Tlatlaya, 12 años después: ejecuciones confirmadas y sin condenas firmes

El 30 de junio de 2014, ocho militares del 102° Batallón de Infantería mataron a 22 personas en una bodega en obra negra en el poblado Cuadrilla Nueva, municipio de Tlatlaya, Estado de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinó que al menos 12 de esas muertes constituyeron ejecuciones extrajudiciales: los militares ingresaron a la bodega tras cesar el enfrentamiento, sacaron uno por uno a los civiles rendidos y desarmados, y les dispararon.

El caso, presentado inicialmente por las autoridades como un enfrentamiento armado, quedó bajo sospecha desde las primeras horas. Tres mujeres sobrevivientes —una de ellas había ido a buscar a su hija, las otras dos dijeron haber sido secuestradas— fueron las principales testigos. Sus primeras declaraciones, según la fuente, fueron obtenidas mediante tortura para que aceptaran vínculos con los fallecidos. Dos de ellas fueron encarceladas.

Lo que reconstruyeron los peritos y los vecinos

Un vecino que vivía a 130 metros de la bodega describió dos secuencias de disparos claramente diferenciadas: una ráfaga inicial y, entre las 5:00 y las 6:00 de la mañana, disparos aislados. La CNDH ubicó en ese segundo intervalo "la privación arbitraria de la vida" de las personas que permanecían en el interior. El organismo elaboró un mapa de los 22 cadáveres para distinguir las circunstancias de cada muerte: 12 ejecutadas, tres en posición no determinable porque sus cuerpos fueron movidos —lo que también apunta a ejecución—, cuatro heridas durante el enfrentamiento y tres en fuego cruzado.

Una de las sobrevivientes declaró haber escuchado a un militar ordenar: "Los que estén vivos o heridos vuélvanles a disparar". Según los testimonios, los dos presuntos secuestrados que sobrevivieron al primer tramo fueron llamados con el pretexto de tomarles una fotografía y también recibieron disparos.

Procesos penales sin condenas firmes reportadas

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) consignó por homicidio calificado a tres de los ocho militares. El entonces procurador Jesús Murillo Karam reconoció en conferencia de prensa —cuya fecha exacta no se precisó en la fuente, aunque se ubica en octubre de 2014— que tras el tiroteo inicial tres elementos ingresaron a la bodega y realizaron "una secuencia nueva de disparos que no tienen justificación alguna". De manera paralela, un juzgado sexto militar dictó auto de formal prisión contra un teniente y siete soldados por delitos de desobediencia e infracción de deberes contemplados en el Código de Justicia Militar. La Sedena precisó que ese proceso era independiente de las investigaciones civiles.

"Los que estén vivos o heridos vuélvanles a disparar", ordenó un militar según el testimonio de una sobreviviente ante la CNDH.

La controversia se agravó cuando el entonces gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, ordenó clasificar como reservada la información del expediente por nueve años, decisión adoptada justo cuando comenzaban a surgir indicios de ejecuciones extrajudiciales.

Siete años de exigencias sin respuesta documentada

En el séptimo aniversario de los hechos, la CNDH advirtió que persistía "una grave falta de acciones" que obstaculizaban el acceso a la verdad, la justicia y la reparación integral. El organismo exhortó a la Sedena a transparentar los mecanismos de uso de fuerza letal, la cadena de mando, los relevos operativos y los lineamientos de la llamada "operación dragón". La entonces presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, instruyó que las víctimas pudieran consultar el expediente y las pruebas documentales del caso.

Al cumplirse doce años de la masacre, el 30 de junio de 2026, no se informó públicamente sobre condenas firmes contra ninguno de los militares involucrados. La Fiscalía General de la República, la Fiscalía del Estado de México y la Sedena no han precisado el estado procesal actual de las causas, según la información disponible.

#TomaNota

• 30 de junio de 2014: fecha de la masacre en Tlatlaya, Estado de México.
• 22 personas murieron; la CNDH determinó que al menos 12 fueron ejecutadas extrajudicialmente.
• 3 militares consignados por homicidio calificado ante la justicia civil; 8 procesados en el fuero militar por desobediencia.
• El expediente fue clasificado como reservado por 9 años por orden del entonces gobernador Eruviel Ávila.