso de la próxima administración.
 

Sanear las finanzas públicas va mucho más allá de cuadrar cifras en un informe de gobierno; es un acto de justicia intergeneracional. Cada millón de pesos que un estado deja de pagar en intereses bancarios o en deudas heredadas es un millón de pesos que se libera para construir hospitales, rehabilitar carreteras, fortalecer la seguridad o apoyar al campo.
 

Además, mantener un pasivo por debajo de los cinco mil millones de pesos —lo que ubica a Tabasco entre las entidades con menor deuda per cápita del país— otorga certidumbre, mejora la calificación crediticia y demuestra que la austeridad y el combate a la corrupción sí rinden frutos tangibles.
 

La discusión sobre el manejo del erario siempre será bienvenida en una democracia, pero debe darse con rigor y honestidad intelectual. Confundir a la ciudadanía sumando créditos de corto y mediano plazo con la deuda histórica de largo plazo responde más a una estrategia de golpeteo político que a un análisis técnico serio.
 

El verdadero reto para cualquier gobernante no es pedir prestado para salir del paso, sino tener la disciplina fiscal para invertir en el desarrollo sin hipotecar el mañana.
 

Si al cierre de septiembre de 2030 se cumple cabalmente el compromiso de entregar obras emblemáticas funcionando y con cero pesos de deuda nueva heredada, Tabasco habrá dado una lección histórica de responsabilidad financiera.
 

Porque gobernar con honestidad también significa no dejarle a los que vienen las cuentas que le corresponden pagar al presente.