15 años del Casino Royale: 52 muertos y un sistema que falló

El 25 de agosto de 2011, alrededor de las 15:00 horas, un comando armado de presuntos integrantes de Los Zetas irrumpió en el Casino Royale, ubicado en la colonia San Jerónimo de Monterrey, Nuevo León. Los atacantes dispararon, robaron a clientes, destruyeron máquinas tragamonedas y rociaron gasolina antes de prender fuego al inmueble. Las salidas de emergencia estaban cerradas con llave. Las 52 personas que murieron —10 hombres y 42 mujeres— fallecieron principalmente por intoxicación de monóxido de carbono sin poder escapar.

La madrugada del 26 de agosto el segundo piso del edificio se desplomó. Solo 45 de las víctimas fueron identificadas con relativa rapidez; el resto requirió pruebas especiales debido al alto grado de calcinación de los cuerpos. Las investigaciones posteriores determinaron que el ataque fue una represalia porque el establecimiento se había negado a pagar una extorsión al grupo criminal.

Irregularidades previas y disputa de responsabilidades

Las pesquisas revelaron que el Casino Royale había sido clausurado a principios de mayo de 2011 por carecer de permisos para ampliar sus instalaciones. El 31 de mayo reabrió tras obtener un amparo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, recurso concedido por el magistrado José Alfonso Solís Navarro. Tras la tragedia, el entonces alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, y la presidenta del tribunal, Juana María Treviño Torres, se disputaron públicamente la responsabilidad sobre quién había autorizado la reapertura y por qué Protección Civil no verificó las salidas de emergencia.

En paralelo, un reportaje de La Jornada publicado en septiembre de 2011 reveló que Raúl Rocha Cantú, socio y apoderado legal del casino, había recibido dos mensajes anónimos de extorsión: uno exigía 50,000 dólares en efectivo y otro, 140,000 dólares. El empresario declaró en Estados Unidos que el segundo mensaje amenazaba con "levantar" a un familiar si no pagaba. Según el mismo reporte, las autoridades conocían la extorsión desde cuatro meses antes del ataque.

Detenidos, sentencias y el autor intelectual identificado

El entonces subprocurador de Control Regional de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), José Cuitláhuac Salinas Martínez, presentó inicialmente una lista de 18 personas involucradas, que luego amplió a 25. Los detenidos enfrentaron cargos de homicidio calificado, agrupación delictuosa y delitos contra servidores públicos e instituciones oficiales, entre otros. Algunos de los inculpados recibieron sentencias de hasta 127 años de prisión.

Las salidas de emergencia estaban cerradas con llave; las 52 víctimas murieron por intoxicación de monóxido de carbono sin poder escapar.

En 2021, el Tribunal Superior de Justicia informó que de las 25 personas detenidas, 10 contaban con sentencias suspendidas por la ratificación de dictámenes periciales o frenadas por amparos, mientras que 6 se encontraban en etapa de instrucción. El autor intelectual del ataque fue identificado como Carlos Alberto Oliva Castillo, alias "La Rana", señalado como alto líder de Los Zetas. Poco después de los arrestos, varios detenidos declararon que supuestamente no buscaban matar a nadie, sino asustar a los propietarios del casino.

El incendio en el debate sobre la estrategia de seguridad de Calderón

El ataque ocurrió en el quinto año de la administración de Felipe Calderón, cuya política de confrontación directa con los carteles —desplegada desde 2006 mediante fuerzas federales— había transformado el mapa de violencia en el país. Monterrey, ciudad que durante décadas fue considerada relativamente segura, registraba entonces extorsiones, secuestros y enfrentamientos armados con una frecuencia inédita.

Analistas señalaron en su momento que la estrategia de confrontación había fragmentado a los carteles y desatado disputas violentas por territorios y fuentes de ingresos, incluida la extorsión a negocios. El gobierno federal condenó los hechos y anunció operativos que derivaron en la detención de varios integrantes de Los Zetas en los meses siguientes, aunque para familiares de las víctimas y sectores de la sociedad civil la respuesta llegó tarde. El caso del Casino Royale permanece como referencia del costo humano de ese periodo y de las fallas institucionales —administrativas, de seguridad y de supervisión— que lo hicieron posible.

#TomaNota

• 25 de agosto de 2011: fecha del ataque al Casino Royale, Monterrey, alrededor de las 15:00 horas.
• 52 personas fallecidas: 10 hombres y 42 mujeres.
• 25 personas detenidas; sentencias de hasta 127 años de prisión contra algunos inculpados.
• Extorsiones exigidas al casino: 50,000 y 140,000 dólares, según reportó La Jornada en septiembre de 2011.