La lucha social y el respeto a la ley
México es un país rico, muy rico. En términos de lo que se produce cada año, ocupa entre el décimo y el decimotercer lugar, según la fuente que se consulte, es decir, en el peor de los casos, no existen más de doce países que tengan un Producto Interno Bruto (PIB) mayor que México y, si tomamos en cuenta que en el mundo existen más de 200 naciones, la aseveración de que el nuestro es un país muy rico, es completamente cierta y exacta. Aquí hay muchos recursos: petróleo, plata, oro, uranio, bosques, tierras para cultivo y para pastoreo, hay costas y… para qué seguir, hay muchos recursos, en eso estamos en el terreno de las verdades indiscutibles.
Pero también es igualmente cierto que en nuestro rico país existen entre 60 y 90 millones de pobres, según la fuente que se consulte. Y si no se confía en las fuentes estadísticas de información, cualquiera puede mirar a su alrededor y catar las terribles consecuencias de un océano inmenso de pobreza. La gente vive hacinada en viviendas que no cuentan con los servicios y las comodidades propias de la civilización moderna, no tiene recursos para atender sus enfermedades más sencillas y comunes, menos, para atender males crónicos y complicados, muchos no llevan una vestimenta digna. En el México moderno se acumulan escandalosamente algunos de los males que propicia la pobreza y la miseria: la violencia y la ignorancia. También aquí estamos en el terreno de las duras verdades.
Ahora bien, ¿y cómo explicar que en un país rico, tremendamente rico como pocos en la tierra, haya tantos pobres? Claro que todavía existen quienes sostienen (¿lo creerán o nada más lo esgrimen para ver a quién engañan?) que quienes son pobres, lo son porque son flojos o no quisieron estudiar. ¿Si? Pero si yo no veo que el mundo esté dividido en laboriosos y desobligados; entre los de arriba, veo muchos que nada más se desayunan y se desocupan y, entre los de abajo, casi todos los que conozco –y conozco a muchos- se levantan antes que el sol, batallan durísimo todo el día y se acuestan a descansar ya entrada la noche y, en cuestiones de conocimientos e inteligencia, ¿qué decir? pues que existen muchos potentados que no conocen ni la o por lo redondo y, muchos pobres, geniales y sabios. Luego entonces, ni es lo diligente ni lo ignorante lo que explica la profunda división que existe en México entre pobres y ricos, sino la injusta distribución de la riqueza.
Así que si queremos un México más justo, más equilibrado, más desarrollado, más educado y más culto, tiene que modificarse la injusta distribución de la riqueza; no hay otra solución. Cuando oye esto, mucha gente de buena posición económica, se aterra, piensa que sólo existe la posibilidad de que se le despoje de sus bienes por la violencia; pero esto no es así, aunque tampoco lo va a hacer la mano mágica del mercado por más que a sus estudiosos les otorguen el premio Nobel (aquí, ante la monumental crisis mundial, ya ni la burla perdonaron los señores del Nobel). El Estado mexicano cuenta, por ley, con las atribuciones suficientes y, podría decirse que hasta sobradas, para instrumentar políticas públicas de captación de ingresos y distribución de gastos y toda la promoción de actividades que de ello se derive, para impulsar una más justa distribución de la riqueza y eso es lo que tiene que hacerse, ahí está buena parte de la solución.
Ah, pero es aquí donde la puerca tuerce el rabo. Salvo raras y honrosas excepciones, nuestra clase política –la de todos los partidos- no tiene ni esa convicción ni esa decisión, quiere, a lo sumo, combatir la pobreza con esas cataplasmas sociales que son las “oportunidades”, los “setenta y más”, la “despensa” y otras variaciones de la caridad oficial que nada resuelve; no piensa en más ingresos al erario como consecuencia de que los que tienen más, paguen más, no piensa nada o, casi nada, en buenas obras y servicios para los que menos tienen, ni en educación de excelencia, gratuita y con servicios asistenciales para los hijos del pueblo, nada de eso. Para muchos gobernantes, la pobreza no existe y, si existe, nada tiene que ver con ellos y sus obligaciones.
De ahí la necesidad de la lucha social, de que al pueblo no se le siga ignorando y de que cuando se le toma en cuenta sólo sea para maltratarlo; es indispensable que el pueblo se organice y haga sentir su peso en la vida social, ello es concomitante con el más moderno modo de producción que ha conocido la humanidad. Pero la lucha social, efectiva, justiciera, que mejore sustancialmente la vida y el destino del pueblo, no puede ser ocasional ni de coyuntura, no puede ser una explosión espontánea de coraje o de dignidad pasajeros, tiene que ser permanente, sostenida y consciente y ello no puede lograrse si la organización popular desafía la legalidad, si vive y actúa fuera de la ley; una existencia así sería imposible.
Sigo. Como consecuencia de que muchos mexicanos dieron su vida en la revolución de 1910, en 1917 se aprobó y firmó una Constitución que incluye importantes derechos sociales para que el pobre, el débil, se defienda del rico y poderoso y haga valer su derecho. La lucha social decidida y consecuente no requiere, pues, de la comisión de delitos, cometerlos es renunciar a una lucha social duradera y consciente; quien ese camino escoge, tarde o temprano, más temprano que tarde, fracasa. Eso es lo que hemos atestiguado en los últimos meses los michoacanos. Y nos preocupa. Quien no obtiene los resultados inmediatos que se propone, quien no conquista las demandas que enarbola ni tampoco crece en cantidad ni en calidad ni en prestigio entre el pueblo al que dice representar, está obligado a revisar muy seriamente su táctica y hacerle las adecuaciones que haya lugar. Si está realmente con el pueblo.
Termino. A pesar de todo, debe reconocerse al gobernador Fausto Vallejo Figueroa, que es un político consecuente que se ha mantenido respetuoso del derecho de organización y del derecho de manifestación pública en los términos que autoriza expresamente nuestra Carta Magna. Dadas las circunstancias y en los tiempos que corren, no es poca cosa.
Pero también es igualmente cierto que en nuestro rico país existen entre 60 y 90 millones de pobres, según la fuente que se consulte. Y si no se confía en las fuentes estadísticas de información, cualquiera puede mirar a su alrededor y catar las terribles consecuencias de un océano inmenso de pobreza. La gente vive hacinada en viviendas que no cuentan con los servicios y las comodidades propias de la civilización moderna, no tiene recursos para atender sus enfermedades más sencillas y comunes, menos, para atender males crónicos y complicados, muchos no llevan una vestimenta digna. En el México moderno se acumulan escandalosamente algunos de los males que propicia la pobreza y la miseria: la violencia y la ignorancia. También aquí estamos en el terreno de las duras verdades.
Ahora bien, ¿y cómo explicar que en un país rico, tremendamente rico como pocos en la tierra, haya tantos pobres? Claro que todavía existen quienes sostienen (¿lo creerán o nada más lo esgrimen para ver a quién engañan?) que quienes son pobres, lo son porque son flojos o no quisieron estudiar. ¿Si? Pero si yo no veo que el mundo esté dividido en laboriosos y desobligados; entre los de arriba, veo muchos que nada más se desayunan y se desocupan y, entre los de abajo, casi todos los que conozco –y conozco a muchos- se levantan antes que el sol, batallan durísimo todo el día y se acuestan a descansar ya entrada la noche y, en cuestiones de conocimientos e inteligencia, ¿qué decir? pues que existen muchos potentados que no conocen ni la o por lo redondo y, muchos pobres, geniales y sabios. Luego entonces, ni es lo diligente ni lo ignorante lo que explica la profunda división que existe en México entre pobres y ricos, sino la injusta distribución de la riqueza.
Así que si queremos un México más justo, más equilibrado, más desarrollado, más educado y más culto, tiene que modificarse la injusta distribución de la riqueza; no hay otra solución. Cuando oye esto, mucha gente de buena posición económica, se aterra, piensa que sólo existe la posibilidad de que se le despoje de sus bienes por la violencia; pero esto no es así, aunque tampoco lo va a hacer la mano mágica del mercado por más que a sus estudiosos les otorguen el premio Nobel (aquí, ante la monumental crisis mundial, ya ni la burla perdonaron los señores del Nobel). El Estado mexicano cuenta, por ley, con las atribuciones suficientes y, podría decirse que hasta sobradas, para instrumentar políticas públicas de captación de ingresos y distribución de gastos y toda la promoción de actividades que de ello se derive, para impulsar una más justa distribución de la riqueza y eso es lo que tiene que hacerse, ahí está buena parte de la solución.
Ah, pero es aquí donde la puerca tuerce el rabo. Salvo raras y honrosas excepciones, nuestra clase política –la de todos los partidos- no tiene ni esa convicción ni esa decisión, quiere, a lo sumo, combatir la pobreza con esas cataplasmas sociales que son las “oportunidades”, los “setenta y más”, la “despensa” y otras variaciones de la caridad oficial que nada resuelve; no piensa en más ingresos al erario como consecuencia de que los que tienen más, paguen más, no piensa nada o, casi nada, en buenas obras y servicios para los que menos tienen, ni en educación de excelencia, gratuita y con servicios asistenciales para los hijos del pueblo, nada de eso. Para muchos gobernantes, la pobreza no existe y, si existe, nada tiene que ver con ellos y sus obligaciones.
De ahí la necesidad de la lucha social, de que al pueblo no se le siga ignorando y de que cuando se le toma en cuenta sólo sea para maltratarlo; es indispensable que el pueblo se organice y haga sentir su peso en la vida social, ello es concomitante con el más moderno modo de producción que ha conocido la humanidad. Pero la lucha social, efectiva, justiciera, que mejore sustancialmente la vida y el destino del pueblo, no puede ser ocasional ni de coyuntura, no puede ser una explosión espontánea de coraje o de dignidad pasajeros, tiene que ser permanente, sostenida y consciente y ello no puede lograrse si la organización popular desafía la legalidad, si vive y actúa fuera de la ley; una existencia así sería imposible.
Sigo. Como consecuencia de que muchos mexicanos dieron su vida en la revolución de 1910, en 1917 se aprobó y firmó una Constitución que incluye importantes derechos sociales para que el pobre, el débil, se defienda del rico y poderoso y haga valer su derecho. La lucha social decidida y consecuente no requiere, pues, de la comisión de delitos, cometerlos es renunciar a una lucha social duradera y consciente; quien ese camino escoge, tarde o temprano, más temprano que tarde, fracasa. Eso es lo que hemos atestiguado en los últimos meses los michoacanos. Y nos preocupa. Quien no obtiene los resultados inmediatos que se propone, quien no conquista las demandas que enarbola ni tampoco crece en cantidad ni en calidad ni en prestigio entre el pueblo al que dice representar, está obligado a revisar muy seriamente su táctica y hacerle las adecuaciones que haya lugar. Si está realmente con el pueblo.
Termino. A pesar de todo, debe reconocerse al gobernador Fausto Vallejo Figueroa, que es un político consecuente que se ha mantenido respetuoso del derecho de organización y del derecho de manifestación pública en los términos que autoriza expresamente nuestra Carta Magna. Dadas las circunstancias y en los tiempos que corren, no es poca cosa.
