Lo que inició como una denuncia penal por un presunto fraude procesal, ha escalado a un conflicto legal que involucra a funcionarios del Poder Judicial. El médico Carlos González Maza acudió este día al Congreso del Estado para solicitar la intervención de los legisladores ante lo que califica como una "persecución jurídica" y una red de extorsión institucionalizada.
El origen del conflicto: Un testamento bajo sospecha
El caso se remonta a marzo pasado, cuando el doctor González Maza presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por fraude y extorsión. Según el médico, un grupo de abogados, en complicidad con un actuario del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), habrían falsificado o utilizado documentos oficiales de manera ilícita —específicamente un testamento— para fabricar un adeudo millonario inexistente en su contra.
"Se usaron documentos oficiales para hacer creer a la autoridad que yo sostenía una deuda de millones de pesos, una cantidad que jamás he debido", puntualizó el afectado.
La contraofensiva: Actuario reclama 2 millones de pesos
En un giro inesperado, el médico informó que ahora es él quien enfrenta la justicia civil. El actuario señalado en su denuncia inicial, Pascual Torres López, presentó una demanda por daño moral en su contra ante el Juez de lo Civil del Primer Distrito.
En dicha demanda, el funcionario judicial exige:
- Reparación económica: El pago de 2 millones de pesos por concepto de indemnización.
- Disculpa pública: Que el médico se retracte de sus señalamientos.
- Censura mediática: Una orden judicial para que los medios de comunicación retiren de sus plataformas digitales toda información relacionada con el caso, alegando afectaciones psicológicas y a su prestigio profesional.
El caso pasó de una denuncia por fraude a una demanda civil por 2 millones de pesos contra el denunciante.
Un patrón de conducta que afecta a la sociedad
González Maza lamentó que, en lugar de esclarecer las irregularidades, los señalados utilicen la ley para intimidar. "Estas personas están acostumbradas a usar la ley en su beneficio. En vez de reparar el daño que causaron, actúan con más agresividad", declaró tras entregar una copia del expediente en la sede del Poder Legislativo.
Asimismo, hizo un llamado urgente a los diputados locales, argumentando que su caso no es aislado:
- Víctimas múltiples: El médico asegura que, tras hacer pública su situación, otros ciudadanos se han acercado a él denunciando haber perdido sus hogares mediante el mismo modus operandi (falsificación de documentos para embargos).
- Petición al Congreso: Solicitó que los legisladores investiguen el fondo del sistema judicial para frenar estos abusos que vulneran el patrimonio de los tabasqueños.
Estado actual de las investigaciones
A pesar de que el doctor ya compareció ante la FGE y presentó a sus testigos de cargo, denunció que hasta el momento se desconoce el avance de la investigación contra los abogados y el actuario.
Finalmente, el médico fue atendido por el Lic. Juan Carlos Castillo, colaborador del diputado Jorge Bracamonte Hernández, quien recibió la documentación y se comprometió a dar seguimiento institucional a la denuncia para garantizar que el proceso se lleve a cabo con transparencia y apego a la justicia.
TomaNota:
- La demanda civil exige 2 millones de pesos, disculpa pública y retiro de contenidos.
- No se ha informado avance oficial de la investigación en la FGE.
- El caso sigue en dos vías: penal (denuncia original) y civil (daño moral).
- Si estás en una situación similar, documenta pruebas y da seguimiento formal ante autoridades.
